El 'caso Pozoblanco' o cómo el PP cerca a uno de sus concejales por descubrir a un joven con sueldo municipal sin trabajar

El nuevo curso político en el Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) ha comenzado, cuanto menos, complicado. Santiago Cabello, del Partido Popular, es alcalde del municipio desde el año 2017. Cabello accedió al cargo tras un pacto con un partido local, Pozoblanco en Positivo, liderado por Emiliano Pozuelo (que después acabó en Ciudadanos). Ambas formaciones se repartieron la alcaldía durante dos años. El PP la asumió en 2017 y en 2019 logró una amplia mayoría absoluta. En las elecciones del pasado mes de mayo, consiguió más de la mitad de los votos depositados por los pozoalbenses. El PP tiene 11 concejales, por cuatro del PSOE y dos de Izquierda Unida.

Entre esos 11 concejales se encuentra Gerardo Arévalo, un abogado especializado en Derecho del Trabajo. Nunca antes había entrado en política pero, semanas antes del cierre de las listas para la candidatura, el alcalde de Pozoblanco le pidió formar parte de su equipo. Accedió, ocupando además un puesto relevante: el número 3. Al mes y medio de formar parte del equipo de gobierno presentó al PP su intención de abandonarlo, pero cambió de idea y continuó.

Su trabajo diario en la concejalía que se le asignó, Personal e Interior, le llevó a investigar una documentación a la que iba teniendo acceso: el Ayuntamiento pozoalbense había pagado durante cinco meses y nueves días a un joven que no iba a trabajar. No había contratos firmados, aunque sí sus nóminas. Tampoco había pruebas de que hubiera acudido a su puesto de trabajo. Resultó ser el hijo de la secretaria personal del alcalde. La respuesta al caso ha sido la aprobación en Pleno de una comisión de investigación y el silencio del PP provincial hasta este mismo miércoles, cuando su presidente, Adolfo Molina, ha respaldado la investigación interna iniciada por el alcalde.

16 de diciembre de 2022

La comisión de selección de personal del Ayuntamiento se reúne para valorar a los dos candidatos a cubrir un puesto de integrador social adscrito al programa iniciativa para promoción del empleo juvenil Joven Ahora. En él, consta que el joven es el que más puntos cuenta para acceder al puesto, en detrimento de una segunda candidata. Esta acta es respondida con un informe-propuesta de la anterior concejala de Personal, que señalaba que el candidato no podía ser contratado porque presentaba un encadenamiento de contratos. Ante ello, propone que quien debe ocupar el puesto de integrador social es la joven que ha quedado como suplente. Fue ella quien finalmente fue a trabajar y cobró por ello, aunque no se había firmado su contrato. Pese a ello, el joven cobró lo mismo que la chica hasta junio de 2023, exceptuando el mes de enero, único mes que no se le efectúa ingreso.

3 de febrero de 2023

El joven presenta en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito afirmando que el día 2 había visto un ingreso de 373,65 euros en su cuenta bancaria, que no estaba trabajando y que estaba dado de alta en la Seguridad Social. En ese escrito aseguraba, “a efectos informativos, que los contratos financiados con fondos europeos como el presente no computan a efectos de concatenación de contratos”. Pidió, además, que se subsanaran los errores posibles, que se le informara de cuándo se incorporaría a su puesto y de cómo iba a recuperar las horas perdidas. Este es el único documento del joven que tiene el Ayuntamiento. En los sucesivos meses no alertó de que estaba cobrando sin trabajar.

17 de febrero de 2023

Dos semanas después del escrito, y aludiendo al mismo, el alcalde realiza un requerimiento al departamento de Recursos Humanos para que se convoque la Mesa de Selección de Personal para el 22 de febrero con el objetivo de baremar de nuevo a los candidatos y “desbloquear” la situación. La Mesa se acaba celebrando dicho día y se certifica que el joven es el mejor candidato.

