Caso Infraestructuras
Guía para no perderse en el ‘caso Infraestructuras’
El denominado 'caso Infraestructuras' lleva retumbando en el Ayuntamiento de Córdoba y en los juzgados un año y nueve meses. El último episodio se acaba de conocer en noviembre de 2022, con el hallazgo de más irregularidades en nuevas facturas de este área municipal. Desde el inicio, en Cordópolis hemos recogido toda la información al respecto y esta es una guía cronológica para no perderse en este asunto que saltó a la esfera pública cuando en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.
Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.
Para esas fechas, en junio de 2021, el alcalde, José María Bellido, descartaba el cese del concejal responsable de Infraestructuras, David Dorado, al apreciar que en la información reservada municipal sobre los contratos no aparecía nada relacionado con su gestión.
Fiscalía halla indicio de delitos e imputa a dos cargos
No fue hasta noviembre cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso.
Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.
En paralelo, en noviembre de 2021, el gobierno municipal abre un segundo procedimiento de información reservada sobre contratos de Infraestructuras, ampliando la horquilla de fechas de estos, para investigar los de años anteriores. Al frente de esta orden, como alcalde accidental, estuvo el propio David Dorado, que quiso poner sobre la mesa contratos del área de mandatos anteriores, desde 2012.
Retirada de competencias a Dorado
El resultado de la investigación de la Fiscalía y su traslado al juzgado llevó consigo la primera decisión política en el gobierno municipal: cesar a la coordinadora del área de Infraestructuras. Y a continuación, el 29 de noviembre, la segunda decisión: retirar a David Dorado todas sus competencias en el gobierno municipal: la responsabilidad en Infraestructuras, la presidencia de Sadeco y ser teniente de alcalde.
Con el año 2022 recién estrenado, el 26 de enero, se conoció que el juez a cargo del 'caso Infraestructuras' imputó a un funcionario de Infraestructuras y a la excoordinadora del área por supuestos delitos en los contratos investigados. Ambos tuvieron que declarar ante el juez. Y en su declaración, ya en abril, la excoordinadora señalaba a Dorado y a los técnicos en la toma de decisiones.
El juez cita al propio David Dorado a declarar como testigo en el 'caso Infraestructuras' y es en mayo de 2022 cuando este habla en el juzgado y advierte sobre el contenido de los contratos que conoce de mandatos anteriores: “Habrá que ver ahora quién se puede relajar y quién no”, dice ante la prensa después de declarar. Al juez le diría también que el 'caso Infraestructuras' era “un circo orquestado” contra él para acabar con su carrera política.
Fiscalía ve delitos en más contratos
En esas mismas fechas, en mayo, el Ayuntamiento entrega al juez más documentación sobre contratos de alumbrado, desde 2016 a 2022. David Dorado había pedido a la Fiscalía que investigara más contratos, anteriores, que llegan hasta 2012.
Al principio de este verano, el 14 de julio, David Dorado da a conocer en un Pleno municipal que la Fiscalía ha hallado indicios en más contratos de alumbradoque corresponden a mandatos anteriores y al actual. La Fiscalía describe el fraude investigado en luminarias y telemandos, donde se aprecian dichos delitos, escrito al que accede este periódico.
Y, entretanto, cruce de declaraciones entre altos cargos del Ayuntamiento. En agosto se conoció la denuncia de obstrucción que realiza el secretario del Pleno acerca de la información reservada que debía realizar sobre los contratos. Y en un cruce de acusaciones, la Intervención municipal carga contra el secretario en este asunto. Por su parte, el alcalde señala que la denuncia del secretario es “antigua”, sin entrar al fondo de la cuestión. Dorado, por su lado, asegura que el secretario no pudo finalizar la investigación sobre los contratos, mientras que el secretario ha aclarado que quien obstruyó su investigación no fue el alcalde.
Dorado contra Bellido
A primeros del actual mes, cuando David Dorado carga contra el alcalde, José María Bellido, en redes sociales por apartarle de sus competencias y le solicita unas disculpas públicas, además de reiterar la petición de restaurarle en sus funciones.
Mientras, se conoce que la Fiscalía ha detectado a empresas cooperadoras necesarias en los presuntos delitos que investiga, que una empresa investigada ya hizo en 2013 un trabajo para el Ayuntamiento que suscitó reparos y que existe un expediente de alumbrado de 2012 solicitado al Ayuntamiento, que no se ha encontrado aún.
Las investigaciones de las dos denuncias sobre contratos -la inicial de IU y Podemos, y la segunda del propio Dorado-, siguen su curso, con citas para declarar ante el juez en septiembre y a la espera de conocerse si se abre juicio y el papel de cada una de las personas que se han visto involucradas en el asunto.
