Dorado declaró ante el juez que el caso Infraestructuras es “un circo orquestado para acabar” con su carrera política

El pasado 11 de mayo, el actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba y exteniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, estuvo unas tres horas declarando ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz. Dorado acudió como testigo en el llamado caso Infraestructuras, que mantiene imputado a un técnico de esta delegación municipal y a la excoordinadora del área, nombrada por el propio concejal. Dorado respondió a todas las preguntas del juez, a las de la acusación (ejercida por el propio Ayuntamiento) y a su defensa, pero al final quiso hacer una especie de alegato.

Según consta en su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, Dorado considera que el caso Infraestructuras no es más que “un circo orquestado para acabar con mi carrera política”. Así, agregó que había estado trabajando como ingeniero tanto en el sector privado como empresario y como profesor habilitado de FP, y que se presentó a las elecciones “con ganas de hacer cosas”. Pero “dadas las circunstancias” dijo que se ha visto “obligado a abandonar la política de forma injusta” y “precisamente” como consecuencia “de esta campaña” hacia su persona. Dorado sigue siendo político en la actualidad. Es concejal y cobra como portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, donde tiene dedicación exclusiva. No forma ya parte de la Junta de Gobierno Local y fue cesado del resto de sus competencias cuando estalló el llamado caso Infraestructuras. “He tenido que soportar 150 noticias poniendo en cuestión y mi trabajo y el de mi equipo”, concluyó en su declaración, sin ser preguntado por nadie.

El juez investiga supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en contratos del área municipal de Infraestructuras del año 2020. En concreto, son más de 40 expedientes de obras, que fueron denunciados por Izquierda Unida. Además, el juez también investiga un posible delito de malversación de caudales públicos a cuenta de dichos contratos.

En su declaración, Dorado defendió en todo momento su gestión y también la del técnico que está imputado en el caso, además de al resto de su equipo. Al contrario, acusó a otro técnico municipal, al que ha denunciado en la Fiscalía, de la comisión de las presuntas irregularidades que se imputan bajo su gestión. Dorado acudió a la Fiscalía a denunciar estos hechos, que abarcan al mandato anterior.

La declaración del concejal es muy extensa y también muy técnica. El edil asegura en todo momento que él no decidió fraccionar contrato alguno y que en todo momento siguió las indicaciones de los técnicos, especialmente del que está imputado en este procedimiento. Eso sí, a preguntas del juez, Dorado asegura que el objetivo era acelerar la contratación durante el plan de choque del Ayuntamiento del 2020 y que al estallar la pandemia en muchos casos consideró complejo el proceso de contratación.

Declaraciones aplazadas a septiembre

Por otra parte, y a petición del abogado del Ayuntamiento, el juez ha decidido aplazar de finales de junio hasta el mes de septiembre, las declaraciones previstas a dos nuevos testigos: un alto funcionario municipal, adjunto a la Junta de Gobierno Local que advirtió del presunto fraccionamiento de estos contratos, y el trabajador de Infraestructuras que ha sido denunciado por el propio Dorado. Ambos están citados para el 23 de septiembre del 2022.

'Caso Infraestructuras'

El juez José Luis Rodríguez Lainz -magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba- asumió el 'caso Infraestructuras' y a finales de enero firmó un auto de apertura de diligencias en el que cita como investigados tanto a la excoordinadora de Infraestructuras como a un funcionario del área. El juez atendía así el escrito presentado por la Fiscalía Provincial de Córdoba de noviembre de 2021, que halló indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la coordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso.

En el plano político, la coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba.