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El alcalde de Pozoblanco pidió a su concejal de Personal la dimisión un día antes de que el caso del 'joven intruso' saltara a la prensa

Pleno en el Ayuntamiento de Pozoblanco

Alejandra Luque

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El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, pidió su dimisión al concejal de Personal, Gerardo Arévalo, un día antes de que el caso del joven intruso fuera publicado por la prensa. Tras la investigación del caso, el pasado 10 de enero este medio contactó con el regidor, que aseguró desconocer sobre qué se le estaba preguntando, desconocimiento que también tenía su gabinete de comunicación, según afirmó. Tras ello, Cabello pidió a Arévalo su dimisión, quien se negó.

Pero esta no ha sido la única petición de dimisión. Tras ella se han producido otras más -la última, este martes horas antes del Pleno municipal- que han obtenido la misma negativa del edil. Esta ha sido la respuesta de Alcaldía después de que Arévalo investigara el caso del joven, hijo de la secretaria personal del alcalde, que estuvo cobrando cinco meses sin ir a trabajar. A estas peticiones de abandono del cargo hay que añadir la falta de trabajadores en su concejalía, departamento que se iba a ver reforzado con un proceso de estabilización de personal mediante el sistema de concurso. El plazo de dicha convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), finalizó a principios del pasado mes de agosto, pero fue el 25 de enero cuando el alcalde aprobó la lista provisional de aspirantes, siendo publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia.

¿Cuánto durará Arévalo en el cargo? Toda una incógnita, porque el cese aún no se ha producido, a pesar del hostil ambiente que se respira en el Consistorio. Según otras fuentes, al mes y medio de entrar a formar parte del equipo de gobierno de Cabello, el concejal presentó al partido su intención de dimitir, aunque no llegó a materializarse. Este lunes a las 13:00, con apenas una hora para que los medios de comunicación locales y de la capital pudieran cubrir la rueda de prensa, el alcalde se reafirmó en su diligencia como regidor y alegó que este caso se ha debido a una “cadena de incidencias” de la que habría responsables técnicos y políticos. A las preguntas de una periodista sobre cuáles serían esas consecuencias, Cabello no desveló si cesaría al edil, quien se encontraba sentado en unos escalones a diferencia de sus compañeros de bancada y de partido, que se colocaron justo detrás el regidor, en clara muestra de apoyo.

En sus declaraciones, el alcalde aseguró que “nunca” firmó ni el contrato del joven ni el de la chica que finalmente sí trabajó dentro del marco de promoción del empleo juvenil Joven Ahora. Es decir, dos personas cobraron durante cinco meses y nueve días -seis meses en el caso de ella- sin contratos que respaldasen dichas contrataciones. Esta ausencia de firma en el caso de la chica fue uno de los motivos por los que la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía le pidió el reintegro total de su contrato. El contrato del joven nunca llegó a esta delegación. Del montante total que la Junta estimó en un principio -unos 252.000 euros-, el Ayuntamiento tendrá que devolver unos 30.000 euros.

Dentro de esa cantidad, según ha podido saber este medio, también está el caso de una joven que fue a trabajar durante unos días pero que no continuó, alegando que los horarios no le convenían. En este caso, el Consistorio sí dio de baja a la chica, quien dejó de percibir salario alguno. Ante la falta de justificación de este contrato, el Ayuntamiento tendrá que devolver 9.000 euros.

El alcalde defiende que intentó “desbloquear la situación”

Por otro lado, en rueda de prensa, Cabello se refirió a sus “intentos por desbloquear” este proceso de selección mediante tres escritos al funcionario correspondiente, asegurando que le resultaba “llamativo” que desde Personal “no se hiciera absolutamente nada para buscar soluciones o se transmitiera a los órganos competentes”. Estas palabras se refirieron exclusivamente a este proceso selectivo. Este periódico ha podido saber que el joven fue dado de alta en la Seguridad Social sin la correspondiente firma del regidor, quien aseguró que ese paso lo hicieron los trabajadores municipales.

Durante su intervención, el alcalde no negó que el Ayuntamiento hubiera estado pagando al joven pese a no ir a trabajar ni tampoco explicó qué había hecho el Consistorio para reclamar ese dinero tanto antes como después de la investigación de su concejal. Tras el primer y único escrito del joven alegando que no había recibido funciones de empleo, el Consistorio no volvió a recibir ninguno más. El chico siguió cobrando de febrero a junio sin que nadie del equipo de gobierno lo denunciara o alertara de ello, a pesar de que el pago de las nóminas requieren de una doble conformidad tanto del alcalde como del responsable de Personal. Semanas después de que el PP ganara las elecciones, Arévalo empezó a investigar el caso y el 4 de enero, por escrito, pidió al alcalde que tomara medidas o que, incluso, recurriera a la justicia. Debido a esta “inacción”, el edil continuó su investigación y requirió al joven que justificara su ausencia del puesto de trabajo. En caso de que no pudiera hacerlo, le emplazó a comunicarlo al departamento de Personal para iniciar el correspondiente expediente de devolución.

La situación se torna más rocambolesca cuando cinco días después de que el caso saliera a la luz pública, el chico demandó al Consistorio por no haberle dado trabajo a pesar de haber cobrado. En base a esta supuesta vulneración de “derecho a la ocupación efectiva, a los correspondientes daños morales y a la improcedencia del despido”, solicita un total de 9.505,94 euros. Tanto él como el Ayuntamiento están citados para este viernes en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía.

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