Los educadores de menores avisan tras el crimen de Badajoz: “Estamos desprotegidos y mal pagados”

María José es educadora de menores. Lleva más de diez años trabajando como monitora en pisos tutelados y centros de reforma. Pide encarecidamente que se preserve su anonimato. Tiene miedo. Hace seis semanas una compañera de Badajoz fue asesinada a golpes por varios menores a quienes atendía en una vivienda tutelada. No fue un hecho aislado, argumenta. Las agresiones a monitores y vigilantes se multiplican en los últimos años. Y se sienten desprotegidos y mal pagados por una labor difícil que entraña un riesgo manifiesto. 

“Tenemos hoy un perfil de menores que no es el mismo que cuando se creó la ley. La población de adolescentes de ahora se está drogando desde que son niños. Tienen un consumo muy alto de alcohol y una pérdida de valores abismal”, explica al otro lado del teléfono. María José sostiene que la suya no es una opinión minoritaria dentro del colectivo de educadores. Su denuncia refleja un estado de ánimo generalizado, aduce. 

Cuando empezó a trabajar como monitora, el comportamiento de los adolescentes era diferente. En casos de agresión, los menores no se involucraban en el incidente o directamente defendían al educador. “Ahora se unen para pegarte”, sostiene. “Ha habido un cambio muy significativo y estamos totalmente desprotegidos”. María José asegura que el marco normativo no prevé órdenes de alejamiento para un niño que haya atacado violentamente a un monitor. “Si un menor te pega y te hace daño, lo vas a tener contigo hasta que salga el juicio”, señala. 

La educadora trabaja actualmente en un piso tutelado similar al que se produjo el incidente mortal en Badajoz. La vivienda tiene ocho plazas y acoge a menores entre 14 y 18 años con delitos leves, generalmente agresiones. “Estamos hablando de menores violentos”, puntualiza. Los chicos están en régimen abierto. Tienen normas y horarios que cumplir, pero pueden entrar y salir sin restricciones. Dos monitores los acompañan durante el día y uno por la noche. 

¿Cuánto vale la vida de un monitor?

Todos están escolarizados. Acuden diariamente al instituto o a un ciclo formativo. Son instruidos en las labores básicas domésticas y se someten a talleres específicos enfocados a la reeducación de las infracciones que han cometido. Reciben también la atención de un equipo psicológico, trabajadores sociales y otro tipo de intervenciones con la familia. 

Este es uno del medio centenar de centros de menores con que cuenta Andalucía. La mayor parte de ellos se encuentran gestionados por entidades privadas bajo la supervisión y el control de la administración pública. La Guía de Centros y Servicios de Justicia Juvenil cifró en 2024 en 13 los establecimientos de internamiento de menores infractores y en 27 las unidades de medio abierto. Además se dispone de 8 servicios de mediación penal, 9 centros de día y 17 grupos educativos de convivencia. 

Las agresiones a monitores son prácticas frecuentes, indica la educadora consultada. “Y cada vez más graves”, remacha. “Si antes te daban un empujón, ahora te meten un puñetazo o te intentan abrir la cabeza. A mí no me han pegado directamente, pero en una pelea sí he salido dañada y tuve que estar de baja por esa razón”. Las viviendas tuteladas no disponen de vigilantes ni de cámaras de seguridad. Ante cualquier eventualidad, los monitores deben de llamar al 112. “Te tienes que buscar la vida”, declara. 

La ley prevé la posibilidad de establecer contratos con entidades privadas para la gestión de recursos “cuando no se disponga de los públicos suficientes”. La realidad difiere sensiblemente del papel. Es decir: la mayoría son concertados. “Lo que hace la Junta es subcontratar con empresas determinadas”, indica María José. “Saca a licitación la gestión. Y se lo da al que ofrece una propuesta más barata. Cuando se recorta, ¿de dónde se recorta? Pues de los trabajadores”, protesta. 

Ahí radica el otro gran déficit del sistema de protección. Las bajas retribuciones para un personal teóricamente cualificado que desarrolla un cometido especializado en condiciones particularmente complejas. Un monitor cobra entre 1.100 y 1.200 euros, afirma la educadora consultada. En centros de internamiento suelen percibir 100 euros más. 

