Un libro radiografía los caminos rurales andaluces: “La falta de normativa conduce a la conflictividad”

El primer dato ya impacta: los caminos y senderos públicos de Andalucía constituyen una masa de terreno casi tan grande como la superficie de Bélgica. Prácticamente, 225.000 kilómetros (de los que 203.998 kilómetros son caminos, y 21.062 kilómetros son senderos), que, además, tienen un valor social, agrícola, cultural y deportivo, que en números redondos ronda los 44.000 millones. Un pastel demasiado jugoso que también invita al aprovechamiento ilícito. 

Estas son sólo algunas de las conclusiones que ofrece el sociólogo David Moscoso, coautor -junto a Manuel Trujillo y José María Nasarre- del libro Caminos y senderos públicos de Andalucía. Un estudio normativo, sociológico y cartográfico (Almazara), donde se revelan los entresijos de una problemática que ha pasado desapercibida durante mucho tiempo: la gestión de los caminos rurales en la comunidad autónoma andaluza. 

Moscoso, quien como parlamentario andaluz fue promotor de la Ley de Caminos Públicos Rurales -aprobada por todos los grupos-, conoce bien la materia como deportista (lo suyo es el alpinismo, aunque disfruta mucho del senderismo), pero se planteó trazar un mapa más completo sobre este patrimonio: ¿De qué hablamos cuando hablamos de caminos públicos y senderos? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿De quién son y quién se los puede apropiar? ¿Cuántos están en riesgo y por qué amenazas?

Son solo algunas cuestiones que el autor ha querido poner sobre la mesa, ante la falta de gestión que sigue habiendo sobre estas vías, que suman 2.157.000 de hectáreas de superficie pública, y que, años después de la aprobación de la ley andaluza, siguen inmersas en un “limbo normativo” que muy a menudo conduce a la conflictividad. 

El 25% del territorio andaluz son caminos y senderos rurales

Pero lo primero fue el análisis cartográfico, que reveló la extensión impresionante de la red de caminos y senderos públicos en Andalucía: 225,060 kilómetros, prácticamente el 25% del territorio andaluz, equivalente a sumar “las provincias de Sevilla y Granada juntas”, explica. 

Un trozo de terreno, por llamarlo de algún modo, que genera intereses desde diversos ámbitos: el turismo, la agricultura, la ganadería, el deporte, la vecindad, la seguridad, el urbanismo, la cultura y el medio ambiente. “Si hay diversidad de intereses materiales, surge la conflictividad. ¿Por qué? Porque hay una débil ordenación y hay poca o escasa vigilancia de esta infraestructura, así como mucho abandono por parte de la administración. Y todo eso deriva en un conflicto sobre la propiedad”, reflexiona.

Los autores, de hecho, han mantenido un diálogo diverso y enriquecedor con diversos colectivos que convergen en torno a la problemática de los caminos rurales en Andalucía. Desde la Federación Andaluza de Montañismo hasta la Federación Andaluza de Ciclismo, pasando por la Federación Andaluza de Caza, la Plataforma A Desalambrar, la Asociación de Titulares de Empresas y Cotos de Caza, las organizaciones agrícolas o los Amigos del Camino de Santiago. Además, se han sumergido en las relaciones con los entes gubernamentales, incluyendo ayuntamientos, diputaciones y las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura de la Junta de Andalucía.

El senderismo produce un impacto de 543 millones en Andalucía

En este proceso de diálogo, también ha podido sacar a la luz datos sorprendentes: “Tras la agricultura y la ganadería, el senderismo es, hoy por hoy, la actividad que más impacta en el medio rural: genera a nivel nacional 9.742 millones de euros al año –son 3.267 millones de euros más que el impacto de la caza-.

De ellos, el impacto económico en Andalucía es de 543 millones de euros al año, ingresos que se quedan en el medio rural, sobre todo en forma de alojamientos rurales y gastronomía“, detalla Moscoso, que añade que ”8,5 millones de españoles practican hoy senderismo, frente a un millón de cazadores“.

A pesar de estos datos, cuenta, es común encontrarse caminos y senderos públicos cerrados por la celebración de una montería. También porque alguien, sencillamente, se los ha apropiado y los ha vallado porque le molestaba el tránsito. Y es que, según el sociólogo, la carencia de una ordenación adecuada y la escasa vigilancia por parte de la administración contribuyen a los problemas de propiedad, usurpación, cierre de caminos, confrontaciones entre usuarios y más cuestiones que acaban, en centenares de ocasiones, en los tribunales de justicia.

“Hay una analogía muy común que es entre los propietarios de tierras que cierran los caminos y los parcelistas”, señala el autor del libro, que reconoce que, durante el proceso de escritura, ha descubierto que existe “una preocupación compartida sobre la apropiación indebida de lo público”, una cuestión que se vuelve más urgente en un momento en que la expansión urbana puede amenazar la integridad de estos caminos rurales, algo que a nadie se le ocurriría que pudiera pasar en una urbe, donde nadie permitiría que un vecino cortara una calle porque le molesta que por ella ande la gente.

Moscoso advierte, de hecho, de que la falta de acción en este tema puede tener repercusiones negativas en el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio en Andalucía. Y remarca que el libro no solo presenta los problemas existentes, sino que también ofrece recomendaciones para mejorar la gestión de esta infraestructura vital para la región.

Ninguno de todos estos desafíos se soluciona recorriendo un camino público, pero igualmente Moscoso se despide recomendando el que más le gusta a él: el que va desde la ermita de Cabra hasta el río Bailón, a cuyo término se puede ver el castillo de Zuheros, tras atravesar los paisajes agrestes, bosques autóctonos y cascadas que enriquecen la experiencia de pisar el suelo terrizo que es de todos los andaluces, mientras nadie se lo apropie.