Sumar pregunta al Gobierno por los lanzacohetes de tecnología israelí usados contra Gaza que se fabricarán en Córdoba

La fabricación en Córdoba de los lanzacohetes SILAM con tecnología israelí de última generación llegará al Congreso de los Diputados. El Gobierno de Pedro Sánchez deberá responder a cuatro preguntas formuladas por el parlamentario Enrique Santiago en relación al letal armamento probado por el Ejército israelí en Gaza y Líbano, tal como desveló el pasado viernes Cordópolis.

El Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM), que desarrollará la compañía Escribano M&E y Expal, es un modelo basado íntegramente en el PULS, un potente arma diseñada por la firma israelí Elbit Systems y usada en combate en los territorios palestinos ocupados ilegalmente desde 1967. “¿Es cierto que el lanzacohetes con tecnología israelí que se va a fabricar en Córdoba ha sido probado en Gaza?”, pregunta Enrique Santiago en un escrito dirigido al Gobierno a través de la Mesa del Congreso.

La fabricación en Córdoba de los lanzacohetes SILAM forma parte de un macroproyecto adjudicado por el Ministerio de Defensa el pasado diciembre para la adquisición de material militar valorado en casi 700 millones de euros. Escribano ya ha comprado una parcela de 23.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico de Rabanales 21 donde pondrá en marcha la primera fase del proyecto, con una inversión inicial de 20 millones de euros y la generación de 40 empleos directos.

“La fabricación de esos cohetes es una violación del derecho internacional humanitario porque con ellos se está cometiendo un genocidio”, declaró tajante a Cordópolis el diputado de Sumar por Córdoba. “En Gaza no hay una guerra”, agregó Enrique Santiago; “hay una operación de exterminio del pueblo palestino”. El parlamentario aseguró que Córdoba “puede ser cómplice” con la fabricación de ese tipo de armamento probado en combate para “exterminar a un pueblo inocente”.

En su opinión, el Gobierno español debería haber suspendido “cualquier relación comercial” con una empresa que participa en la “violación de derechos humanos”, en alusión a Elbit Systems. Enrique Santiago apeló, por tanto, a la aplicación de la “cláusula de respeto a los derechos humanos” que establecen los convenios comerciales de la UE con terceros países. Y recordó que su formación política ya ha pedido la cancelación de “cualquier transacción de carácter militar con Israel”.

Sumar también le pregunta al Gobierno, en cuyo Consejo de Ministros participa con cinco carteras, si la adjudicación del contrato al conglomerado liderado por Escribano “se formalizó antes o después de que Israel desencadenara la guerra en Gaza”. La cuestión no es baladí. El Ejecutivo anunció días después de la devastadora operación de represalia por los atentados de Hamás que suspendía la exportación de armas a Israel. Semanas después, elDiario.es desveló, sin embargo, que los envíos de material bélico han seguido pese al compromiso de Sánchez.

Con todo, los compromisos internacionales de España le vinculan cuando se trata de la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos. En el caso del proyecto de Córdoba encargado por el Ministerio de Defensa, el material militar que se fabrique se destinará a aprovisionamiento del propio Ejército español. Desde ese punto de vista, se trata de una operación “perfectamente legal” en términos de legislación internacional, según estimó el analista Alejandro Pozo, en conversación con Cordópolis. “Otra cosa es que sea ética”, subrayó. Elbit Systems es el primer fabricante de armas de Israel y 24 del mundo por volumen de ventas y produce abundante equipamiento militar que se prueba en combate en los territorios ocupados de Palestina. El Gobierno noruego sancionó a la compañía israelí en 2009 por participar en la construcción del muro de separación de Cisjordania, declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

En esa misma línea, el diputado Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, pregunta a sus socios de Gobierno si tiene previsto “aplicar sanciones” a la empresa Elbit Systems atendiendo a la cláusula prevista por la UE en relación a operaciones militares con terceros países que transgredan los derechos humanos. Israel ha incumplido una veintena de resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU desde su fundación en 1948. Además de retirarse de los territorios ocupados, el Estado israelí tiene la obligación de permitir el retorno de los cientos de miles de refugiados que fueron expulsados de sus pueblos a partir de 1947 para poner en marcha lo que muchos expertos y organizaciones humanitarias describen como una “operación de limpieza étnica”.

Sumar también quiere saber si el Gobierno “está cumpliendo el compromiso de cancelación temporal de transacciones militares tras el 7 de octubre”. Ese día, un comando de Hamás se adentró en territorio israelí y perpetró una masacre contra la población civil, que le costó la vida a más de 1.200 personas. La respuesta del Ejército israelí dura ya seis meses de mortíferos ataques, con más de 33.000 muertos, el 80% de las viviendas destruidas y 1,5 millones de desplazados forzosos en el interior de la diminuta franja de Gaza.

El lanzacohetes PULS, modelo del que se va a fabricar en Córdoba, ha sido ampliamente utilizado por el Ejército israelí en los territorios ocupados y Líbano. Elbit Systems vende armamento en todas las ferias internacionales con el reclamo publicitario de que se trata de productos bélicos ensayados ya en combate. “No es un producto probado en un laboratorio”, puntualizó Alejandro Pozo. “El laboratorio es Gaza”. El analista del Centre Delás valora como un hecho “muy negativo” que en las ferias de armas se venda como una atracción mercantil el uso de productos bélicos en “lugares donde quien paga es la población”.

La de Sumar es la segunda iniciativa parlamentaria relacionada con Córdoba en dos días. El pasado lunes Enrique Santiago presentó, en colaboración con el diputado Félix Alonso Cantorné, otra pregunta al Gobierno en relación a la eventual celebración de una Feria Internacional de Defensa y Seguridad en Córdoba. “¿Qué grado de participación tendrá el Ministerio de Defensa en esta feria de armas?”, inquirió el parlamentario de Sumar por escrito. En el texto, dirigido también a la Mesa del Congreso, solicita información sobre la posible existencia de ayudas públicas al evento militar.

Finalmente, Enrique Santiago dirige sus pesquisas hacia la empresa israelí Elbit Systems, socia de Escribano y Expal en el proyecto de Córdoba. El diputado quiere saber, y así se lo formula al Gobierno, si la feria contará con alguna compañía militar israelí y si se expondrá armamento bélico probado en combate en Gaza. Las cuestiones aún no han sido respondidas por el Ejecutivo. La feria de armas ha recibido el rechazo de un colectivo antimilitarista, que ha difundido un manifiesto días atrás exigiendo su suspensión.