Troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones de Infraestructuras investigadas

En el pasado mes de mayo, los grupos municipales de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba llevaron a Fiscalía una serie de contratos del área municipal de Infraestructuras, sobre los que apuntaban sus sospechas de la comisión de posibles delitos como fraccionamiento de contratos y falsedad documental. Una información reservada de la Asesoría Jurídica municipal sobre estos hechos fue aportada un mes más tarde por el propio gobierno municipal de PP y Cs, donde igualmente se señalaban irregularidades en las adjudicaciones hechas. Ahora, la Fiscalía, tras varios meses, ha acordado llevar al juzgado el asunto al ver troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares, entre otras cuestiones, en las adjudicaciones de dichos contratos.

El Ministerio Público ve posibles delitos de prevaricación y falsedad documental en las adjudicaciones denunciadas y apunta, en un principio, a dos personas implicadas: un técnico del área de Infraestructuras y la coordinadora general de Infraestructuras, aunque no descarta que pueda ponerse sobre la mesa la actividad de más personas cuando los hechos se investiguen por el juzgado de Instrucción correspondiente.

Los contratos donde la Fiscalía ha detectado estas irregularidades superan la veintena, tienen como responsable al técnico de Infraestructuras en cuestión y comprenden trabajos como la realización de estudios energéticos, reparación de cubiertas en colegios y centros cívicos, suministro y colocación de cortinas en La Normal, suministro de vestuario y calzado para personal del Plan Aire, adecuación de instalaciones eléctricas en edificios municipales, adecuación de pistas y bordillos en el Centro de Educación Vial, rehabilitación de la cubierta y otras actuaciones en los mercados de La Corredera, Marrubial, El Naranjo, Sector Sur, impermeabilización de cubiertas en el edificio municipal de Gran Capitán, o el nuevo alumbrado de la avenida de Libia, entre otros.

Las diligencias de la Fiscalía -a las que ha tenido acceso Cordópolis- indican que “existen en la causa indicios suficientes para considerar que nos encontramos ante hechos que, en una primera aproximación podría revestir los caracteres de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público, sin perjuicio de que en el avance de las investigaciones permita determinar si nos encontramos ante otros delitos”.

“Omisión reiterada del procedimiento legal”

Sobre la actividad de las dos personas involucradas inicialmente en estos hechos, el Ministerio Público apunta que el técnico de Infraestructuras “ha omitido reiteradamente el procedimiento legalmente establecido para la tramitación de los contratos” y advierte que “se procede al fraccionamiento de determinados contratos, con la finalidad de evitar el procedimiento correspondiente para la adjudicación (...) vulnerando con ello la Ley de Contratos del Estado”.

Ese troceo de contratos mayores para hacerlo en menores -que cuentan con menor grado de fiscalización y control-, es claro para el fiscal: “Se han utilizado varios expedientes para llevar a cabo lo que debiera ser un único objeto de un contrato que, por su entidad, estaría sometido al procedimiento de contratación ordinario pero que, al dividirse artificalmente en varias prestaciones, se adjudicarían directamente, violando uno de los principios de la contratación pública: la posibilidad de libre concurrencia”.

Presupuestos distintos de empresas con el mismo administrador

Además, ese modus operandi deviene en más irregularidades: “Una vez reconducida fraudulentamente la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos y garantías, también se vulneraron las limitadas exigencias de éste, seleccionando las empresas invitadas, presentación de tres presupuestos distintos en algunos casos por empresas con el mismo administrador, empresas vinculadas o incluso con reiteración de las empresas seleccionadas, arbitrariamente elegidos consiguiendo la adjudicación aparentando la concurrencia de contradicción”.

Junto a ello, la Fiscalía observa que en una de las adjudicaciones, “el objeto del contrato supuestamente ya se había realizado, por lo que resulta superfluo o innecesario, generando el abono del importe de dicho contrato sin necesidad de la prestación, pudiendo suponer un detrimento de los fondos públicos”.

Alteración de documentos

Además, el Ministerio Público entiende que “existen indicios para considerar que existe delito de falsedad, toda vez que documentos expedidos y firmados (por el técnico en cuestión) no se ajustan a la realidad en su contenido, recayendo la alteración sobre extremos esenciales del documento”.

De hecho, se apunta que, en este caso, “no se trata de que se hiciese más o menos dejación de sus funciones sino que, se confeccionaron documentos con fechas que no se correspondían a la realidad ni al contenido de los mismos”.

Sobre la actividad de la coordinadora general de Infraestructuras, se recuerda que tiene encomendada la gestión y control de dicha contratación y “pese a la existencia de informes del Órgano de apoyo relativos al fraccionamiento indebido de los contratos, dicta resoluciones decretos de adjudicación omitiendo el procedimiento legalmente establecido para su tramitación”.

El fiscal deja claro en su escrito que “existen elementos para considerar que no nos encontramos ante una mera irregularidad administrativa o discordancia interpretativa de las normas”, por lo que ha resuelto que, con los indicios que ha constatado, se envíe al Juzgado de Instrucción que corresponda iniciar la investigación sobre estos hechos.