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La Policía detiene al concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado

David Dorado, en los juzgados de Córdoba

Pedro Águeda / Alfonso Alba

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La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía desarrolla este lunes una operación anticorrupción en Córdoba en la que han sido detenidas más de una decena de personas, han adelantado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. Entre los arrestados, aunque ya ha sido puesto en libertad con cargos, figura David Dorado Raez, concejal que obtuvo el acta en la lista de Ciudadanos y que en agosto pasado decidió dejar el grupo municipal del partido que lidera Inés Arrimadas. Dorado fue delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento. Junto a él, han sido arrestados y también puestos en libertad, 12 empresarios. Todos comparecerán este martes ante el juez.

Según han confirmado fuentes policiales, Dorado está acusado de tres delitos: Cohecho, malversación de caudales públicos y grupo criminal. Dorado había sido citado a declarar en calidad de investigado este lunes en la Comisaría de Campo Madre de Dios. Allí, se le han leído sus derechos y se ha arrestado. El concejal ha sido puesto en libertad con cargos, según han confirmado fuentes judiciales. Por su parte, su defensa ha mostrado su total colaboración con la justicia y sostiene la inocencia del concejal, que forma parte ahora del grupo de ediles no adscritos en el Ayuntamiento de Córdoba.

Se trata de un caso de presuntas adjudicaciones irregulares de obras y servicios que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, dirigido por el magistrado José Luis Rodríguez Laínz. A los detenidos se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal, según las fuentes consultadas por elDiario.es.

Este caso saltó a la esfera pública cuando en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

Para esas fechas, en junio de 2021, el alcalde, José María Bellido, descartaba el cese del concejal responsable de Infraestructuras, David Dorado, al apreciar que en la información reservada municipal sobre los contratos no aparecía nada relacionado con su gestión.

Fiscalía halla indicio de delitos e imputa a dos cargos

No fue hasta noviembre cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso.

Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

En paralelo, en noviembre de 2021, el gobierno municipal abre un segundo procedimiento de información reservada sobre contratos de Infraestructuras, ampliando la horquilla de fechas de estos, para investigar los de años anteriores. Al frente de esta orden, como alcalde accidental, estuvo el propio David Dorado, que quiso poner sobre la mesa contratos del área de mandatos anteriores, desde 2012.

Retirada de competencias a Dorado

El resultado de la investigación de la Fiscalía y su traslado al juzgado llevó consigo la primera decisión política en el gobierno municipal: cesar a la coordinadora del área de Infraestructuras. Y a continuación, el 29 de noviembre, la segunda decisión: retirar a David Dorado todas sus competencias en el gobierno municipal: la responsabilidad en Infraestructuras, la presidencia de Sadeco y ser teniente de alcalde.

Con el año 2022 recién estrenado, el 26 de enero, se conoció que el juez a cargo del 'caso Infraestructuras' imputó a un funcionario de Infraestructuras y a la excoordinadora del área por supuestos delitos en los contratos investigados. Ambos tuvieron que declarar ante el juez. Y en su declaración, ya en abril, la excoordinadora señalaba a Dorado y a los técnicos en la toma de decisiones.

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