Abogados ante la IA: entre la eficiencia, el abuso y los riesgos de arruinar una causa judicial

El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) impuso una multa de 420 euros a un abogado por citar hasta 48 sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que supuestamente avalaban su postura en el pleito y que, en realidad, no existían. El TSJC lo condenó como autor de una actuación contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe con abuso del servicio público de la Justicia. Este ha sido uno de los casos que el letrado Ignacio Alba Muñoz ha expuesto ante abogados de la capital y la provincia cordobesa que han acudido a una jornada de formación en Derecho e inteligencia artificial (IA) promovida por el Colegio de la Abogacía de Córdoba.

Alba, abogado en ejercicio desde 1991 y experto en fiscalidad y protección de datos, lanza una advertencia clara: la IA no es un juguete, sino una herramienta que requiere, de forma urgente, un “carnet de conducir”. Así lo puso también de manifiesto el TSJC, quien, aún no desconociendo ni desdeñando el potencial de esta herramienta, apeló a los abogados al “principio de supervisión humana” para no caer en una mala praxis que puede desembocar en una condena penal.

Según Alba, el abogado debe aplicar siempre la “regla del bocadillo”: el ser humano es el pan (quien inicia el proceso y verifica el cierre), mientras que la IA es el jamón (el contenido intermedio). “Si tú le preguntas, ella te contesta, pero tú tienes que verificar el resultado porque, si no, el responsable eres tú”, sentencia. Esta verificación es el único escudo contra las “alucinaciones” del sistema de la IA. Además del caso del abogado de Tenerife, el experto hace mención otros casos, como uno ocurrido en Navarra, “donde un abogado utilizó el Código Penal de Colombia” después de usar ChatGP. Incluso en el Tribunal Constitucional, un letrado “presentó escritos con pasajes inexistentes”.

El riesgo más invisible, pero quizás el más letal, es el de la confidencialidad. “Volcar datos de un cliente en una IA abierta es como echar un vaso de agua dentro del mar: pierdes el control y no lo puedes recuperar”. Al trabajar con plataformas cuyas sedes están “en Estados Unidos y bajo leyes de California, introducir secretos empresariales o datos de salud supone una vulneración del secreto profesional absoluto que exige el Estatuto de la Abogacía”, insiste el abogado, quien también es profesor en la Escuela de Práctica Jurídica de Granada.

De este modo, ante el riesgo de fuga de información confidencial, tratamiento de datos sensible y “alucinaciones” de la IA, Alba apela al uso de esta inteligencia pero sobre un marco normativo de tres exigencias principales: el Estatuto de la Abogacía, que recoge que el secreto profesional es absoluto; la Protección de datos y el Reglamento de IA, que, a su vez, llama a los usuarios de esta plataforma a supervisar la información que la herramienta les ofrece y a gestionar los riesgos.