Alcaldes de IU piden retomar la exigencia de 10 peonadas en vez de 35 para percibir la renta agraria

Más de 70 alcaldes de Izquierda Unida -entre ellos de la provincia de Córdoba-, han presentado este martes un manifiesto conjunto dirigido al Gobierno de España para solicitar la reinstauración inmediata del umbral reducido de 10 peonadas para acceder a la renta agraria, frente a las 35 peonadas que volvieron a ser obligatorias desde el 1 de julio tras finalizar la medida el 30 de junio.

El alcalde de Carcabuey (Córdoba), Juan Miguel Sánchez, ha asegurado que “las administraciones públicas debemos luchar contra la despoblación con hechos concretos y no con discursos vacíos” y tras esa reflexión ha reclamado al Gobierno “que ayude a los jornaleros y jornaleras de nuestra tierra con esta medida, tan necesaria y justificada, que aliviará a un sector golpeado por la precariedad, la temporalidad y otros factores que ponen en riesgo nuestros cultivos y el trabajo digno y tan necesario del campo andaluz”.

Los firmantes del manifiesto subrayan que esta decisión llega en “un momento crítico” para el mundo rural andaluz por considerar que atraviesa “una crisis estructural” como consecuencia de “la sequía más prolongada desde los años 60, la despoblación acelerada y las carencias de infraestructuras y servicios públicos en los pequeños municipios”, según una nota de esta federación.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) define la renta agraria como “una prestación por desempleo dirigida a personas trabajadoras eventuales incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social (SEASS) residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura”.

Precisa que la cuantía de la renta agraria viene determinada por el número de jornadas reales trabajadas justificadas y especifica que para una horquilla de entre 35 y 64 jornadas, se percibirá el 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), que en estos momentos es de 600 euros mensuales.

IU Andalucía ha señalado la pérdida de más de 200.000 personas en municipios rurales durante la última década para remarcar “la magnitud del problema demográfico regional”.

Los ayuntamientos también reclaman una reforma estructural del modelo de protección agraria que aborde “la crisis agravada por la emergencia climática, la ausencia de relevo generacional, la caída de jornales y la crisis de la agricultura y ganadería profesionales”.

El manifiesto alerta de las consecuencias de esta medida en un contexto de múltiples factores de crisis que afectan a un sector agrario que, pese a su importancia social y económica, carece de condiciones para garantizar su sostenibilidad.