Tres años de prisión por estafar 82.810 euros a un amigo fingiendo que se los devolvería

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre por un delito agravado de estafa tras defraudar 82.810 euros a un conocido mediante una trama de falsas promesas de solvencia económica. Además de la pena de cárcel, el condenado deberá indemnizar a la víctima con la totalidad del dinero estafado más los intereses legales correspondientes y abonar nueve meses de multa con una cuota diaria de seis euros.

Según los hechos declarados probados de la sentencia, facilitada a este periódico por el TSJA, el engaño se desarrolló a lo largo de los años 2018 y 2019. Durante ese periodo, el perjudicado fue entregando diversas cantidades de dinero en efectivo en concepto de préstamo al ahora condenado bajo la firme promesa de que recuperaría su dinero de forma inminente. Sin embargo, el tribunal considera plenamente acreditado que el acusado nunca tuvo la menor intención de devolver las sumas recibidas -de las que no ha reintegrado ni un solo euro- y que utilizó pretextos inventados para aparentar una solvencia inexistente.

La sentencia del alto tribunal andaluz ha detallado las distintas maniobras empleadas por el procesado para mantener vivo el engaño y lograr que la víctima siguiera entregándole dinero. Entre las excusas utilizadas figuraban el inminente cobro de una herencia por el fallecimiento de una tía, un préstamo de un hermano o una importante donación económica por parte de su padre. Para dar verosimilitud a esta última historia, el condenado hizo que la víctima le acompañara personalmente a una notaría de Córdoba con el pretexto de formalizar la supuesta donación paterna. Como quedó acreditado durante el juicio gracias al testimonio de un empleado de la propia notaría, el padre jamás se presentó en el despacho ni nadie lo esperaba allí.

El engaño también se trasladó al ámbito bancario. El acusado aseguró al perjudicado que había ordenado varias transferencias a su favor y llegó a entregarle copias de las supuestas órdenes bancarias, documentos que resultaron ser falsos. Cuando la víctima acudió a su entidad financiera para comprobar el ingreso, el director de la sucursal verificó de inmediato que los justificantes no se correspondían con la realidad. Al llamar por teléfono al acusado para pedir explicaciones, este insistió ante el propio director, contra toda evidencia, en que la transferencia era real.

En otra ocasión, convenció al denunciante de que iba a recibir un sobre con dinero a través de una valija interna en una sucursal del BBVA para saldar la deuda. El engaño fue tal que el afectado estuvo acudiendo de manera casi cotidiana a dicha oficina bancaria para preguntar por el envío, siempre sin éxito.A pesar de esta acumulación de documentos ficticios, la Audiencia Provincial absolvió al acusado del delito de falsedad documental que también se le atribuía inicialmente.

La cuantía total de lo defraudado quedó fijada en junio de 2020 mediante una escritura de reconocimiento de deuda firmada por el propio acusado sin que existiera ningún tipo de coacción. Pese a ello, su defensa recurrió la sentencia condenatoria ante el TSJA alegando, entre otras cuestiones, que el dinero tenía un “origen oscuro”, que detrás había un supuesto caso de usura con intereses del 50%, que había sido extorsionado por la víctima e incluso que los justificantes bancarios falsos habían sido fabricados por el propio denunciante para preconstituir pruebas en su contra.

No obstante, el tribunal de apelación rechaza todos estos argumentos, calificando el escrito de recurso como una “retahíla de planteamientos retóricos a veces de difícil intelecto” con peticiones contradictorias. En esa línea, los magistrados han tialdo de “absurda” la teoría de que la víctima falsificara los justificantes y describen como “hipótesis quiméricas sin base cierta alguna” las acusaciones de extorsión o usura. De este modo, el TSJA ha desestimado íntegramente la apelación y ha ratificado el fallo de la Audiencia de Córdoba, declarando de oficio las costas de esta segunda instancia. Contra esta resolución cabe aún la posibilidad de interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.