Neonazis: amenaza pública, trato privilegiado
Sobre este blog
Sergio Gracia Montes es graduado en Derecho por la Universidad de Córdoba. En 2018 impulsa desde Córdoba el Centro de Investigación de la Extrema Derecha (Cinved), con el que analiza y estudia los movimientos populistas y extremistas en España y a nivel internacional. Gracia cuenta con amplia formación en materia religiosa, política y de derechos humanos, e interviene en medios nacionales (Cuatro, La Sexta, Huffington Post, El Independiente, El Confidencial o El Temps) como experto en fanatismos y movimientos de ultraderecha.
Durante décadas, los grupos neonazis y ultraderechistas, han perseguido, agredido e incluso asesinado a personas por motivos de ideología, color de piel, origen, nivel económico, orientación sexual, identidad de género o creencia religiosa. Su historia no es la de una simple “opinión política radical”, sino la de una violencia organizada contra quienes consideran inferiores, enemigos o prescindibles.
Sin embargo, cada vez que estos grupos salen a la calle, una parte de la sociedad observa una escena difícil de digerir: cordones policiales protegiendo sus concentraciones, dispositivos de seguridad garantizando sus recorridos y fuerzas del orden separándolos de quienes protestan contra ellos. Por ello, surge entonces la pregunta incómoda. ¿Por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad protegen a quienes históricamente han perseguido y atacado a los sectores más vulnerables de la población?
La respuesta oficial suele apoyarse en el derecho de reunión, la libertad de expresión y la obligación institucional de evitar altercados, ya que, en un Estado de derecho, incluso las ideas más repugnantes pueden quedar amparadas por garantías legales si no cruzan determinadas líneas rojas. La policía, en teoría, no protege la ideología neonazi, protege el orden público, evita enfrentamientos y garantiza que una concentración autorizada no derive en violencia.
0