El juicio por el apuñalamiento mortal a un menor en El Arenal, fechado para el 1 de septiembre

La vuelta de las vacaciones en los juzgados de Córdoba estará marcado por el suceso que más ha marcado a la sociedad cordobesa durante este año: el apuñalamiento mortal del menor Alejandro Ortega en El Arenal. Según ha podido saber este medio, el 1 de septiembre comenzará en el Juzgado de Menores el juicio contra el único procesado. Se prevé que quede visto para sentencia en una sola sesión.

La Fiscalía pide para el acusado ocho años de internamiento terapéutico en régimen cerrado. Además, solicita cinco años de libertad vigilada. Aunque el menor sufre un trastorno de la conducta, la Fiscalía mantuvo en su escrito de calificación que ello no influye en su capacidad de conocimiento sobre su forma de comportarse ni en su capacidad de actuar conforme a dicha comprensión. Por su parte, la acusación particular solicita el mismo tiempo de internamiento, pero en una cárcel de adultos.

Continuando con el escrito de Fiscalía, según el Ministerio Público, el objetivo de este internamiento es proporcionarle al menor “un contexto estructurado y controlado para intervenir” sobre él “de forma integral” para “estabilizar su comportamiento e interiorizando normas adecuadas de conducta, así como atender y reorientar de forma específica y especializada los déficits y necesidades personales que presenta”. Además, ha pedido libertad vigilada con atención educativa durante cinco años.

Según el relato de la Fiscalía, ha quedado indiciariamente acreditado que la noche del 1 de febrero, el menor se encontraba dando vueltas por El Arenal portando consigo una navaja de grandes dimensiones que guardaba entre sus ropas. En un momento dado, charló con el segundo menor que en un principio se le relacionó con el crimen y con un grupo de jóvenes.

Sobre las 22:00, este segundo menor se acercó a otros jóvenes entre los que se encontraba la víctima. Ambos se conocían por haber jugado previamente al fútbol. Esa noche, Alejandro había quedado con varios amigos suyos para pasar un rato en El Arenal acompañado del uso de bebidas alcohólicos. Cuando el segundo menor se acercó al grupo de Alejandro, el presunto autor del crimen fue detrás de él, en silencio. Nada más llegar, la víctima y el segundo menor se saludaron amistosamente y, tras esto, Alejandro le sirvió un cubalibre.

Al ver esto, el menor procesado le pidió a la víctima que le echara uno a él, pero la víctima se negó porque no le conocía de nada. No obstante, el joven insistió, respondiéndole que la botella era suya, tras lo cual siguió hablando con sus amigos y dejó la bebida en un banco. En ese momento, según la Fiscalía, Alejandro no atendió el intento de mediación que hizo el otro menor.

Entonces, aprovechando un descuido de la víctima, el menor acusado del apuñalamiento le quitó la botella y se fue con ella. Alejandro fue tras él y le pidió, “de forma correcta y sin mostrar enfado” que se la devolviera, pero el menor hizo caso omiso. Hasta en dos ocasiones, y de “manera tranquila para evitar el conflicto”, la víctima le pidió que le devolviera la botella.

Sin embargo, en último instante, el menor procesado se giró, de frente a la víctima, le dijo que qué le pasa “al tonto este”. Seguidamente, sacó una navaja de 14 centímetros de largo y tres de ancho, y, “movido del ánimo de ocasionarle la muerte”, le asestó una puñalada en la región derecha del abdomen, afectando al hígado, al pedículo hepático y a la vena cava. Tras esto, echó a correr, huyendo por el puente de El Arenal al tiempo que guardaba la navaja, que no ha sido localizada. Alejandro murió por un shock hemorrágico sobre las 00:15.

En el momento de los hechos, el presunto autor del crimen se encontraba bajo la tutela de la Junta de Andalucía por desamparo. El 24 de diciembre de 2024 había finalizado el cumplimiento de una medida de internamiento terapéutico en Salud Mental en régimen semiabierto y le fue asignada una plaza en un centro de protección de menores que abandonó voluntariamente el mismo día que ingreso. Por ello, la Policía Nacional emitió una orden de búsqueda el 2 de enero que no surtió efecto.