2 de marzo de 2023

Tras obtener el acta de celebración de la Mesa, el alcalde pide a Recursos Humanos que se eleve a Alcaldía el decreto de contratación.

7 de marzo de 2023

El alcalde requiere de nuevo a Recursos Humanos que eleve el decreto de Alcaldía para su firma que, finalmente fue subido el 14 de marzo.

29 de noviembre de 2023

En junio arranca un nuevo mandato del PP. El concejal de Personal, Gerardo Arévalo, firma y envía un requerimiento al joven dado que, ante la falta de datos en el Ayuntamiento, era necesario aclarar por qué había faltado a su puesto de trabajo como integrador social. En caso de que no hubiese excusa legalmente establecida para justificar dicha ausencia, le rogaba que contactara con el personal técnico del Ayuntamiento para la devolución de las cantidades incorrectamente percibidas. El edil comunica a un ordenanza que le entregara al joven el documento en mano. Para ello, se trasladó a su vivienda, pero, ante la falta de respuesta, dejó un aviso por debajo de la puerta para que se personara en el Ayuntamiento y proceder así a la recogida de la notificación. La misma fue entregada a otra trabajadora municipal hasta que el joven la recogiera, siguiendo el procedimiento habitual.

Sin embargo, al día siguiente, la madre del joven acude a recepción para recoger la notificación en representación de su hijo. Posteriormente, indicando que el alcalde quería ver también el acuse de recibo de esa notificación, así como el aviso de la misma y que el ordenanza dejó por debajo de la puerta, pide que se los dé, retirando todo documento del procedimiento abierto. En vistas a este hecho, el concejal de Personal solicita de nuevo al ordenanza que procediera a notificar al joven el contenido del requerimiento. El documento fue respondido por el chico, afirmando que no devolvería lo cobrado.

7 de diciembre de 2023

La delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, firma un expediente provisional de devolución total de una subvención otorgada a este Ayuntamiento para contratar a personas jóvenes. Aunque el contrato del joven estaba sujeto a estos fondos, nunca se llegó a mandar a la Junta dicho contrato, tal y como ya señaló la delegada. Tras la subsanación, el Consistorio tendrá que devolver unos 30.000 euros. Entre los motivos de este expediente aparece el puesto de integrador social que cubrió la joven porque su contrato no estaba firmado por el alcalde. El requerimiento llega al Ayuntamiento el 11 de diciembre.

15 diciembre de 2023

El alcalde envía un requerimiento a Personal y a funcionarios de la delegación dejando constar su “desconocimiento absoluto” de la existencia de dicho expediente de reintegro. Sin embargo, en el documento al que ha accedido este medio, el concejal refuta lo afirmado por Cabello y asegura que el regidor “tenía conocimiento pleno de todas las actuaciones” a través de “conversaciones” entre ellos. Además, Arévalo le recuerda que “recibe copia de todo el registro de entrada, telemático y en papel, a través de su secretaria personal, por lo que ha tenido conocimiento sin duda alguna de todos los requerimientos realizados por la Junta de Andalucía”.

En este mismo escrito, el concejal aprovecha de nuevo para pedirle explicaciones al alcalde sobre esta contratación dado que, hasta la fecha, no ha obtenido ninguna. A este respecto, el edil relata que el caso lo ha hablado con él “en diferentes ocasiones, recibiendo evasivas”, por lo que tuvo que “reaccionar. Primero, requiriéndole por correo electrónico para iniciar averiguaciones, pero no contestó. Más tarde me vi obligado a actuar de forma administrativa, tomando dicha decisión ante su inacción o inactividad”.

Por ello, desconoce “la intencionalidad del requerimiento” recibido, pero el edil comunica que espera que “no tenga nada que ver, ni sea represalia, por tomar la iniciativa” en este caso, “ya que toda acción” que ha realizado “ha ido encaminada a velar por el interés general, la legalidad y de acuerdo con el criterio del personal técnico del Ayuntamiento”.

