Andalucía y Córdoba se quedan atrás en el derecho a la eutanasia
El derecho a la eutanasia, la última de las conquistas civiles arrancadas a la inercia tradicionalista española, afronta serias dificultades de aplicación en Andalucía. Solo 0,32 de cada 1.000 fallecimientos en nuestra región se producen en ejecución de la Ley de Eutanasia, que ahora cumple su cuarto año de vida. La cifra representa menos de la mitad del promedio registrado en España (0,77) en 2023, que es el último año del que se disponen de datos globales de todas las comunidades autónomas.
Solo Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla presentan números más escuálidos en la aplicación de una norma que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el PP y que ofrece un comportamiento muy desigual en cada uno de los territorios de España. Euskadi (2,02), Navarra (1,71) y Canarias (1,40) lideran la tabla en un país muy alejado todavía de las cifras de prestación en los más avanzados de Europa. En Países Bajos, por ejemplo, 58 de cada 1.000 muertes tienen lugar a través de la eutanasia. Es decir, 181 veces más que Andalucía.
La Ley de Eutanasia cumple cuatro años con un balance manifiestamente mejorable y plagado de incidencias y atascos burocráticos. En datos redondos, Andalucía registró 209 solicitudes, de las cuales se tramitaron formalmente 142 expedientes, lo que representa el 57% del total. Solo 81 acabaron en prestación efectiva de la ayuda a morir a enfermos terminales o sometidos a un dolor insoportable e irreversible.
Málaga acapara la mayor parte de las eutanasias: 31. Y representa el 36% de todas las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. Le siguen Sevilla (14) y Granada (10). Córdoba, en cambio, ha anotado solo 3 suicidios autorizados desde 2022; es decir, el 4% del total andaluz. Muy por debajo del 9% que aporta al conjunto regional en términos de población.
Las tres eutanasias practicadas en Córdoba se produjeron en 2023. Ni en 2022 ni en 2024 llegaron a concretarse ninguno de los cinco expedientes tramitados esos dos años. Uno de ellos fue informado favorablemente y autorizado por la Comisión de Garantía y Evaluación, pero el paciente murió antes de la eutanasia. En 2024 trece solicitantes fallecieron en Andalucía antes de completarse el expediente.
¿Qué está pasando en Andalucía con la Ley de Eutanasia? El responsable regional de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Gabriel Sánchez Bellón, apunta a varios factores decisivos en el bloqueo de la normativa. “Nunca ha habido una campaña informativa de la Junta de Andalucía, no solo hacia la ciudadanía en general, sino tampoco entre el personal sanitario”, lamenta en conversación telefónica. Pero, sobre todo, “falta formación de los profesionales” y especialmente de los equipos médicos de referencia que estipula la ley.
Uno de los principales problemas cuando un enfermo solicita la ayuda a morir reside en encontrar un médico responsable que ponga en marcha el proceso deliberativo. Y no es, en principio, debido al número excesivo de objetores de conciencia. En Andalucía, la cifra de objetores registrados a día de hoy se sitúa en 1.608, una cantidad baja en proporción a los 100.000 médicos y enfermeros colegiados. “Ese no es el problema”, subraya Sánchez Bellón. “El problema es lo que denominamos la objeción sobrevenida o de conveniencia”, precisa el responsable de DMD. Es decir, los médicos que rechazan asumir el trámite cuando se les presenta el caso por falta de tiempo, desconocimiento de la materia o simplemente para esquivar problemas.
¿La Junta de Andalucía está boicoteando la aplicación de la Ley de Eutanasia? “Por omisión”, responde Bellón. “No ha puesto en marcha una campaña en contra”, afirma, “pero tampoco hace nada por favorecerla”. Los equipos de referencia, por ejemplo, han sido puestos en marcha con tres años de retraso. Y ese es un instrumento capital para el desarrollo de la norma. “Todavía no están funcionando realmente. Depende de cada provincia y distrito, y en función de la implicación del personal”, puntualiza.
Muchos médicos no se quieren señalar. Eso es un problema
En el 90% de los casos, las solicitudes de eutanasia llegan al médico de cabecera. El facultativo puede asumir el trámite o derivarlo al gerente del distrito o director del área sanitaria. La primera entrevista con el solicitante abre un proceso deliberativo. A los 15 días se produce una nueva entrevista para certificar que el paciente se mantiene en su decisión. Si sigue adelante en el proceso, pasa al siguiente escalón: el médico consultor, que suele ser un especialista de la enfermedad del paciente. Revisa el expediente elaborado por el médico responsable y puede entrevistar al solicitante si lo estima conveniente. Entonces, elabora un informe y lo entrega a la Comisión de Garantía y Evaluación, compuesta por trece profesionales de la medicina y el derecho.
Hay médicos que evitan asumir estos casos. “Muchos no se quieren señalar”, explica Sánchez Bellón. “Señalarse es que te digan que eres el médico de la eutanasia y existe una presión social muy conservadora en el sector. Eso es un problema”. Tanto que encontrar un médico responsable que se haga cargo del expediente no es una tarea fácil. Y eso tiene graves consecuencias. Más de un tercio de las personas que piden la eutanasia mueren en el proceso.
El tiempo medio de tramitación entre la solicitud y la eutanasia es de 66 días, el doble de lo previsto en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y 17 más que la media española. Todas las prestaciones de ayuda a morir durante el pasado año en Andalucía fueron realizadas por la sanidad pública, pese a que se trata de un derecho ciudadano incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En España, solo el 8% de las prestaciones se realizan en la sanidad privada.
Los gobiernos autonómicos colaboran poco o nada en el desarrollo de la norma. A junio de 2025, más de la mitad de las comunidades aún no habían publicado el informe anual de la eutanasia, obligatorio por ley. Canarias y la Comunidad Valenciana ni siquiera han presentado el correspondiente a 2023. “Cada comunidad va a su aire. Y esto es intolerable”, protesta el responsable de DMD Andalucía.
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