Del mostrador a Bruselas: así defiende sus batallas la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba

Siete de cada diez viajes combinados que se venden en España pasan por una agencia de viajes. Ese dato desmonta uno de los tópicos más repetidos sobre el sector, el de que internet acabó con el agente de viajes, y explica por qué detrás de ese mostrador sigue habiendo un tejido empresarial que necesita organizarse. En Córdoba, ese papel lo cumple desde hace décadas la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, una entidad de ámbito provincial que agrupa a una veintena de agencias y que preside Antonio Caño, con Juan María Pérez como vicepresidente.

Su labor, reconocen sus propios responsables, es de las que no se ven. La asociación no negocia acuerdos comerciales ni marca a sus asociados con quién trabajar; para eso existen los grupos de gestión, en los que cada agencia se integra por su cuenta. Su terreno es otro: la defensa de los intereses del sector ante las administraciones y ante los problemas del día a día. “Lo que se consigue a través de las representaciones asociativas, ya sea a nivel local, regional o nacional, se consigue para todo el mundo”, resume Caño. Es decir, también para quien no paga cuota.

Una cadena que llega de Córdoba a Europa

El engranaje funciona como una cadena de transmisión. La asociación cordobesa forma parte de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, donde ocupa la secretaría, y esta a su vez está integrada en la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la interlocutora del sector ante el Gobierno y ante Bruselas. Cuando una consejería o un ministerio prepara una modificación legislativa que afecta a las agencias, los borradores bajan por esa cadena hasta el último asociado, que puede dar su opinión antes de que la norma se apruebe. Y cuando el problema surge abajo, el recorrido es el inverso.

Un ejemplo reciente lo ilustra bien. Cuando se anunció la puesta en marcha de la hoja de reclamaciones digital, una agencia cordobesa trasladó sus dudas a la asociación, esta las elevó a la Federación Andaluza y la consulta volvió resuelta con instrucciones concretas para cada caso. Todo el proceso, en 24 o 48 horas. “Tenemos un servicio jurídico que resuelve las problemáticas concretas generalmente en uno o dos días”, explican desde la entidad. No es un detalle menor en un sector donde, según sus propios cálculos, casi el 90% de las agencias son negocios de un solo puesto de trabajo, sin departamento legal ni tiempo para descifrar el Boletín Oficial.

Dos años de pulso con el “decretazo”

El caso más claro de esa labor silenciosa es el del registro de viajeros, el real decreto que desde hace dos años obliga a hoteles, empresas de alquiler de coches y también a las agencias de viajes a comunicar a las autoridades los datos detallados de sus clientes. En el sector lo conocen directamente como “el decretazo”. Y es que la norma no solo plantea dudas sobre la privacidad, sino que supone una carga administrativa constante para negocios pequeños, con sanciones aparejadas por no comunicar. “Si en enero le hago una reserva a un cliente para julio, ya tengo que pasar la información de en qué hotel se va a alojar, cuando esa reserva se puede cancelar o cambiar veinte veces”, ejemplifican desde la asociación.

Las agencias entienden que los alojamientos deban registrar a sus huéspedes, pero consideran excesivo extender esa obligación a la intermediación. Tras dos años de presión de las principales asociaciones nacionales del sector, canalizada a través de la CEAV, Europa se ha hecho eco recientemente de la reclamación y estudia medidas cautelares sobre la norma. Para una agencia cordobesa de barrio, esa paralización no ha caído del cielo: es el resultado de una estructura asociativa que empieza en entidades como la de Córdoba, cuya cuota local sostiene la representación regional y nacional.

Un salvavidas cuando falla el clic

Esa defensa tiene un reflejo directo en el viajero cuando algo se tuerce. “El valor humano no te lo va a quitar nadie”, defiende Sara Lozano, de la directiva de la asociación. “No es lo mismo poder llamar a las cuatro de la madrugada y que una persona te conteste, que llamar y no encontrar respuesta”. El ejemplo más cercano se vivió a principios de año con el corte ferroviario de Adamuz, que dejó a Córdoba sin trenes y obligó a muchos viajeros a viajar a Madrid por carretera, con los precios por las nubes. Mientras las asociaciones nacionales presionaban a las grandes aerolíneas, las agencias cordobesas rehacían viajes uno a uno: “Hemos hecho el trabajo de hacer y deshacer sin cobrarle al cliente, machacando al hotel para que le cancelara sin gastos porque no podía ir. Tú lo reservas por Booking, te dicen que la tarifa no es reembolsable y ahí se queda; nosotros hacemos dos veces el trabajo”.

Lo mismo ocurrió en febrero, cuando los conflictos en Oriente Medio cancelaron los vuelos con escala en Dubái y dejaron en el aire viajes de novios y desplazamientos en grupo. El miedo a volar redirigió las tendencias hacia los cruceros y el Caribe, y fueron las agencias las que reubicaron a sus clientes y gestionaron los reembolsos. La inteligencia artificial, sostienen, es un buen complemento para diseñar un circuito, pero nunca un sustituto: “Complemento no puede ser sustitutivo, y siempre comprobando los datos, porque muchas veces ya no son correctos”.

El día a día de la agencia de la esquina

Si el decretazo es la guerra nacional, el intrusismo es la batalla local, la queja más repetida entre los asociados cordobeses. Una agencia reglada está obligada a contar con licencia, aval frente a la administración y seguro de responsabilidad civil. Frente a ella operan intermediarios sin autorización que organizan viajes, sobre todo de grupo, sin cumplir ninguno de esos requisitos, y ofrecen precios con los que el negocio reglado no puede competir. El fenómeno se dispara cada verano: autobuses que salen de Córdoba hacia la playa, al margen de cualquier agencia autorizada, con viajeros que no saben que van sin seguro. “Si pasa algo, olvídate”, advierten desde la asociación.

A esa vigilancia se suma una labor menos evidente, la de promotor turístico de Córdoba: buena parte de sus asociados son agencias receptivas, y la entidad ha estado presente en hitos como la mesa constitutiva del aeropuerto, cuyos vuelos de Binter desde Gran Canaria ya han supuesto un 1,5% más de visitantes. Sus veinte asociados, en torno al 30% de las agencias de la provincia, emplean a un centenar de personas y facturan de media entre 600.000 y 700.000 euros por agencia, con perfiles muy dispares: desde los grandes viajes a medida hasta el corporativo y la organización de eventos. En España hay unos 11.000 puntos de venta, la mitad en manos de los grandes grupos verticales. La otra mitad es tejido como el cordobés: pequeñas empresas para las que estar asociado marca la diferencia entre anticiparse a lo que viene o descubrirlo cuando ya es un problema.