El juez imputa al funcionario y la coordinadora del caso 'Infraestructuras'

El delegado de Infraestructuras, David Dorado, dando cuenta de contratos menores de obras.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha asumido el llamado caso Infraestructuras, que investiga un presunto fraude en los contratos de este área del Ayuntamiento de la capital. Rodríguez Laínz acaba de firmar un auto de apertura de diligencias en el que cita como investigados tanto a la excoordinadora de Infraestructuras como a un funcionario del área. El juez ha atendido el escrito presentado por la Fiscalía Provincial de Córdoba el pasado mes de noviembre. El Ministerio Público consideró que había indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

Ahora, el juez, en un auto adelantado por Diario Córdoba, considera que hay que abrir diligencias de investigación ya que “los hechos investigados ”presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal“. La Fiscalía solo solicitó la citación como investigados de la excoordinadora, ya cesada, y el funcionario, pero no del entonces concejal delegado de Ciudadanos, David Dorado, al que se le retiraron todas las competencias pero que ha sido nombrado portavoz municipal de Ciudadanos.

De esta manera, el juez apunta a “posibles delitos de prevaricación administrativa para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, pese a constar con la existencia de informes desfavorables, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar”.

Igualmente, señala a “falsedad en documento oficial, pendiente de calificación concreta según las resultas de investigación, en cuanto respecta a la firma de certificaciones de obra, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos, duplicados o indebidamente justificados”. La coordinadora general de Infraestructuras, quien fue designada por Cs, fue cesada en noviembre de 2021 cuando la Fiscalía se pronunció sobre este caso.

Después de este auto, el Ayuntamiento podrá personarse como perjudicado en una causa que denunció en primera instancia en febrero de 2021 el grupo de IU y meses más tarde terminó formando parte de una demanda judicial conjunta con Podemos, al tiempo que, por encargo del alcalde, José María Bellido (PP), el titular de la asesoría jurídica municipal realizó un informe sobre los contratos menores de la Delegación de Infraestructuras en este mandato, que engrosó la información que la Fiscalía Anticorrupción valoró considerando que había en los hechos narrados indicios de posibles delitos.

En su auto, el juez determina como primera diligencia de investigación a practicar la toma de declaración en calidad de investigados de la excoordinadora y el técnico municipal, así como recabarse igualmente los documentos referidos a la solicitud de cambio de responsable de la jefatura de la unidad que se produjo, fechas de vacaciones concedidas al primero de los investigados, información sobre las empresas adjudicatarias de los contratos bajo sospecha y sobre cuáles fueron los criterios de selección de los contratistas en contratos de obra menor, entre otros.

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