El Ayuntamiento cambia de abogado en su personación en el 'caso Infraestructuras'

El Ayuntamiento de Córdoba ha cambiado de abogado en su personación en el denominado 'caso Infraestructuras' que un juez ha imputado a la excoordinadora general de este área municipal y a un funcionario de la misma, donde se investigan presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El jefe de la Asesoría Jurídica, Miguel Aguilar, fue señalado por la excoordinadora de Infraeastructuras imputada en su declaración ante el juez, quien lo nombró como partícipe en una reunión para argumentar la designación de un funcionario como responsable de los contratos investigados. El funcionario que fue nombrado finalmente para hacerse cargo de dichos contratos está también imputado por su actuación en este caso.

Así, tras la declaración de la excoordinadora ante el juez, el Ayuntamiento ya no está representado en la causa por el jefe de la Asesoría Jurídica, sino que lo hace por el letrado asesor adjunto, Juan L. González-Ripoll. Él es quien firma -como ha podido comprobar este periódico-, la información que el juez ha requerido a la Asesoría Jurídica municipal sobre las partidas presupuestarias y los contratos investigados, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

La representación de González-Ripoll por parte del Ayuntamiento ya consta así en las diligencias abiertas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, que se hizo cargo del 'caso Infraestructuras' y que dictó un auto el pasado 21 de marzo por el que citaba a declarar como testigos al entonces delegado de Infraestructuras y actual portavoz de Cs, David Dorado, así como al jefe de Alumbrado Público del Ayuntamiento y al encargado-capataz de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos en funciones durante el ejercicio 2020. Asimismo, el juez libraba un oficio a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba para que le facilitase información sobre las partidas presupuestarias de los contratos investigados. La Asesoría Jurídica ha enviado ahora al juez la información requerida y, con ella, un informe de la Intervención General del Ayuntamiento, bajo la firma del nuevo letrado municipal en el caso.

'Caso Infraestructuras'

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la excoordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso por supuesta prevaricación y falsedad en documento público, además de investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

En el plano político, la entonces coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba, si bien sigue siendo el portavoz de Cs en el Ayuntamiento.