4 de enero de 2024

El concejal envía al alcalde una nota interna exponiendo su punto de vista del caso. El concejal de Interior y Personal señalaba que le constaba “que, en ningún momento, el empleado municipal [el hijo de la secretaria] haya justificado su ausencia laboral durante un periodo de seis meses completos”, por lo que “sobra decir que sin prestación de trabajo y, por tanto, incumplimiento de la obligación por una de las partes, se vicia la mencionada relación y el derecho a obtener una remuneración”. El edil se lamenta además de que “no consta intención alguna de devolver las cantidades posiblemente recibidas de forma indebida”.

Ante ello, Arévalo le reclama que se apoyase en “los servicios jurídicos de la Diputación para pedir informes o esclarecer los hechos por medio de una investigación, garantizando la imparcialidad que el caso requiere (al ser compañeros de la madre del trabajador)”. El concejal exigía al alcalde el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades cobradas y que se hiciese “a petición” del propio alcalde. El concejal advierte que también podría actuar “de motu proprio” pero, “cumpliendo con la jerarquía a la que estoy sometido, le indico la forma correcta de proceder”. Pero que, “en caso de no ser así”, la investigación “se llevará a cabo desde esta concejalía, cumpliendo con los mandatos de la ley”.

El edil también valora la “versión” del trabajador investigado, el presunto intruso, que considera “poco creíble” y repleta de “afirmaciones y excusas tales como que verbalmente” pedía a un auxiliar administrativo del Ayuntamiento “su voluntad de trabajar, cosa poco realista” ya que ninguno de los compañeros de departamento de este auxiliar “tiene constancia de ello”.

8 de enero de 2024

La secretaria del alcalde de Pozoblanco y madre del joven investigado por la concejalía de Personal presenta un escrito en el Ayuntamiento denunciando un “acoso laboral” del concejal Arévalo después de que esta trabajadora accediera a la nota interna del 4 de enero. Esa denuncia de acoso aseguraba que en dicha nota interna había “faltas repetidas” a su honor y “acusaciones infundadas”. Esta denuncia no se materializó en ninguna medida contra el edil.

10 de enero de 2024

Cordópolis contacta directamente con el alcalde de Pozoblanco para transmitirle la información de la que disponía con el objetivo de conocer la opinión del máximo responsable del Ayuntamiento, a pesar de que este periódico contaba con toda la documentación del caso. Aseguró desconocer sobre qué se le estaba preguntando, desconocimiento que también tenía su gabinete de comunicación, según afirmó. Ese mismo día, Cabello plantea a Arévalo que dimitiera, peticiones que se han sucedido en el tiempo y que siempre han obtenido la misma negativa del edil.

Al día siguiente, Cordópolis publica la primera información del caso. Por la tarde, el Ayuntamiento envía una nota de prensa asegurando que se había abierto “una investigación interna” para esclarecer los hechos. Este lunes, 29 de enero, el regidor afirma que dicho procedimiento se abrió el 10 de enero.

También el 10 de enero, Arévalo, a través de una nota interna al alcalde, contestó a la denuncia de acoso que había formulado la secretaria en primer lugar, consideraba que la secretaria –al ser la madre del joven– “debe abstenerse de todo escrito o procedimiento que tenga que ver” con su descendiente “atendiendo a los artículos 23 y 24 del Régimen Jurídico del Sector Público”. En segundo lugar, defendía que la acusación de acoso laboral “es falsa” y que esta trabajadora dejó de hablar con él cuando empezó a iniciar la investigación sobre el contrato de su hijo. “Así que, llevo varios meses sin intercambiar palabra con ella, ni de forma directa ni indirecta”.

En tercer lugar, el edil manifestaba que el escrito de acoso podría tratarse “de una medida de presión para que se retire o quede sin efecto” la primera nota interna en el que pedía al alcalde que investigara el caso. Además, las afirmaciones de la secretaria suponían “un ataque falso e infundado” hacia su persona “que podría provocar” que el regidor le cesara de sus funciones. No obstante, señalaba que entendía que “no adoptaría una medida tan grave sin abrir un procedimiento de investigación oficial e imparcial” que aclarara los hechos.

