PERFIL

El concejal detenido en Córdoba por cohecho: de número dos de Ciudadanos a hacer la guerra por su cuenta

David Dorado en su primer Pleno como concejal no adscrito

El pasado lunes, el concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado acudía a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional con cita. Junto a él, 12 empresarios locales, en lo que parecía que iba a ser un trámite más en una denuncia sobre unas presuntas irregularidades en contratos públicos en una Delegación que dirigió durante dos años. Dorado, que ha sido el número dos de Ciudadanos en la ciudad de Córdoba durante los últimos siete años, era testigo del conocido como 'caso Infraestructuras' y pensó que le habían citado para ampliar diligencias policiales. Lo que nunca se imaginó es que un agente, nada más entrar, le iba a leer sus derechos y lo iba a detener acusado de tres delitos muy concretos: cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. El abc, presuntamente, de los delitos relacionados con la corrupción en España.

El mismo jueves, Dorado acudía al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Se sentó en la esquina del Salón de Plenos que se le tiene reservada desde que en agosto acabó en el grupo de concejales no adscritos, después de haber sido portavoz de Ciudadanos (partido del que ya ha sido dado de baja), presidente de la empresa de basuras de Córdoba (Sadeco) y delegado de Infraestructuras. “Soy inocente”, dijo, “por alusiones”, en sus únicas declaraciones públicas tras su arresto. Meses antes, el propio Dorado le decía a los periodistas que “habrá que ver ahora quién puede relajarse y quién no”, después de que el juez le llamase a declarar como testigo en la instrucción del caso que investiga un presunto fraude en contratos municipales durante su mandato como responsable en Infraestructuras. Él aludió también a la denuncia que el propio Dorado interpuso después y que investiga otro juez por contratos del mismo área municipal, pero de años anteriores a su responsabilidad, otro presunto caso de corrupción que afectaría, según sostuvo, a todos los que le precedieron en el cargo.

David Dorado entró en política en 2015. Como casi todos los cargos de Ciudadanos, era un desconocido que se sumó a la marea naranja. Ingeniero técnico industrial de profesión, llegó al Ayuntamiento de la mano de José Luis Vilches, el histórico presidente de la patronal cordobesa que decidió crear la asamblea local de Ciudadanos en Córdoba. Fue su mano derecha durante los cuatro años de oposición y llegó a pensar que Ciudadanos lo acabaría presentando a él como candidato a la Alcaldía de Córdoba, algo que estuvo apunto de suceder. Los naranjas optaron por Isabel Albás, algo que el propio Dorado nunca acabó de entender, pues había estado cuatro años fogueándose en los debates plenarios y entendiendo el funcionamiento del Ayuntamiento.

En las elecciones municipales de mayo de 2019 Ciudadanos obtuvo su mejor resultado en Córdoba. Lograron cinco de 29 concejales. Y sumaron sus fuerzas a los nueve ediles del PP para convertir a José María Bellido en alcalde, con el apoyo externo de Vox. A cambio, los naranjas se repartieron importantes áreas de gobierno. Y sobre Dorado recayeron las dos más importantes del reparto: Infraestructuras (la Delegación que gestiona el mantenimiento de la ciudad, las obras en las calles, el alumbrado público y los parques y jardines) y Sadeco, la empresa de gestión de residuos, de capital exclusivamente público y que emplea a más de 1.500 personas.

Pero todo cambió en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado. Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

El caso cayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, uno de los más famosos de la ciudad. Su titular, José Luis Rodríguez Laínz, es el juez que envió a la cárcel a José Bretón, el cordobés condenado por matar a sus dos hijos en un episodio de violencia vicaria contra su exmujer, Ruth Ortiz. Rodríguez Laínz es un juez metódico, que avanza sin prisa pero sin pausa en sus causas, y que decidió poner el caso en manos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba. Los agentes de la UDEF usaron como guía la información reservada del propio Ayuntamiento, donde en los últimos tres meses han tenido intensas reuniones con la Asesoría Jurídica Municipal.

