El juez avala la investigación policial y señala como investigado al concejal detenido por cohecho

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha comunicado al concejal del Ayuntamiento David Dorado que pasa a ser judicialmente considerado como investigado. Según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, el magistrado aún no ha fijado una fecha para que Dorado preste declaración judicial, pero sí que avala ya la investigación policial que la pasada semana culminó en el arresto del edil, acusado de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

Junto a Dorado, el magistrado, a través de un auto que ha sido comunicado en la mañana de este miércoles a todas las partes, también señala como investigadas a la docena de personas que fueron arrestadas junto a David Dorado por agentes de la Policía Nacional de Córdoba. Tras los arrestos, que se produjeron en comisaría donde fueron citados, todos los detenidos salieron en libertad con cargos. El juez ratifica de esta manera la investigación policial sobre el primer Caso Infraestructuras.

En el caso ya estaban en situación de investigados la excoordinadora de Infraestructuras y un funcionario municipal. Dorado era considerado hasta ahora como testigo pero ya ha pasado a tener la condición de investigado.

De momento no están previstas las declaraciones. Antes, el juez tiene que estudiar el amplio informe policial, por lo que es probable que la instrucción se alargue durante unas semanas antes de que formalmente Dorado y la otra docena de arrestados puedan aportar su versión de los hechos en sede judicial.

Este caso saltó a la esfera pública cuando en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

Para esas fechas, en junio de 2021, el alcalde, José María Bellido, descartaba el cese del concejal responsable de Infraestructuras, David Dorado, al apreciar que en la información reservada municipal sobre los contratos no aparecía nada relacionado con su gestión.

Fiscalía halla indicio de delitos e imputa a dos cargos

No fue hasta noviembre cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso.

Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

En paralelo, en noviembre de 2021, el gobierno municipal abre un segundo procedimiento de información reservada sobre contratos de Infraestructuras, ampliando la horquilla de fechas de estos, para investigar los de años anteriores. Al frente de esta orden, como alcalde accidental, estuvo el propio David Dorado, que quiso poner sobre la mesa contratos del área de mandatos anteriores, desde 2012.

Retirada de competencias a Dorado

El resultado de la investigación de la Fiscalía y su traslado al juzgado llevó consigo la primera decisión política en el gobierno municipal: cesar a la coordinadora del área de Infraestructuras. Y a continuación, el 29 de noviembre, la segunda decisión: retirar a David Dorado todas sus competencias en el gobierno municipal: la responsabilidad en Infraestructuras, la presidencia de Sadeco y ser teniente de alcalde.

Con el año 2022 recién estrenado, el 26 de enero, se conoció que el juez a cargo del 'caso Infraestructuras' imputó a un funcionario de Infraestructuras y a la excoordinadora del área por supuestos delitos en los contratos investigados. Ambos tuvieron que declarar ante el juez. Y en su declaración, ya en abril, la excoordinadora señalaba a Dorado y a los técnicos en la toma de decisiones.