Luego, Dorado daba un paso más, en el penúltimo episodio a finales de agosto del 'caso Infraestructuras' y sus consecuencias: dejaba de representar al grupo de Ciudadanos con el que el PP forma gobierno y pasa a ser concejal no adscrito, dejando aún más en minoría al alcalde y su equipo.
Las reacciones de todos los grupos de la oposición -PSOE, IU, Podemos y Vox- no se hicieron esperar. Y en menos de 24 horas, Dorado ha dado marcha atrás y revocaba su propia decisión de dejar el grupo de Ciudadanos, según dice en un escrito oficial, porque sus compañeros del grupo naranjo se lo han pedido “insistentemente”.
Dorado, concejal no adscrito
Pero al inicio de septiembre, con el nuevo curso en Capitulares, llegaban más novedades. La portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Isabel Albás, requería el acta de concejal a Dorado y pasase definitivamente al grupo de no adscritos. Y el alcalde, José María Bellido, aseguraba que, pese a la crisis abierta en Infraestructuras y con la salida del exedil de Cs, el gobierno municipal era sólido y auguraba que acabaría el mandato en mayo de 2023.
Sin embargo, la marcha de David Dorado de los grupos del gobierno local, abría una brecha de fragilidad ya que PP y Cs tenían por delante nueve meses con los mismos concejales que la oposición de izquierdas.
Complot de un funcionario y varias empresas
Mientras, el 'caso Infraestructuras' seguía su curso en los tribunales y a primeros de septiembre, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba tomaba conocimiento de las últimas diligencias abiertas por la Fiscalía, que apreciaba indicios de delito en contratos del alumbrado público de la capital cordobesa. La investigación alude a un presunto “complot” entre un funcionario y varias empresas para lograr las adjudicaciones en el alumbrado público de la ciudad.
Poco después, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobaba suspender en sus funciones al funcionario investigado en el segundo caso Infraestructuras, que afecta a Alumbrado Público.
Presupuestos duplicados y obras sin ejecutar
Por su parte, la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba detectaba presupuestos duplicados, pagos hechos sobre obras sin ejecutar, fraccionamiento e incumplimientos de la normativa en los contratos investigados en los tribunales por el denominado 'caso Infraestructuras' relativos al año 2020. En su informe, la Intervención también veía “posible fraccionamiento” de contratos del área de Infraestructuras durante 2019. El órgano de control afirmaba que “parece ser una práctica habitual” en Infraestructuras “la celebración simultánea de contratos menores” con las mismas “características y mecánica” que los de 2020 que investiga un juez.
A mediados de septiembre, el gobierno municipal anunciaba como nueva medida de fiscalización que un funcionario independiente supervisaría los pliegos técnicos del Ayuntamiento para evitar posibles fraudes en contratos como los investigados en los tribunales del área de Infraestructuras.
Mientras, la investigación en los tribunales ha seguido y el juez del primer caso Infraestructuras pedía una ampliación del plazo de seis meses más. El juez mantiene como investigados al funcionario jefe de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios y a la excoordinadora que nombró Ciudadanos en este área del Ayuntamiento de Córdoba. El caso investiga los contratos de Infraestructuras en obras que supuestamente no se ejecutaron, proyectos que se pagaron doble o contratos presuntamente fraccionados.
La Policía requiere información de contratos al Ayuntamiento
Y ahora, en noviembre, dos nuevas informaciones han añadido sendos episodios al caso Infraestructuras. De un lado, Cordópolis avanzó que la Policía Nacional había acudido al Ayuntamiento para requerir información relacionada con este caso. Los agentes buscaban documentación relacionada con contratos en el área de Infraestructuras, según ordenó en una providencia el juez que lleva el caso que investiga los contratos de 2020 de este área.
El último episodio se ha conocido este 7 de noviembre y añade un tercer caso Infraestructuras: el gobierno municipal ha trasladado a la Asesoría Jurídica y a la Policía sus sospechas de presuntas irregularidades en nuevas facturas del área de Infraestructuras, correspondientes a septiembre de este mismo año.
Se trata de facturas pendientes de pago sobre las que había dudas de que dichos servicios y prestaciones se hubieran llevado a cabo realmente. Asimismo, se ha detectado un aumento de facturas de menos de 500 euros, umbral económico a partir del cual se habían reforzado los controles para evitar presuntos fraudes como los que se investigan ya en los tribunales en contratos del área de Infraestructuras. Todas las nuevas facturas que ahora se investigarán pertenecen al servicio de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, el mismo del primer caso Infraestructuras en el que se mantiene imputado al que era jefe de esta unidad.
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