Luminarias y telemandos de un solo fabricante y más caros: así es el fraude que investiga la Fiscalía en Córdoba

Luminarias sustituidas en Córdoba y almacenadas en Infraestructuras.

Las sombras de la ciudad de Córdoba podrían estar, precisamente, en las luces. Esta semana, la Fiscalía Provincial de Córdoba ha culminado un año de investigación y ha decidido presentar una denuncia ante el Juzgado Decano de Córdoba ante lo que considera que podría ser un presunto caso de corrupción en el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Este periódico ha tenido acceso al decreto firmado por la Fiscalía y enviado al Juzgado para que se inicien las correspondientes diligencias judiciales. El escrito señala, tras un intenso año solicitando documentación al Ayuntamiento y analizando decenas de contratos en el área, cómo habría funcionado esta presunta trama que, a juicio del denunciante, y siempre presuntamente, habría estado amañando adjudicaciones y repartiendo contratos entre empresas concretas.

Dorado dice ante el juez que el 80% de los contratos gestionados por el jefe de alumbrado iban a una misma empresa

Dorado dice ante el juez que el 80% de los contratos gestionados por el jefe de alumbrado iban a una misma empresa

La denuncia de David Dorado, se sostenía sobre una auditoría interna que él mismo encargó cuando era delegado de Infraestructuras (fue cesado cuando estalló otro caso sobre otro presunto amaño de contratos de obras). La auditoría hablaba directamente de un “complot” por el que los contratos que dirigía el jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento siempre acababan en manos de las mismas empresas. Compañías de fuera de Córdoba y otras incluso del municipio se quejaban de que en las licitaciones se pedían determinadas cosas concretas imposibles de cumplir.

En su escrito la Fiscalía de Córdoba incide en dos materiales concretos: las luminarias y los telemandos de gestión eléctrica. Una ciudad como Córdoba tiene miles de luminarias y más de un centenar de telemandos. Estos telemandos son precisamente los que se encargan de vigilar que las luces se encienden cuando deben y que el sistema funciona de manera correcta.

En el caso de las luminarias, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido las luces de miles de farolas de la ciudad por otras más eficientes. El fiscal cita varios contratos en concreto que se hacían por lotes y que estaban valorados, cada uno, en más de 500.000 euros. En los contratos, en el pliego, se solicitaba un modelo de luminaria llamado Simon que solo vendía en Córdoba un comercial en concreto. El modelo no estaba ni en la web ni en los catálogos de las empresas. Según el fiscal, cuando las empresas llamaban para pedir precio se sorprendían al ver que costaba un 40% más que la media del resto de modelos, según el escrito. Esto provocaba que muchas empresas desistiesen.

Estos mismos modelos se introducían en pliegos para la reforma de calles donde también había que sustituir el alumbrado público, según señala la Fiscalía en su escrito, que enumera varias decenas de contratos que corresponden a los tres últimos mandatos municipales.

Hechos desde 2012

Posteriormente se cita el caso de los telemandos. Desde 2012 hasta 2020 se han sustituido un centenar. El sistema en este caso es similar al de las luminarias, aunque con un matiz tecnológico que hacía imposible que se pudiese adquirir otro modelo. En este caso, el modelo que se ha venido solicitando en todos los pliegos es el llamado Grial, que también fabrica en exclusiva una empresa de Córdoba. El telemando funciona con un software concreto. Parte es libre pero otra parte está patentado por la compañía. Es decir, ese modelo no lo puede producir otra compañía que no sea la cordobesa que se encuentra bajo investigación.

La Fiscalía asegura que la denuncia de Dorado sostiene que el jefe de alumbrado se ha venido reuniendo tanto con las empresas distribuidoras del material como con las que finalmente fueron adjudicatarias. Los fiscales han tomado declaración tanto al funcionario como a estas empresas, después de analizar toda la documentación. Y es por ello que han concluido que hay “indicios de delito”.

En concreto, señala que el caso podría derivar en delitos de tráfico de influencias y prevaricación, “además de otros que puedan derivarse tras la investigación que se lleve a cabo”.

“Existen elementos para pensar que existe una relación entre las personas denunciadas a las que se suma un acto de influencia”, señala la Fiscalía. “Los integrantes de la mesa de contratación son funcionarios públicos”, señala, a la par que alude a que el jefe de Alumbrado Público “emite los informes que conducían a la mesa en una u otra dirección, instrumentalizándola al ser funcionario de competencia técnica y asesora”, agrega.

“Desde nuestro punto de vista existen reiteradas irregularidades de carácter administrativo en la calificación de la naturaleza de los contratos. Los pliegos de prescripciones técnicas son, en algunos supuestos, contrarios a la Ley de Contratos del Estado al introducir determinadas especificaciones que conducen hacia marcas y modelos concretos”, señala la Fiscalía. “Los acuerdos de la mesa servían de base para las contrataciones posteriores”, agrega. “El órgano de contratación puede separarse de la propuesta que efectuara la mesa, pero se trataba de crear una apariencia de realidad que respaldase la decisión que desde el principio perseguía” el jefe de Alumbrado, considera el Ministerio Público.

La Fiscalía en todo momento excluye de responsabilidades a los miembros de la mesa de contratación porque “asumieron las indicaciones” del jefe de Alumbrado “por ser un técnico” y “en principio sin que conste que conociesen la actuación ilícita del mismo”.

En cuanto a las empresas que recibían los contratos, la Fiscalía sostiene que podrían haber incurrido en un delito de “cooperación necesaria”. Por eso, se solicita que se cite al jefe de Alumbrado como investigado y también se llame a declarar a los empresarios.

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