La Policía barajó el móvil económico desde primera hora en el crimen de Huerta de la Reina

Los agentes no hicieron detenciones en 2010 porque no encontraron pruebas que sustentasen suficientemente sus sospechas y hubo de esperar a 2012 a que una denuncia diese un vuelco al caso

La Policía Nacional barajó desde el primer momento el móvil económico en el crimen del barrio de Huerta de la Reina, ocurrido en diciembre de 2010 y que se juzga desde este lunes en la Audiencia de Córdoba. El agente que dirigió la investigación ha contado esta mañana ante el tribunal y el jurado que está procesando a los tres acusados que, en cuanto averiguaron que la víctima (un exminero jubilado y alcoholizado) recibía una importante pensión de invalidez todos los meses, comenzaron a sospechar que ese podía ser un móvil. Esto, sumado al hecho de que su compañera de piso reconocía haber variado su rutina diaria ese día, hizo sospechar a los investigadores de que podía haberse producido un plan para asesinar al exminero a cuchilladas y martillazos y quedarse con la pensión.

Una de las cosas que más hicieron sospechar a los investigadores del móvil económico, además de propia existencia de la pensión de la víctima, fueron las características de las heridas que tenía y algunos rasgos del cadáver. “Tenía heridas punzantes en su torso, como de haber recibido amenazas e intimidaciones; y luego tenía los bolsillos del pantalón sacados hacia afuera, como si hubiese sido registrado”. “Las declaraciones de la mujer tampoco nos resultaban claras en cuanto a los tiempos”, recuerda el agente, “pero en aquel entonces no teníamos ni pruebas ni indicios suficientes para acusar a nadie y no hubo detenciones”, reconoció.

La investigación del crimen se mantuvo en un callejón sin salida hasta que dos años después un hombre acudió a casa de la hoy acusada para reclamarle el dinero que ella supuestamente le habría prometido por acabar con la vida de aquel hombre en 2010. En ese momento, el marido de la acusada, que también está acusado por colaboración en el crimen, acudió a la Guardia Civil para denunciar todos los hechos. En la Comandancia de Córdoba y en presencia del agente de la Policía Nacional que había dirigido la investigación, la pareja de la mujer hizo un relato de los hechos que en algunos aspectos encajaba con las sospechas que tenían los investigadores: que el móvil del crimen era el dinero que recibía periódicamente la víctima.

Aquel relato detallaba pormenorizadamente todo el plan. Pero el denunciante no ratificó su versión ante el juez instructor. Y tanto él como su pareja han preferido atenerse a su derecho a no declarar en la primera sesión del juicio, celebrado este lunes. El presunto sicario, también sentado en el banquillos, ha negado todos los hechos.

La denuncia de la pareja de la acusada sirvió para cimentar el escrito de calificación del fiscal. En resumen, el fiscal acusa a la mujer y a su marido -que estaba en la cárcel en el momento del asesinato- de planear la muerte del hombre con el que la mujer compartía piso para quedarse con una pensión que la víctima recibía todos los meses y que en diciembre de 2010 iba a sumar 5.000 euros gracias a las distintas extras.

El ministerio público considera que uno de los tres acusados fue contratado en 2010 como sicario por una mujer -también sentada en el banquillo- que le habría pagado para que matase al compañero de piso de ésta. El asesinato lo habría realizado el acusado con la ayuda de otra persona, que no ha llegado a ser identificada ni detenida, y la connivencia del marido de la mujer. La Fiscalía pide penas de 20 años por asesinato, tanto para la mujer como para el sicario que es juzgado, además de cuatro años de cárcel por robo para ambos y tres más por amenazas. A la pareja de la acusada le pide 10 años como cómplice de asesinato.