Patrimonio: La responsabilidad de los anunciantes

La cara del obispo a tamaño XXL sobre la fachada de una iglesia fernandina en un anuncio pastoral. La lona de un centro concertado anclada junto a una portada del siglo XVII. Enormes carteles que piden la colaboración en parroquias, anuncios de exposiciones en palacios y museos, de años jubilares, azulejos de santos y vírgenes sin el menor criterio estético. Ni siquiera el muro perimetral de la Mezquita-Catedral se libra de ser soporte autopublicitario. La contaminación visual sobre la piel de nuestro patrimonio ha aumentado en los últimos tiempos a pesar de estar fuera de normativa y de estética. Un hecho que hasta ahora, ni se ha denunciado ni se ha controlado.

En los últimos tiempos, muchos de los edificios cordobeses que lucen con esta clase de publicidad, han amanecido con con una discreta pegatina blanca con letras negras que dice así, en mayúsculas: “Prohibido fijar carteles. Responsable empresa anunciante”. El tradicional cartel preventivo que hemos conocido toda la vida se ha transformado en una acción urbana en defensa del patrimonio. Muchos de ellos han aparecido fijados en estos lugares en señal de protesta por un grupo anónimo que se define como colectivo vecinal.

En su blog se denuncia la contaminación visual en inmuebles de Córdoba inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. “Lo hacemos desde el anonimato para sentirnos más libres y hacer las cosas más relajadamente”, cuenta uno de sus portavoces, a quien le suena “un poco mafioso el asunto”, pero es lo que hay si quieren “seguir viviendo y trabajando en esta ciudad, en donde, por ejemplo, hay que pedir licencias en los mismos departamentos de la Gerencia de Urbanismo de los que nos estamos quejando”.

Su activismo surgió de un clásico: las conversaciones en la barra de un bar. De lo teórico se pasó a la acción, y este grupo que tiene en común la defensa del patrimonio, “a todos nos duele el casco histórico y el trato que se le da”, comenzó a tener reuniones esporádicas en las que surgían “buenas ideas y propuestas críticas con fundamento”. Su primera acción tuvo Facebook como escenario en donde se formó “un gran revuelo” con una fotografía de una banderola anclada a una fachada del Potro que al final acabó quitándose. “Nuestro objetivo es forzar la situación,  crear revuelo para que el político, sin necesidad de denunciar formalmente el asunto a la policía, se vea obligado a actuar”.

La realidad es que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía toman cartas en el asunto, nadie sabe muy bien por qué. Según la normativa, la responsabilidad es de la Junta, cuya ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 2007, describe en su artículo 19 como contaminación visual o perceptiva en los inmuebles inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz las intervenciones que “degraden los valores del bien” o “impida o distorsione su contemplación” e insta a los municipios a controlar, entre otros, “la colocación de mobiliario urbano” o “la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior”. La autorización para actuar la debería dar la Gerencia de Urbanismo y esa instancia a controlar se tradujo en la ordenanza municipal que regula la publicidad exterior en el casco histórico, que a la vista está que no se cumple en la mayoría de los casos. Otro asunto es porqué la Policía no actúa o por qué existe escasez de personal para poder iniciar labores de descontaminación visual. “Según quién eres puedes hacer las cosas como te dé la gana”, se lamenta el portavoz, “y aunque hay responsables de todas las administraciones, es al Obispado a quien más se le permite y el que más abusa del tema”.

Asimismo, al colectivo le preocupa el impacto de los azulejos que muchas cofradías insertan con la imagen de sus titulares en las calles aledañas a sus templos. “Azulejos que dudamos que tengan los permisos y si se les da es por una cuestión privada, no tiene sentido darlo. Un azulejo previo a la Ley de Patrimonio forma parte de ese patrimonio, pero no estos que ahora han puesto de moda las hermandades, con un nivel artístico muy pobre y una calidad mínima. El último se ha colocado en el Bailío”.

Si logran hacer cómplices de su sensibilidad hacia el patrimonio a las autoridades y a la ciudadanía, no dudarán en protagonizar acciones que denuncien cómo muchos negocios privados “están incumpliendo la normativa BIC (bien de interés cultural)”. “La forma de gestionar el comercio en el casco histórico, por ejemplo, los rótulos, la invasión de fachadas, hay normativa exacta que incide en si en BIC o entorno de ese BIC. Existen negocios que incumple toda clase de normativas. No hay inspecciones de la GMU por falta de personal o tiempo. Hay que denunciar para que haya actuación policial”.

Este colectivo deja muy claro que no son un grupo “ideológico” y que no dudará en contactar con quien pueda alumbrarles sobre cualquier tema, ya sea el hermano mayor de una cofradía o un experto en Arte y Patrimonio. No están en contra de la publicidad, sino de que ésta “contamine visualmente” y, sobre todo, “que se ancle a un edificio protegido”.