David Dorado, en el centro del salón de plenos

David Dorado se ha convertido en el primer concejal del Ayuntamiento de Córdoba en ejercicio que ha sido detenido por cuestiones relacionadas con su cargo. Al menos, el primero desde la restauración democrática de 1979.

En estos más de 40 años, no ha habido ningún concejal en su cargo que haya sido oficialmente arrestado, por la Policía Nacional, la Local o por la Guardia Civil, en la ciudad de Córdoba. Obviamente, tampoco ningún alcalde. Lo que no quiere decir que no haya habido problemas judiciales. Un regidor, Herminio Trigo, fue inhabilitado tras ser condenado por prevaricación, un delito del que posteriormente fue indultado. Y ha habido concejales que han tenido que declarar como imputados o investigados en el ejercicio de sus competencias. El último, absuelto, fue Rafael Navas, edil en el mandato de José Antonio Nieto que se sentó en el banquillo por la cesión de la gestión del Alcázar de los Reyes Cristianos.

David Dorado se ha convertido en el primero en ser arrestado. No en el único. En mayo del año pasado fue detenido Juan Alcántara, concejal de Podemos, pero por quedarse con 110 euros que se encontró en un cajero automático. El dinero tenía dueña, aunque se lo devolvió posteriormente. Pero ese arresto no tuvo nada que ver con su ejercicio como concejal. Aún así, Alcántara acabó dimitiendo y se marchó a su casa.

Dorado es hoy un concejal sin competencias ni partido. Tras el estallido del primer caso Infraestructuras, denunciado e investigado por la concejala Amparo Pernichi, recientemente fallecida, Dorado fue apartado de sus competencias. Dejó de ser concejal de Infraestructuras y presidente de Sadeco, aunque siguió como portavoz de Ciudadanos. No fue expulsado hasta que el propio Dorado presentó una denuncia que dio inicio al segundo caso Infraestructuras, y en el que cargó duramente contra sus compañeros de partido pero sobre todo contra el alcalde, José María Bellido. La tensión derivó este verano en su salida de Ciudadanos y su paso al grupo de concejales no adscritos.

Este lunes, David Dorado acudió a declarar a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Campo Madre de Dios. Junto a él, los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en Córdoba habían citado a otros 12 empresarios más. Lo que no esperaba Dorado era que al entrar en el despacho policial un agente le leyera sus derechos y, oficialmente, lo detuviera. Dorado se negó a declarar a las preguntas de la UDEF, con el argumento de que ya se las había contestado al juez de Instrucción número 4 de Córdoba, el popular José Luis Rodríguez Laínz, instructor hace más de una década del caso Bretón. A los pocos minutos, los mismos agentes que lo habían detenido lo ponían en libertad, pero con tres cargos concretos: cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

Dorado tendrá que comparecer ante el juez para declarar de nuevo. Lo hará ya acusado de estos tres delitos. El primero, el de cohecho, es uno de los más graves de los que puede ser acusado un político. El cohecho hace referencia directamente a la corrupción, a que un cargo público o un funcionario toma unas determinadas decisiones a cambio de algo. La malversación es uno de los delitos más populares de los últimos días, por la propuesta para su reforma que están discutiendo el PSOE y ERC en el Congreso, y se refiere a la sustracción de fondos públicos. La pertenencia a organización criminal alude a que todo formaba parte de un plan y que se concretaba a través de un grupo relacionado entre sí para, presuntamente, cometer delitos. Tampoco hay constancia en Capitulares de que un concejal, en el ejercicio de sus funciones, haya sido acusado de delitos tan graves.

Además, a la presunta organización criminal de la que según la UDEF supuestamente formaba parte Dorado se le atribuyen otros tres delitos más: prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias. La prevaricación supuestamente alude a la toma de decisiones injustas a sabiendas, y desde la administración. En principio se referiría al papel de los funcionarios procesados. La falsedad documental a la existencia de facturas que no se corresponden con la realidad. Y finalmente el tráfico de influencias, cuando alguien influye en un funcionario público para que tome unas determinadas decisiones.

El caso

En este caso, el juez mantiene como investigados al funcionario jefe de mantenimiento de edificios municipales y colegios y a la excoordinadora que nombró Ciudadanos en este área del Ayuntamiento de Córdoba. El caso investiga los contratos de Infraestructuras en obras que supuestamente no se ejecutaron, proyectos que se pagaron doble o contratos presuntamente fraccionados.

Además, el juez también investiga un posible delito de malversación de caudales públicos a cuenta de dichos contratos, que suman un total de 42 expedientes objeto de la investigación judicial. Sobre ellos, la Fiscalía halló inicialmente indicios de estos presuntos delitos, con troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones.

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