Por último, advertía a Cabello de que los hechos vertidos por esta trabajadora “podrían ser constitutivos de un delito de calumnias y otro de obstrucción a la justicia, ya que, con un falso pretexto, se pretende neutralizar a la única persona que está activamente intentando esclarecer los hechos e iniciando un procedimiento que perjudica” al joven “en aras de la legalidad y el interés del Ayuntamiento”.

15 de enero de 2024

El alcalde preside la Comisión de Personal, que suele hacerlo el responsable de la delegación en cuestión. En dicha comisión, Cabello fue preguntado sobre si tenía conocimiento de un escrito de acoso laboral, pero declina hacer aclaraciones al respecto dado que “no era el lugar pertinente”. Otras fuentes señalan a este periódico que es en este tipo de comisiones donde se abordan problemas que hayan surgido entre trabajadores municipales con el fin de solucionarlos o poner medidas, pero en esta ocasión no ha sido el caso. El concejal de Personal quiso tomar la palabra, aunque sin éxito.

16 de enero de 2024

El joven demanda al Consistorio por no haberle dado trabajo a pesar de haber cobrado. Señala que era él quien había ganado el proceso de selección y que nunca ha recibido su contrato laboral ni se le ha indicado “el inicio” de su prestación laboral, a pesar de sus “múltiples intentos y requerimientos”. Sobre esta versión, el edil de Personal ya aseguró que era “poco creíble” y repleta de “afirmaciones y excusas tales como que verbalmente” pedía a un auxiliar administrativo del Ayuntamiento “su voluntad de trabajar, cosa poco realista”, ya que ninguno de los compañeros de departamento de este auxiliar “tiene constancia de ello”.

En la demanda, en la que el chico habla de “discriminación”, asegura que el haber estado cobrando sin trabajar le ha provocado una “situación de desasosiego y desesperación al no haber podido acceder a ese puesto de trabajo ”ni poder ejercer otro distinto durante esos meses“. En base a esta supuesta vulneración de ”derecho a la ocupación efectiva, a los correspondientes daños morales y a la improcedencia del despido“, el joven solicita un total de 9.505,94 euros. Tanto él como el Ayuntamiento están citados para este viernes en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía.

25 de enero de 2024

En una comisión informativa, el PP rechaza la moción presentada por IU relativa a la creación de una comisión especial de investigación del caso en la que estarían representados todos los grupos políticos del Consistorio.

29 de enero de 2024

El alcalde ofrece una rueda de prensa para hablar del caso, provocado tras una “cadena de incidencias”. Además, se refirió a una depuración de responsabilidades técnicas y políticas, aunque no habló en ningún momento del cese del concejal que ha investigado los hechos.

30 de enero de 2024

El Ayuntamiento celebra el Pleno del mes de enero. Horas antes, Cabello pidió de nuevo a Arévalo que dimitiera. El Pleno finaliza con la aprobación por unanimidad de una comisión especial de investigación sobre el caso y con un respaldo casi unánime de todos los concejales hacia el regidor. Por primera vez, el concejal de Personal pudo hablar públicamente. Le recordó al resto de la corporación municipal que él es el “único licenciado en Derecho del equipo de gobierno” y que todo lo que ha hecho “ha sido por su bien [refiriéndose al alcalde] y lo mejor para esta casa y para este pueblo. Yo llegué para servir con humildad y honradez, y por encima de las lealtades y los sectarismos están la ley. Sin ella, nos convertimos en animales”.

En su breve intervención, que no tuvo respuesta del alcalde, el concejal le espetó que si le “hubiera hecho caso” cuando le avisó del caso en numerables ocasiones, “nada de esto estaría pasando y tampoco hubiera habido noticia”. Denunció, además, los rumores difundidos por el municipio, “que hacen daño” a su familia“, y aseguró que será ”un juez de lo Penal quien tendrá que venir aquí a poner orden“.