El Ayuntamiento abre un procedimiento de información reservada por la contratación en Infraestructuras

El concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, ha firmado este lunes un decreto de procedimiento de información reservada, que va a dirigir la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, para solicitar toda la información de los contratos que se han firmado para las obras del alumbrado de la avenida de Libia, que están bajo sospecha, después de que IU y Podemos hayan anunciado que llevarán este proceso a la Fiscalía.

Ha sido la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, la que ha anunciado el inicio del procedimiento de información reservada, que, según ha detallado, supone poner al Ayuntamiento “a disposición total de la Fiscalía”, si es que el Ministerio Fiscal finalmente estimara la demanda.

Albás ha aclarado que, según lo acordado, el jefe de la Asesoría Jurídica es el que “va a liderar este procedimiento”, que es lo mejor para “que sepamos todos la verdad y no haya interpretaciones”.

Preguntada por su postura respecto al caso, ha afirmado que respeta el posible requerimiento judicial. “Hay que investigar y aportar la máxima transparencia, así como ratificar la confianza en el trabajo que va a hacer la asesoría jurídica”, ha dicho.

IU denuncia una posible prevaricación en unas obras en la calle Padres Mohedano

Un poco antes de este anuncio, los concejales de IU Pedro García y Alba Doblas han comparecido para informar de unas posibles irregularidas en un contrato menor en una calle perpendicular a la avenida de Libia, la travesía Padres Mohedano, y del que han tenido constancia al examinar el expediente.

Según ha detallado la concejala Amparo Pernichi, en esta otra calle se adjudicó por contrato menor unas obras por 47.900 euros, y al procedimiento solo acudieron tres empresas, todas ellas con “una calificación menor” de las que hay en Córdoba, y con una coincidencia, ya que, la edil ha asegurado que las tres compañías forman “parte de un grupo encubierto con distinto CIF”.

Concretamente, siempre según la denuncia de Pernichi, una de las empresas tiene un propietario, la segunda otro propietario distinto, mientras que la tercera empresa que acudió al procedimiento tiene como propietarios a los mismos que las otras dos. “Eso quizá explique por qué las bajas han sido muy ajustadas”, ha afirmado la concejala, que aclara que, de incurrir en un delito en este asunto, en el que vuelve a haber “fraccionamiento de contratos para eludir la fiscalización previa”, éste sería el de “prevaricación”.

Más allá del presunto ilícito penal, desde IU han puesto en duda todo el proceso por el que estas empresas granadinas han acabado haciendo estas obras en Córdoba, donde no tienen sede. “Las empresas aterrizan aquí en oficinas de coworking de CECO, Guerrita y El Rectorado. Han puesto una dirección de Córdoba totalmente transitoria y se han ido después”, ha asegurado Pernichi, que se ha preguntado “qué está pasando en la Delegación de Infraestructuras” y “qué se esconde detrás de este modus operandi que perjudica especialmente el empleo en la ciudad”.

Por todo ello, ha pedido al alcalde que “tome conocimiento de todos esos expedientes y no hable en vacío”, como a su juicio hizo el pasado miércoles, porque en Córdoba hay empresas con mucha mayor clasificación que las empresas adjudicatarias. “Nos va a forzar a llevarlo a Fiscalía. Pero, si esa investigación la puede hacer el alcalde que la haga cuanto antes”, ha afirmado Pernichi, que ha añadido que, por el momento, han forzado al concejal de Infraestructuras a “que muestre que todo lo que decimos es mentira”.