El abanico de entidades que gestionan centros de protección de menores es amplio. La Fundación Diagrama es una de las más consolidadas en el ámbito andaluz. Cordópolis contactó con la asociación para conocer sus valoraciones en relación con el homicidio de Badajoz y la situación de los monitores, pero Diagrama declinó posicionarse. “Por política fundacional, nuestra entidad no ofrece declaraciones a medios”, aclaró a través de un correo electrónico. “Nuestro enfoque está plenamente centrado en las personas atendidas”, indicó. 

En Andalucía hay 5.091 menores bajo tutela, según datos de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de 2023. Cádiz (19,6%) y Málaga (17,2%) acaparan el mayor número de adolescentes protegidos, mientras que Córdoba (8,8%) se sitúa en un lugar bajo de la tabla, con 214 niñas y 235 niños. En 2020, el número de menores con sentencia condenatoria firme ascendía a 2.382 y Córdoba, con 182, volvía a situarse en posiciones relegadas. El 43% de los menores se encontraban bajo libertad vigilada, mientras que el 14% estaban condenados a prestar un servicio a la comunidad. 

Ricardo lleva 21 años trabajando como educador. Tampoco desea desvelar su identidad real. A lo largo de dos décadas ha presenciado múltiples agresiones a colegas y vigilantes. El más grave que recuerda fue un motín de cuatro menores que cogieron a un educador como rehén, le propinaron una paliza, le pusieron un pincho en el cuello y exigieron la apertura de la puerta para fugarse. En otro incidente, recibió un puñetazo que le provocó una grave lesión. La agresión le costó un mes de baja y un serio trauma psicológico. 

Lo primero es aumentar la ratio y un salario acorde con la peligrosidad del trabajo

“¿Cuánto vale la vida de un monitor?”, se pregunta al otro lado del teléfono. Ricardo se muestra muy crítico con las condiciones laborales del colectivo. “Ni siquiera han pactado en el convenio que se aplique un complemento de peligrosidad. Es que me parece patético”. El educador subraya que los trabajadores se exponen a un riesgo para su integridad “claro, evidente y continuo”. 

Los centros de reforma disponen de material antivandálico, con el mobiliario atornillado al suelo y los cubiertos de plástico para evitar que sean usados como armas de agresión. Al contrario que los pisos tutelados, sí disponen de vigilantes, pero en incidentes graves la capacidad de respuesta no siempre es la adecuada. “Estamos hablando de que en 15 o 20 segundos tu vida se puede ir”, advierte el educador. 

Ricardo también cree que el perfil de los adolescentes ha cambiado significativamente en los últimos años. “Ahora adolecen de una falta de límites tanto en las casas como en las familias. Se ha generado un aumento de agresiones a padres y hay un déficit de aspectos morales y éticos. Eso sí: muchos derechos”, deplora. 

Actualmente trabaja en un centro de reforma con casi un centenar de menores. La ley establece una serie de requerimientos técnicos vinculantes para las empresas concesionarias. En este caso, por ejemplo, el establecimiento debe contar con un mínimo de 80 educadores, 11 monitores educativos y 5 de taller. También con un total de 10 vigilantes, un número insuficiente, a juicio del técnico consultado por Cordópolis. “La empresa cumple el mínimo que pide la ley. Punto. Pero a costa de la salud de los trabajadores. Más estrés y más peligro”. 

Uno de los problemas, según Ricardo, es la polémica de las contenciones físicas. Desde la muerte de un menor en Almería hace varios años, la normativa prescribe que haya un vigilante para cada extremidad en casos de estado de agitación. “Eso significa que necesitas como mínimo cuatro vigilantes” para controlar a un menor agresivo. 

Todos estos condicionantes complican seriamente la labor de los educadores. “Este es un trabajo vocacional. O te gusta o no aguantas”, afirma. “Ahora, al menos, existe la carrera de educador social. Yo he tenido compañeros ingenieros y licenciados en económicas”. Ricardo exige reformas urgentes. “Lo primero es aumentar la ratio”, dice. Y un salario acorde con la peligrosidad del trabajo. “¿Quién quiere trabajar en un módulo con chavales jóvenes?”, se pregunta. “Es una locura. Y conlleva un desgaste psicológico y emocional tremendo”.