El concejal de Personal pidió al alcalde de Pozoblanco el 4 de enero que llevase al juzgado el contrato del ‘joven intruso’

El 4 de enero de este año, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Pozoblanco, Gerardo Arévalo Galán, le envió una “nota interna” al alcalde, Santiago Cabello, para que investigara e incluso denunciara ante la justicia el caso del joven intruso, el contrato del hijo de la secretaria del regidor que, presuntamente, estuvo cinco meses y nueve días de alta sin haber ido a trabajar. El concejal y el alcalde comparten partido, el PP, y se presentaron juntos a las últimas elecciones municipales, que los populares ganaron con una holgada mayoría absoluta.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, está dirigido al alcalde de Pozoblanco, que la pasada semana declaró desconocer el caso, desvelado por Cordópolis y por Radio Córdoba. Sin embargo, el documento informa al regidor sobre el caso y expone el “punto de vista” de la concejalía de Personal. Previamente, el concejal y el alcalde se habían cruzado varios escritos sobre el mismo tema en el que ambos admitían que también lo habían hablado personalmente.

En el documento, el concejal alude directamente al contrato del “hijo de su secretaria personal”, que también formó parte de la lista electoral en los pasados comicios de mayo y que, por tanto, es “compañera”, según se detalla en el texto. El concejal de Interior y Personal señala que le constaba “que, en ningún momento, el empleado municipal [el hijo de la secretaria] haya justificado su ausencia laboral durante un periodo de seis meses completos”, por lo que “sobra decir que sin prestación de trabajo y, por tanto, incumplimiento de la obligación por una de las partes, se vicia la mencionada relación y el derecho a obtener una remuneración”. El edil se lamenta además de que “no consta intención alguna de devolver las cantidades posiblemente recibidas de forma indebida”.

El Ayuntamiento de Pozoblanco contrató entre el 23 de diciembre de 2022 y el 22 de junio de 2023 al hijo de la secretaria del alcalde. Durante este periodo de tiempo, el joven percibió unos 9.000 euros. Según la información recabada por Cordópolis, el puesto a cubrir era de integrador social. Por puntuación, el primero en la lista era el hijo de esta trabajadora, seguido de otra joven. Por ello, la comisión de selección de personal del Ayuntamiento, nombrada al efecto, designó al primero como el candidato óptimo. Tras esto, la Concejalía de Personal y Recursos Humanos municipal redactó un escrito pormenorizado en el que dejaba constar que, aunque el hijo de esta trabajadora tenía más puntos, no podía ser contratado porque presentaba un encadenamiento de contrataciones previas en este mismo ayuntamiento que excedía lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Así, la duración máxima durante la cual podía ser empleado este joven era de 545 días y, en caso de ser contratado, lo estaría por 597, sobrepasando ese límite legal.

Pero en el tiempo en el que estuvo contratado y cobrando, el joven no habría acudido a su puesto de trabajo, según los diferentes informes elaborados por el Ayuntamiento y que el concejal de Personal esgrimió en su escrito dirigido al alcalde de Pozoblanco. Ante ello, le pidió el 4 de enero que “proceda a dar traslado a las autoridades competentes, las judiciales incluidas”, de estos hechos. De hecho, le reclamaba que se apoyase en “los servicios jurídicos de la Diputación para pedir informes o esclarecer los hechos por medio de una investigación, garantizando la imparcialidad que el caso requiere (al ser compañeros de la madre del trabajador”. El concejal exigía al alcalde el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades cobradas y que se hiciese “a petición” del propio alcalde.

El concejal advertía que también podría actuar “de motu proprio” pero, “cumpliendo con la jerarquía a la que estoy sometido, le indico la forma correcta de proceder”. Pero que, “en caso de no ser así”, la investigación “se llevará a cabo desde esta concejalía, cumpliendo con los mandatos de la ley”.

El edil también valoraba la “versión” del trabajador investigado, el presunto intruso, que considera “poco creíble” y repleta de “afirmaciones y excusas tales como que verbalmente” pedía a un auxiliar administrativo del Ayuntamiento “su voluntad de trabajar, cosa poco realista” ya que ninguno de los compañeros de departamento de este auxiliar “tiene constancia de ello”.

La investigación del alcalde

El alcalde ordenó el inicio de una investigación interna, pero lo hizo justo después de que estos hechos salieran a la luz a través de este periódico. Este mismo lunes, el propio Ayuntamiento informaba de que finalmente iba a tener que devolver 30.000 euros del plan Emplea Joven a la Junta de Andalucía que no se han podido justificar, pero aseguraba que se trataba de algo normal en varios ayuntamientos de la provincia.

Tanto el PSOE como IU han pedido explicaciones al alcalde. Este mismo lunes, se celebró en el Ayuntamiento una Comisión de Personal, en la que el alcalde respondió a las preguntas de IU. Cabello ha dicho que estaban investigando lo ocurrido y que habrá que esperar al resultado de esa investigación. IU también ha preguntado al concejal de Personal por la denuncia de acoso de la secretaria. No obstante, el regidor dio por concluida la sesión poco después de que iniciase las explicaciones.