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David Dorado, tras declarar ante el juez: “Habrá que ver ahora quién se puede relajar y quién no”

David Dorado a su salida de la declaración ante el juez.

Carmen Reina

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El exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y actual portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio, David Dorado, ha declarado este miércoles 11 de mayo ante el juez como testigo en el denominado 'caso Infraestructuras', en el que ya se ha imputado a dos cargos por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en contratos del área municipal de Infraestructuras del año 2020. Además, el juez también investiga un posible delito de malversación de caudales públicos a cuenta de dichos contratos.

Dorado ha llegado al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba minutos antes de las 10:00, hora a la que estaba citado, y no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación previamente, si bien sí lo ha hecho a la salida, después de estar tres horas y 20 minutos declarando ante el juez. “Me he sentido tranquilo y seguro, con ganas de hablar”, ha dicho para señalar que confía en que se esclarezca todo: “No hay delito. Sí estoy convencido, el juez lo sabe ya” y ha dicho confiar en que no se llegue a juicio. Dorado ha explicado que el juez le ha preguntado por algunos contratos de los investigados y ha asegurado que “todo es legal, todos los procedimientos están completos, todo se ha hecho conforme a los procedimientos legales y no hay nada”.

Dorado ha reconocido que en todo este tiempo “no me he sentido apoyado por absolutamente nadie, ni por mi propio partido”. “Ahora quiero descansar yo y ya habrá que ver quién se puede relajar y quién no. Porque puede ser que a partir de ahora, trabajadores que no son de Infraestructuras sea a los que les puede doler la cabeza y mucho”.

A su juicio, la denuncia de los contratos investigados que hicieron IU y Podemos y que ha dado lugar a este caso en los juzgados se hizo “para montar el circo, de hecho no se han personado” en la causa. “Lo han hecho para consumir los recursos públicos de la justicia, montar su circo mediático y calumniarme. Eso ya tendrá su respuesta más adelante”.

Cuestionado sobre la posibilidad de recuperar su responsabilidad al frente del área de Infraestructuras y el resto de las competencias de gobierno de las que fue apartado, Dorado ha apuntado al alcalde, José María Bellido (PP): “Habrá que ver la catadura moral del alcalde ahora. Lo que tendrá que hacer no es solo restituir mi puesto en el gobierno sino los de mi equipo también”. En ese sentido, ha afirmado que “no digo que haya sido justo o injusto, él ha hecho lo que ha considerado, yo lo he respetado, mi grupo político lo ha respetado, a regañadientes....Pero ahora ya no estamos en esa situación. A partir de ahí, veremos lo que pasa”.

Dorado, que ha confesado sentirse “liberado” tras declarar ante el juez, ha criticado “la campaña mediática que ha habido con cerca de 200 titulares de prensa, hablando de lo mismo, con muchas mentiras...”. Cuestionado sobre esas mentiras, solo ha señalado que “las diré más adelante”.

David Dorado se ha referido ante los medios también a las denuncias que él mismo ha interpuesto ante la justicia a raíz de este caso. Por un lado, a la funcionaria que según él abrió la carta en la que se le citaba a esta declaración en el juzgado: “Por abrirme correspondencia que iba a mi nombre. Se ha vulnerado mi derecho de privacidad en las comunicaciones. Otras cartas que llegan me las depositan en mi mesa cerradas”.

Por otro lado, ha recordado la denuncia que él interpuso ante la Fiscalía con una auditoría encargada sobre los contratos de Infraestructuras desde el año 2012. “También afectaban al mandato de Nieto (PP)”, ha dicho. En ese sentido, ha advertido de “movimientos extraños en el Ayuntamiento” sobre esta denuncia. “La Fiscalía ha requerido al instructor documentación y el instructor la ha requerido a órganos del Ayuntamiento y algunos le han negado esa documentación”. En referencia a contratos de 2012, Dorado ha dicho que se han requerido al Consistorio “datos de responsables directivos y políticos en Infraestructuras y Contratación desde el año 2012 hasta hoy. Y ahí están el señor Bellido y Ramón Díaz Castellanos”.

El portavoz de Cs ha asegurado que no renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento porque confía en la legalidad y ha reiterado que “me tienen que restituir en todos mis cargos”. Asegura que a las puertas de las elecciones autonómicas, “no tengo ningún interés en montar un circo, solo tengo el interés en que se restituya todo. Y cada palo que aguante su vela”, ha dicho en referencia a las denuncias que interpuso en los juzgados y que investiga la Fiscalía actualmente.

Preguntado sobre si cree que todo el caso Infraestructuras ha sido una maniobra contra él, Dorado ha señalado que “IU presentó la denuncia para montar el circo y luego se ha desentendido y sí acusan (...) Yo voy a llegar al final, no me voy a quedar quieto. He estado un tiempo en un rincón, tenía que organizar mi cabeza, mi vida.... No tengo interés en volver a presentarme a unas elecciones, no me gusta esta experiencia, no necesito de la política para vivir.... Pero que el tiempo que me quede aquí voy a dar la batalla hasta el ultimo día por lo legal y por lo político”.

'Caso Infraestructuras'

Este miércoles también estaban llamados a declarar en calidad de testigos el jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento y el encargado-capataz de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos en funciones durante el ejercicio 2020.

El juez José Luis Rodríguez Lainz -magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba- asumió el 'caso Infraestructuras' y a finales de enero firmó un auto de apertura de diligencias en el que cita como investigados tanto a la excoordinadora de Infraestructuras como a un funcionario del área. El juez atendía así el escrito presentado por la Fiscalía Provincial de Córdoba de noviembre de 2021, que halló indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la coordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso.

En el plano político, la coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba.

La excoordinadora imputada señala la responsabilidad de Dorado

Ahora, en la instrucción del caso, la excoordinadora general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba imputada en el caso de los contratos de este área que investiga el juez, ha señalado a David Dorado como responsable de la designación del funcionario de este área también imputado y de la firma para pagar las facturas de los contratos investigados.

En su declaración ante el juez -a la que tuvo acceso este periódico-, la excoordinadora general de Infraestructuras expone que “la decisión de nombramiento” del funcionario imputado en el 'caso Infraestructuras' “para que realizara funciones de contratación en el área de alumbrado público fue tomada por el concejal David Dorado”. A este funcionario se le investiga por posibles delitos de prevaricación y falsedad documental sobre contratos de alumbrado como los que se realizaron en la avenida de Libia.

La excoordinadora también señala a Dorado como quien “toma la decisión de incluir” el proyecto de la avenida de Libia entre los proyectos que se ejecutarían por parte del funcionario imputado, dentro del Plan de Choque 2020 del Ayuntamiento.

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