IU y Podemos piden a la Fiscalía que investigue tres presuntos delitos en contratos de Infraestructuras

Los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado este miércoles ante la Fiscalía los contratos menores hechos por el área de Infraestructuras en el cuarto trimestre del año 2020, sobre los que piden que se investigue ante lo que consideran indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de los mismos. El objeto de la denuncia son 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La denuncia parte del análisis de los expedientes de dichos contratos menores, donde IU ya denunció posible fraccionamiento de contratos al hacer la obra de alumbrado de la avenida de Libia en varios contratos denominados por las calles transversales a esta vía en lugar de un único contrato mayor por concurrencia competitiva. Además, levantó acta notarial sobre uno de los tramos de esta obra, que había sido certificada como finalizada por Infraestructuras cuando aún no había sido concluida; y añadió que una empresa adjudicataria se había creado en junio de 2020 y había sido invitada al 80% de los contratos menores del área en el cuarto trimestre del año, con un volumen de 500.000 euros de presupuesto en total. Para los contratos menores, es la administración quien invita directamente al menos a tres empresas para que presenten su oferta y selecciona la adjudicataria entre ellas.

Por todo ello, ante la Ciudad de la Justicia, la concejala de IU Amparo Pernichi, ha explicado que, desde que su formación denunciara públicamente estos hechos entre febrero y abril de este año, “el gobierno municipal no ha dado respuesta a esto” y “no sabemos qué medidas se están tomando” al respecto, por lo que han decidido llevar a los tribunales el caso para que se abra una investigación si así se condidera oportuno dados los indicios. “El fiscal tiene indicios para poder tirar del hilo”, ha dicho, aunque ha admitido que “nos falta documentación que no nos han dado”.

Pernichi ha apuntado a una “responsabilidad política” por ello desde el gobierno municipal que “han ocultado el tema completamente”. “Llegar a la Fiscalía es el último paso”. En ese sentido, ha explicado que todos los contratos menores objeto de la denuncia están firmados por la coordinadora general de Infraestructuras, que también hacía la invitación a las empresas para optar a cada contrato, mientras que el delegado municipal del área, David Dorado (Cs), era quien firmaba todas las facturas de pago.

A esta denuncia que inició IU se ha sumado el grupo municipal de Podemos, cuya portavoz, Cristina Pedrajas, ha argumentado su decisión “por responsabiliad política (...) ante indicios de tres posibles delitos”, para que la Fiscalía “si lo ve oportuno, abra una investigación formal sobre este asunto”.

“No ha habido más que obstáculos por parte del gobierno municipal”, ha denunciado sobre la reclamación de explicaciones al respecto, y ha señalado al delegado de Infraestructuras, David Dorado, y al alcalde, José María Bellido, por “incurrir en muchas contradcciones” en su primera respuesta ante los hechos denunciados.

Respuesta del responsable de Infraestructuras: auditoría sobre los contratos

Por su parte, en un comparecencia ante los medios este mismo miércoles a la misma hora en que IU y Podemos denunciaban en Fiscalía estos hechos, David Dorado, ha recordado que el gobierno municipal ha abierto un procedimiento de información reservada al respecto. “Hemos iniciado una auditoría de toda la gestión de los contratos menores que se han hecho en esa delegación en los últimos cinco años. Si hay algún vicio o error que se puede apreciar en el trabajo de los funcionarios, para corregirlo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y no sabemos si ha habido error o no. En todo caso, es una cuestión puramente administrativa. Es un trabajando de los funcionarios y están en manos de ellos”.

Sobre la auditoría, ha dicho, “desconocemos el tiempo que puede tardar. Ya está hablado con una empresa de solvencia acreditada a nivel nacional y estamos a la espera de que haya resultados. Además, el jefe del servicio de asesoría jurídica del Ayuntamiento está pidiendo los informes pertinentes a los funcionarios, los criterios por los cuales se han hecho las distintas contrataciones para ver si hay algún tipo de error que no esté de acuerdo a la ley, pero hasta ahora no consta. No deja de ser un tema puramente administrativo”, ha argumentado.

Dorado se ha referido a la denuncia de una de las empresas señaladas contra las acusaciones hechas por IU: “La empresa ha presentado todas las pruebas de que está todo bien, está muy molesta porque han sufrido un perjuicio”. “Son unas acusaciones e insinuaciones que pretenden hacer daño y no es lo más adecuado por parte de un partido de la oposición. Es mejor que desde la oposición se hagan propuestas en positivo porque siempre hemos tenido la mano tendida. Ellos han optado por otro camino para tratar de desacreditar a este concejal y a este gobierno”.