El atestado de la Policía Nacional aún es secreto y no lo conoce ni el juez, que lo espera para tomar una decisión judicial sobre el concejal cordobés y los 12 empresarios detenidos. De momento, sobre él pesan imputaciones policiales, pero no judiciales. Técnicamente sigue siendo un testigo de la causa que lo ha acabado deteniendo, y en la que la Policía trata de demostrar que recibió dádivas o regalos (se plantea que incluso fines de semana en un balneario como presunto regalo) a cambio de obtener contratos, que a su vez eran troceados para, supuestamente, saltarse los controles legales del propio Ayuntamiento. Posteriormente, un informe de la Intervención General de Fondos llegó a señalar que hubo obras que se pagaron dos veces y otras que se abonaron y ni siquiera se ejecutaron.

Una defensa al ataque

Esta semana, ante el Pleno, David Dorado ha defendido su inocencia. Pero prácticamente desde el día en el que recibió la primera denuncia, siendo aún concejal con cargo, David Dorado decidió defenderse pasando al ataque. Encargó una auditoría interna sobre el funcionamiento de otra de las áreas de Infraestructuras, Alumbrado Público, la llevó a la Fiscalía y otro juzgado, el de Instrucción número 2, ha decidido instruir diligencias. Dorado denunció la existencia de una “trama organizada” para, supuestamente, amañar contratos relacionados con el alumbrado público.

En su auditoría, Dorado activó un ventilador que llega hasta el año 2012, que no es una fecha cualquiera. En aquel ejercicio, el concejal de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, el que se encargaba de los contratos públicos, era el actual alcalde de Córdoba, José María Bellido. La Fiscalía, en un extenso escrito, aludía a empresas cooperadoras necesarias en los presuntos delitos que analiza, que una empresa investigada ya hizo en 2013 un trabajo para el Ayuntamiento que suscitó reparos y que existe un expediente de alumbrado de 2012 solicitado al Ayuntamiento, que no se ha encontrado aún. Fue sobre ello a lo que aludió el propio Dorado al decir que habría que ver “quién podría relajarse y quién no”.

Aquella denuncia pública marcó un antes y un después. En agosto de este año Dorado dejaba de representar al grupo de Ciudadanos con el que el PP forma gobierno y pasó a ser concejal no adscrito, dejando aún más en minoría al alcalde y su equipo. Las reacciones de todos los grupos de la oposición -PSOE, IU, Podemos y Vox- no se hicieron esperar. Y en menos de 24 horas, Dorado dio marcha atrás y revocaba su propia decisión de dejar el grupo de Ciudadanos. Pero apenas un día después la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Isabel Albás, requería el acta de concejal a Dorado y el edil pasó definitivamente al grupo de no adscritos.

A la espera de dos jueces

Tras su detención del lunes, Dorado confirmó el jueves que no piensa dimitir. Sostuvo su inocencia y espera que el juez le retire los cargos que le imputa la Policía Nacional. Además, espera también que el juez que investiga su denuncia acabe ampliando las diligencias. Al contrario, desde el equipo de gobierno se sostiene que lo que se espera en breve es el archivo de esta segunda causa.

Pero aún queda una tercera. Ya sin Dorado en el cargo y como concejal no adscrito, el propio equipo de gobierno ha detectado que en el Área de Infraestructuras se habían incrementado las facturas por importe de 500 euros, tope mínimo que se estableció para los controles de trabajos para el Consistorio. El nuevo concejal, Antonio Álvarez, sostuvo que se habían denunciado estos hechos, ya que se pensaba que los empresarios investigados en el primer caso se habían puesto de acuerdo en un nuevo intento por eludir los contratos municipales de gasto público. Esta información también ha sido trasladada a la Policía Nacional que investiga lo sucedido en los contratos municipales de Infraestructuras.

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