La Guardia Civil investiga a una persona y a una entidad jurídica por la instalación de pozos clandestinos en Córdoba

La Guardia Civil ha investigado a una persona física y a una entidad jurídica en la provincia de Córdoba tras destapar una trama dedicada a la extracción ilícita de recursos hídricos para el regadío. La investigación, denominada 'Captaqua', se ha centrado en localizar infraestructuras ilegales, como pozos clandestinos, y sistemas de manipulación de caudal que permitían eludir el control de las autoridades competentes.

La actuación conjunta del Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir permitió identificar dos modalidades delictivas en el territorio cordobés. Por un lado, se detectaron varios pozos clandestinos que operaban sin ningún tipo de autorización oficial. Por otro lado, los investigadores hallaron captaciones de agua que, aunque contaban con apariencia de legalidad, habían sido manipuladas mediante un sistema de bypass. Este dispositivo fraudulento se instalaba antes del contador volumétrico, lo que permitía derivar el agua directamente hacia las zonas de riego sin que el caudal extraído quedara registrado, engañando así a los organismos de gestión del agua.

Contexto legal y la operación 'Zahorí'

Tanto la persona como la entidad jurídica implicada se enfrentan ahora a posibles infracciones penales y administrativas. En el marco global de estas actuaciones, los delitos más frecuentes son la distracción de aguas de uso público y los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Además de la responsabilidad penal, los informes periciales del Seprona son claves para determinar la cuantía económica del daño causado al Dominio Público Hidráulico. A nivel nacional, la operación en la que se inscribe este caso ha valorado los daños ambientales y económicos en más de 270 millones de euros.

Este caso en Córdoba forma parte de un despliegue nacional mucho mayor, la Operación 'Zahorí', desarrollada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Durante este periodo, la Guardia Civil ha localizado un total de 941 infraestructuras ilegales en toda España y ha procedido a la investigación de 31 personas.