Condenado en Córdoba a pagar 23.000 euros por echar a la empleada del hogar que le pidió regularizar su situación

Un hombre ha sido condenado en Córdoba a indemnizar con casi 23.000 euros a la empleada del hogar a la que despidió cuando esta le reclamó regularizar su situación. Según la sentencia a la que ha accedido Cordópolis, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la nulidad del despido verbal que formuló el condenado apenas dos días después de que la trabajadora -que no tenía permiso de trabajo- solicitara un acto de conciliación para reclamar sus derechos.

La mujer trabajaba de 8:30 a 15:00 y de lunes a sábado. Tan solo cobraba 700 euros al mes, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional para una jornada completa, lo que refleja la situación de precariedad y vulnerabilidad a la que se enfrentan a menudo las personas en economía sumergida o en situación administrativa irregular. En este caso, también se le había denegado el asilo. Aun sin papeles, entró a trabajar en la casa del condenado en enero de 2021. Durante la primera mitad de 2023, la empleada mantuvo conversaciones con el condenado con el objetivo de “regularizar su situación laboral y condiciones de trabajo”. Ante la negativa del hombre, acudió a la vía administrativa presentando, en julio de 2023, una papeleta de conciliación en la que reclamaba las diferencias retributivas y la regularización.

La reacción fue inmediata y verbal. Según recoge la sentencia, dos días después, el condenado “procedió de manera verbal a extinguir la relación laboral” con la mujer, quien decidió demandarle. El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba dio la razón a la trabajadora, aunque la sentencia fue recurrida. En su recurso, la defensa del empleador intentó eludir cualquier tipo de responsabilidad asegurando que el procesado no comunicó a la mujer ninguna extinción de contrato porque que “no existía contratación” previa. Pretendía, así, que se modificaran los hechos probados para introducir un relato negativo que negara la relación laboral, restando validez a las pruebas aportadas (como mensajes de WhatsApp y vídeos).

Sin embargo, el TSJA ha tumbado de plano esta alegación porque la relación laboral existió de manera efectiva -al margen de que el hombre incumpliera su obligación de registrarla por escrito o de tramitar el permiso de trabajo-, y que la falta de contrato jamás puede convertirse en un escudo para burlar los derechos de los trabajadores. Además, la sentencia recuerda que tanto la Ley de Extranjería como el Tribunal Supremo inciden en que “la carencia de la autorización de residencia y trabajo [...] no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero”.

Superado el obstáculo de la simulación de inexistencia de contrato, el TSJA ha visto una conexión directa entre el despido verbal y la solicitud de un acto de conciliación apenas dos días antes. En consecuencia, al no acreditarse ninguna justificación laboral objetiva, el tribunal ha considerado que el cese fue una represalia directa, tratándose entonces de un despido nulo. En el caso de empleados del hogar, los tribunales descartan unánimemente que el trabajador sea reincorporado dado que se trata de un trabajo donde prima una “especial confianza” entre empleado y empleador.

De este modo, el TSJA ha ratificado la indemnización impuesta por el juzgado de primera instancia, que asciende a 22.950,66 euros tras tomar como base el Estatuto de los Trabajadores para fijar una indemnización. Además, el hombre deberá también abonar 600 euros más IVA por las costas procesales.