El secretario del Pleno denunció en Fiscalía un intento de obstrucción interna en el caso Infraestructuras

Valeriano Lavela, secretario del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, acudió el pasado mes de mayo a la Fiscalía para denunciar la presunta “conducta obstructiva” que había encontrado en el transcurso de su investigación para el Ayuntamiento de Córdoba sobre el 'caso Infraestructuras'.

Lavela fue designado instructor del procedimiento de Información Reservada que se abrió en noviembre de 2021 para investigar una veintena de contratos de alumbrado público que se remontaban al año 2016. Todo partía de la auditoría que había encargado el entonces concejal delegado de ese área, David Dorado, que fue cesado una semana después de iniciar el trámite para que abriera una investigación dentro del Ayuntamiento de Córdoba.

Así, en el transcurso de la investigación, que terminó precisamente a finales de mayo tras cumplirse el plazo de seis meses que se había otorgado para la misma, el instructor acudió a la Fiscalía para solicitarle amparo, dado que no estaba recibiendo la “documentación” que había pedido por parte del propio Ayuntamiento de Córdoba.

Fue el pasado 10 de mayo, según consta en el escrito dirigido al Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Cordópolis, y en el que el secretario del Pleno pide a la fiscal que lleva el 'caso Infraestructuras' las “medidas que estime oportunas para que cese de forma inmediata” la conducta “obstructiva, intimidatoria e impeditiva” por parte del jefe de la Asesoría Jurídica municipal. Se da la circunstancia de que este técnico municipal ha sido citado para declarar como testigo en la otra causa abierta por el caso Infraestructuras.

En el texto, Lavela considera “especial y singularmente grave” el contenido de un escrito que recibió del jefe de la Asesoría Jurídica municipal, por “su carácter amenazante, intimidatorio y conminatorio” y que, a su juicio, pretendía que abandonara “las tareas y cometidos propios de la instrucción” que estaba llevando a cabo de actuaciones previas de una información reservada (que finalmente terminaron el 19 de mayo, puesto que no se le permitió prorrogarlas).

Asimismo, entiende que el escrito del responsable de Asesoría Jurídica llegaba a acusarle de “estar entorpeciendo la instrucción” de la Fiscalía, por lo que solicitó el amparo del Ministerio Fiscal, al entender que esta conducta podría ser “constitutiva de una infracción disciplinaria muy grave prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público, incluso podría ser tipificada como una presunta infracción penal dentro de los delitos susceptibles de ser cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos” -dice textualmente el escrito-. 

“No se le va a enviar documentación alguna”

En el documento, el secretario del Pleno copia y pega la respuesta que presuntamente habría hecho el jefe de la Asesoría Jurídica, que rechazaba su petición amparándose en que considera “radicalmente nulo” su nombramiento como instructor.

Este nombramiento se hizo a través un procedimiento poco habitual y que ya provocó las críticas de la oposición, dado que el alcalde, José María Bellido, se inhibió y dejó como alcalde en funciones a David Dorado para que firmara un decreto para abrir la información reservada bajo la instrucción de Valeriano Lavela. Una semana después de nombrarlo alcalde accidental para esta tarea, David Dorado fue cesado como delegado de Infraestructuras y del resto de sus tareas municipales.

Además, como concejal raso también se quedaba fuera del procedimiento de información reservada, que siguió adelante vinculado a Alcaldía. De este modo, en el escrito al que ha accedido este periódico, el jefe de la Asesoría Jurídica le espetaba al instructor que “no puede el Gobierno encargar la instrucción de unas diligencias reservadas a un funcionario que no está incardinado en su estructura orgánica”, por lo que, de este modo, su nombramiento es “incompatible con el cargo que desempeña”.

“Asimismo, desde el momento en que el Ministerio Fiscal está conociendo de estos hechos, e investigando la denuncia efectuada, precisamente, por la misma persona que lo designó como instructor, deberá abstener de realizar cualquier investigación, ni entorpecer la instrucción que realizan los órganos penales. Por todas estas razones no se le va a enviar documentación alguna”, afirmaba el extracto del escrito que adjuntaba en su denuncia el secretario del Pleno.

El Ayuntamiento: Asesoría Jurídica le dijo en marzo que la Secretaría del Pleno no es el “órgano competente para este asunto”

Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento de Córdoba para cuestionarle por esta información y este documento, así como para saber si tenían constancia de los reparos del jefe de la Asesoría Jurídica al nombramiento del secretario del Pleno como instructor de un procedimiento de información reservada que ha durado seis meses. En este ámbito, las fuentes municipales consultadas han recordado que se nombró a Valeriano Lavela “porque lo decidió David Dorado en calidad de alcalde accidental”, y “sin que hubiese propuesta alguna de ningún funcionario”.

En cuanto a por qué, a pesar de los reparos, se le ha mantenido al frente de la información, desde el Ayuntamiento han manifestado lo siguiente: “El jefe de la asesoría no puede suspender proceso alguno, no tiene facultades para eso. Cuando Valeriano hace un informe, a finales de marzo, que remite a Fiscalía y a Presidencia, Presidencia pide opinión a Asesoría Jurídica y Asesoría le dice en ese momento que la Secretaría del Pleno no es el órgano competente para este asunto”.

“En este periodo estaba por finalizar el plazo de seis meses para la información reservada y no se prorroga el plazo como había solicitado Valeriano, y se acuerda mandar el informe de Asesoría Jurídica a Presidencia y a la Fiscalía”, apuntan las fuentes consultadas, que añaden que el secretario del Pleno “también solicita documentación al titular del órgano de apoyo y a la Intervención Municipal” y que, “en ambos casos, se le responde en similares términos que Asesoría Jurídica: que esa documentación no está en su poder y que se dirija a la delegación correspondiente”.

Dos meses después de estos hechos, la Fiscalía de Córdoba acabó abriendo una denuncia para que el juzgado investigue si, desde el año 2012 hasta el año 2021, ha podrían haberse cometido “presuntos delitos de tráfico de Influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo” -señalaba en su escrito del pasado 14 de julio-.

En cualquier caso, desde el equipo de Gobierno han querido trasladar “el apoyo total del Ayuntamiento de Córdoba tanto a la labor como al criterio técnico del jefe de la Asesoría Jurídica”.