La cesión de La Calahorra a una fundación privada encara su última década sin que nadie reclame cambios

Ha sido fortaleza defensiva, prisión de nobles, centro educativo femenino, museo histórico de la ciudad y hasta cuartel de la Guardia Civil. Es uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad de Córdoba, uno de los espacios más difundidos en redes sociales y, paradójicamente, uno de los menos cuestionados en los medios de comunicación locales en los últimos años.

Hablamos de la Torre de la Calahorra, donde está ubicado el llamado Museo Vivo de al-Andalus, y que encara la última década hasta que termine su cesión a la fundación Paradigma, que, inicialmente, se llamaba Institut pour le Dialogue des Cultures. Un nombre francés porque francés era el intelectual Roger Garaudy, que fue quien trajo el proyecto a Córdoba y quien licitó para hacerse con la gestión de este emblemático espacio.

Una cesión que, técnicamente, termina en el año 2035. Es la fecha en la que expira el contrato por 49 años que se firmó en 1987, pero que empezó a contar desde el 21 de octubre de 1986. El acuerdo lo sellaron Garaudy y el entonces alcalde Herminio Trigo, que, en una entrevista concedida a Cordópolis, recuerda el contexto de aquella decisión.

Un intelectual muy polémico

“Garaudy era una figura muy conocida. Comunista cristiano primero, luego musulmán, muy vinculado a la Unesco… Él vino con un proyecto ambicioso: el Encuentro de la Fe Abrámica”, recuerda Trigo sobre aquella figura, no exenta de polémica. En aquel entonces, no obstante, lo que trajo para Córdoba fue un encuentro internacional que, por su espíritu conciliador entre Cristianismo, Islam y Judaísmo, supuso una especie de germen de lo que luego fue la Alianza de Civilizaciones, que también promovió desde Córdoba el ministro socialista Miguel Ángel Moratinos durante el Gobierno de Zapatero.

Garaudy, además, también presentó la idea de transformar la torre en un centro cultural ecuménico. “Lo que me convenció fue que decía que lo respaldaba y financiaba la Unesco”, recuerda ahora Trigo. El proyecto, sin embargo, nacía con reparos. “Era un intelectual tremendamente controvertido”, indica Trigo sobre Garaudy, que una década después de firmar la cesión, llegó a ser procesado y condenado por negar el Holocausto.

Aquel proceso tuvo lugar bien entrados los 90. Para entonces, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ya hacía una década que había aprobado la cesión de La Calahorra, después de desafectarla de su condición de bien de dominio público y convertirla en un espacio privativo. Pese a las dudas técnicas de casi todos los grupos municipales salvo Izquierda Unida, se convocó un concurso público por la vía de urgencia al que solo se presentó un licitador: el propio Garaudy, al frente del Institut pour le Dialogue des Cultures.

El contrato se firmó el 10 de enero de 1987 y contemplaba, entre otros aspectos, la entrega de la torre y su contenido al adjudicatario, al que se le permitía recaudar el precio de las entradas. La cesión tenía como objetivo impulsar un centro cultural europeo que pusiera en valor el legado andalusí de Córdoba entre los siglos X y XIII. Tenía sentido, puesto que la ciudad no tenía, ni tiene hoy en día, un museo de al Ándalus que cuente su época de mayor esplendor.

La fundación que llegó después de ser adjudicataria

Pero la ejecución del contrato pronto se desvió. Apenas semanas después de la firma, Garaudy solicitó que una fundación que aún no existía —y que llevaría su nombre— se subrogase en los derechos del Instituto. La petición fue rechazada por el Ayuntamiento, que exigía que, al menos, el adjudicatario hubiera cumplido con el 10% del presupuesto previsto. Aún así, el 2 de abril de 1987 se escrituró la Fundación Roger Garaudy, que no obtuvo personalidad jurídica hasta su inscripción oficial el 16 de mayo de 1988.

Este desfase entre adjudicación y constitución es clave, pues la fundación nunca fue oficialmente adjudicataria del contrato. Según documentos internos del Institut pour le Dialogue des Cultures, la fundación tenía un papel meramente financiero y contable. Pese a ello, desde finales de los años 80, ambas entidades han convivido en la torre sin que se haya aclarado formalmente cuál ostenta la gestión efectiva.

En 1990, el propio Garaudy fue sustituido como presidente del Instituto por Francis Lamand. La fundación, mientras tanto, continuó operando desde la Torre de la Calahorra sin que se modificara el contrato original ni se revisara la legalidad de la subrogación no autorizada.

Cambios de nombre y reescrituras estatutarias

En 2009, la Fundación Roger Garaudy cambió su nombre por el de Paradigma Córdoba e introdujo modificaciones en sus estatutos, intentando ligar retrospectivamente su constitución a la fecha de adjudicación del contrato (29 de diciembre de 1986), algo que documentalmente siempre ha generado dudas. De hecho, esta insistencia ha sido reiterada en varios documentos notariales.

Tras la muerte de Garaudy en 2012, la fundación ha seguido operando bajo nueva presidencia. En la última década, su presidencia la ostentó Javier Rodríguez Zapatero, que entonces también era el responsable de Google en España. Hoy, al frente está Javier Martín, a su vez, presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles, y cuenta con patronos como los intelectuales Manuel Pimentel, Ricardo Córdoba de la Llave o Manuel García Parody.

La últimas críticas, hace una década

Fue precisamente durante la época de Rodríguez Zapatero cuando se produjeron las últimas críticas públicas hacia el acuerdo de cesión. Las hizo el entonces concejal de UCOR, Carlos Baquerín.

Desde entonces ha habido tres gobiernos distintos. Primero con PSOE e IU, luego con PP y Cs, y ahora con el PP en solitario. Ninguno ha cuestionado públicamente la cesión. Aunque, claro, ¿quién querría ahora hablar de algo que no termina hasta dentro de una década?

En este sentido, Trigo recuerda que, en aquellos años, este tipo de acuerdos eran muy comunes. “Yo me tuve que tragar algunos muy parecidos”, cuenta el entonces alcalde, que vio cómo, en el mismo Pleno del Ayuntamiento, en el año 1987, los votos de Alianza Popular y el PSOE llegaron a plantear la rescisión amistosa del contrato ante la falta de beneficios para la ciudad.

Aquel acuerdo, como tantas otras mociones aprobadas por el Pleno, nunca se ejecutó. Desde hace una década, nadie ha cuestionado públicamente la continuidad de la cesión. El contrato, si no media ninguna decisión antes, expirará automáticamente el 29 de diciembre de 2035.