El caso Infraestructuras se cobra su primer cese: la coordinadora dejará su cargo el lunes

La coordinadora general de Infraestructuras será cesada de su cargo en la Junta de Gobierno Local del próximo lunes después de que la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Isabel Albás, haya cursado una petición a Presidencia en este sentido, según ha informado el Ayuntamiento a través de unta nota de prensa.

El comunicado relata que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba muestra su “máxima colaboración y transparencia” con la Fiscalía y recuerda que fue a raíz de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local cuando se elevaron al Ministerio Público las conclusiones de la información reservada iniciada por la asesoría jurídica municipal. La Fiscalía ha visto indicios de delito de prevaricación y falsedad documental en una serie de contratos fraccionados en el área de Infraestructuras de 2020, tras la denuncia hecha por IU y Podemos al tener sospechas sobre ellos. El Ministerio Público apunta en su escrito a un técnico de Infraestructuras y a la coordinadora general del área, que cesará en su cargo el lunes p´roximo. El concejal responsable de Infraestructuras, David Dorado, se mantiene en el cargo.

El gobierno municipal “lamenta la situación que ha podido generar este asunto” y afirma que “nuestro trabajo sigue centrado en el desarrollo de la ciudad y en solventar los problemas de los cordobeses”. El equipo de gobierno local ha reiterado “el gran trabajo que realizan los funcionarios del Ayuntamiento y su apoyo rotundo y cerrado a los profesionales que forman parte de la Intervención, la Asesoría Jurídica o el departamento de Contratación”, concluye la nota.

La Fiscalía ha dado traslado al juzgado decano de Córdoba de un decreto sobre la denuncia interpuesta por IU y Podemos sobre una serie de contratos del área municipal de Infraestructuras al considerar que hay indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. IU y Podemos llevaron a la Fiscalía en mayo pasado los contratos menores hechos por el área de Infraestructuras en el cuarto trimestre del año 2020, sobre los que pidieron que se investigara lo que consideraban indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de los mismos. El objeto de la denuncia fue 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

Ahora, la Fiscalía ha dado respuesta a esa denuncia y ha trasladado su decreto al juzgado decano para que, en el reparto, se asigne a un juzgado para abrir una investigación.