CASO INFRAESTRUCTURAS

Una de las empresas investigadas por Fiscalía hizo una auditoría energética en 2013 que ya suscitó “reparos”

Fachada principal de la Ciudad de la Justicia.

Una de las empresas investigadas por la Fiscalía en el marco del caso Infraestructuras realizó en 2013 una auditoría energética de edificios públicos cuyo contrato fue “objeto de reparos” por los servicios fiscalizadores del Ayuntamiento.

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Es uno de los primeros indicios que investiga el Fiscal de esta presunta trama, que arrancaría en el mandato 2011-2015 en el que el regidor era el popular José Antonio Nieto, que en la actualidad, es consejero de Justicia de la Junta, y la concejala de Infraestructuras era Laura Ruiz.

Según se expone en las diligencias del Ministerio Fiscal, a las que ha tenido acceso Cordópolis, se trata de la misma empresa que fabricaba los cuadros de mando de telegestión que estuvo instalando el Ayuntamiento desde el año 2012 (cuando lo hizo por primera vez, presuntamente, en una obra en Villarrubia de la que no hay documentación) hasta el año 2020, cuando se pone toda la documentación en manos de la acusación pública.

Así, varios testigos advirtieron a Fiscalía de que el principal investigado, el jefe de Alumbrado Público, se reunió varias veces en el año 2012 con el representante de esta empresa, que después presuntamente fue la principal beneficiaria de que el Ayuntamiento optara por usar sus cuadros de mando y su sistema en las obras de alumbrado que licitaba la Delegación de Infraestructuras.

La acusación pública sostiene que en esta relación entre el técnico municipal y la empresa podría haber indicios de tráfico de influencias y prevaricación. Por ello, solicitó toda la documentación relativa a contratos y facturas entre el Consistorio y esta compañía, así como la relación de cuadros de mando instalados.

La auditoría energética de 2013

De este modo, en la información que le remitió el Ayuntamiento de Córdoba, aparece un expediente que acredita un contrato firmado en junio de 2013, por el que la citada empresa se hace, por un total de 21.538 euros, con el servicio de auditoría energética de edificios públicos de Córdoba.

Se trata de un contrato que firma el jefe de Alumbrado público (el principal investigado) en junio de 2013 y que se tramita “por urgencia, negociado y sin publicidad” y con una duración de seis meses, según las diligencias de Fiscalía. Es decir, los trabajos debían estar terminados, como muy tarde, en 2014.

Sin embargo, a la hora de la tramitación de la factura por los servicios, comienza a haber “reparos” por parte de los servicios fiscalizadores del Ayuntamiento. El escrito de Fiscalía revela que el principal investigado señalaba que el contrato se había intentado cobrar a finales de 2014, si bien “fue objeto de reparos” y de “diversas devoluciones por los servicios correspondientes, sin que se procediese a su abono” en aquel momento.

La cuestión es que los trabajos no se llegaron a cobrar en el mandato en el que se encargaron. Finalmente, según el escrito de Fiscalía, se abonaron en octubre de 2017, cuatro años después de haberse encargado la auditoría, y cuando estaban en el Gobierno PSOE e IU.

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