Radiografía de la instrucción del caso Infraestructuras: dos casos divididos en siete causas

En agosto y en noviembre del 2022, este periódico publicó una extensa guía para que los lectores no se perdieran en el Caso Infraestructuras, la investigación que trata de arrojar luz sobre un presunto fraude en contratos públicos en este área del Ayuntamiento de Córdoba. Desde entonces, el Caso Infraestructuras se ha hecho más grande aún, acumula ya varios tomos de investigación en diferentes juzgados de la Ciudad de la Justicia de Córdoba y mantiene como investigados (la antigua figura jurídica de imputados) a una treintena de personas, entre funcionarios, políticos y empresarios. A mediados de marzo de 2023, el caso Infraestructuras tiene dos patas bien diferenciadas, que investigan cuatro jueces diferentes en siete causas distintas.

En total, hay un concejal investigado (David Dorado), una excoordinadora de Infraestructuras (María Luisa Bueno), dos funcionarios municipales, 21 empresarios y al menos dos entidades jurídicas en las diferentes causas que se instruyen.

El origen

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. A la vez, y esto es algo que se supo meses después, el entonces concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, encargó una auditoría sobre los contratos de otro departamento de Infraestructuras, el de Alumbrado Público. Esa auditoría derivó en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, que apreció indicios de delitos. Por tanto, el Caso Infraestructuras son dos: Mantenimiento y Alumbrado Público.

El primer caso: una denuncia que ha derivado en seis investigaciones

No fue hasta noviembre de 2021 cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso. Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

El Juzgado encargado de la investigación fue Instrucción 4, dirigido por José Luis Rodríguez Laínz, el magistrado más conocido de Córdoba. Suya fue también la instrucción del caso Bretón, el crimen más mediático de la ciudad. Rodríguez Laínz es un juez con fama de meticuloso. El magistrado desgranó la denuncia, que se centraba exclusivamente en los contratos del llamado Plan de Choque 2020 y encargó la investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías asumieron el trabajo e iniciaron una operación especial, que bautizaron con el aún misterioso nombre de Caronte (al parecer, en referencia al principal sospechoso, el funcionario jefe de Mantenimiento).

Durante el año 2022, el juez recogió testimonio de los principales acusados. Mientras, la Policía Nacional acudía casi a diario al Ayuntamiento de Córdoba, donde se entrevistaba con los responsables de la Asesoría Jurídica Municipal, solicitaba documentación y recababa testimonios. En Capitulares, el funcionario imputado seguía en su cargo, mientras la oposición cargaba contra el gobierno municipal, el concejal Dorado contra sus compañeros de gobierno por apartarle de sus funciones, y los compañeros de Dorado, contra él mismo. Todo concluyó a finales de verano con el paso de Dorado al grupo de concejales no adscritos, tras una semana de idas y venidas.

En diciembre del año pasado, la Policía Nacional citó en la Comisaría de Campo Madre de Dios a David Dorado, a la excoordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, al funcionario jefe de Mantenimiento, y a una decena de empresarios, responsables de las empresas de los contratos sospechosos. A diferencia del imaginario popular de lo que es una operación policial contra la corrupción, con agentes poniendo esposas, registrando domicilios y oficinas, y carreras por la ciudad, la primera fase de la operación Caronte fue tan simple como que a la vez que el citado entraba en una oficina se le leía sus derechos, se le decía que estaba detenido, que necesitaba un abogado y que si quería declarar. Ninguno de los detenidos declaró. Ninguno fue privado de libertad. Todos salieron de la Comisaría como entraron, pero con una diferencia: en vez de testigos pasaban a ser investigados. Los cargos que pesaban sobre ellos eran muy graves: cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación y fraude, entre otros.

Detenidos y en libertad

La operación Caronte tampoco derivó en un desfile de acusados ante el juez. De hecho, aún hoy, con la huelga de letrados judiciales de por medio, hay detenidos que no han podido declarar ante el juez desde que fueron arrestados en el mes de diciembre, algo que no ha gustado en absoluto a los abogados defensores y que incluso podría afectar a la integridad del proceso judicial.

La UDEF remitió al juez sus primeras diligencias policiales en las que Rodríguez Laínz observó una serie de nuevas irregularidades que no habrían sido advertidas en la denuncia original. El magistrado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, como en Instrucción número seis de la Audiencia Provincial de Sevilla dirigido hace años por Mercedes Alaya, ha optado en remitir todas las nuevas irregularidades detectadas al juez decano. El propio Rodríguez Laínz afirmaba que el objeto inicial de la investigación eran las obras del Plan de Choque (unos 40 contratos) y que si se asumían nuevas diligencias su juzgado acabaría creando una especie de macrocausa. Para alejarse de este tipo de procesos que ralentizan mucho las investigaciones, optó por que fuera el juez decano el que decidiese qué hacer.

Tras la investigación policial, el juez señalaba que además de las irregularidades en los contratos del plan de Choque del año 2020 se había detectado una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras, una segunda línea relacionada con el supuesto intento de David Dorado de cobrar una mordida al dueño de una agencia de publicidad de Córdoba, una tercera sobre los presuntos sobornos cobrados por el funcionario investigado en la trama y una cuarta sobre el “supuesto intento de destinar fondos púbicos del Ayuntamiento de Córdoba para la impermebealización del aparcamiento de la plaza de Cuba”. Esta última es la que ha asumido él mismo, después del reparto del juez decano.

A estas cinco causas se sumó una sexta, después de la reciente detención de un empresario cordobés. En un auto fechado el pasado 30 de enero, el juez asume el último atestado de la Policía Nacional en el que se da cuenta de nuevas investigaciones realizadas en este caso, con la detención y puesta en libertad con cargos del último empresario involucrado en el mismo. “Dicha persona y empresa son relacionados con una serie de facturas emitidas en el ejercicio 2021, correspondientes a labores de pintura, albañilería, fontanería y jardinería del área de Infraestructuras. Parte de estas facturas se habrían correspondido con trabajos realizados directamente por operarios del Ayuntamiento de Córdoba, simplemente no se habrían realizado, o habrían trabajado en ellas empleados de otra (sociedad) mercantil”, aduce el juez en su auto, derivado de la investigación de la Policía Nacional.

Así, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba investiga dos causas, la primera, que emana de la denuncia que en su día presentaron los concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba al detectar presuntas irregularidades en contratos de obras del Área de Infraestructuras, y una más que acaba de asumir: el descubrimiento por parte de la Policía Nacional del pago con cargo a los fondos públicos de una obra de reforma en un garaje privado de la plaza de Cuba.

Las otras cuatro causas se han repartido en dos juzgados diferentes. Dos de ellas han caído en el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano.

Pero el gran problema está en que la huelga de letrados judiciales ha ralentizado el proceso. Por ejemplo, los principales investigados aún no han podido declarar ante el juez. Y los jueces encargados de las nuevas diligencias tampoco han podido apenas iniciarlas, ya que el paro en la Ciudad de la Justicia hace que sea muy complicado encontrar a quién tramite un papel.

El segundo caso: sin prisa pero sin pausa

El segundo caso Infraestructuras se refiere a un presunto fraude en el alumbrado público municipal denunciado por el propio David Dorado. Este asunto recayó, tras la denuncia de la Fiscalía Provincial de Córdoba, en el Juzgado de Instrucción número dos. Allí se han abierto diligencias de investigación, que están aún en una fase mucho más preliminar que en los anteriores casos, pero que avanza.

Así, están en situación de investigadas nueve personas y dos empresas. Entre ellos está el funcionario jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento de Córdoba. Junto a él, ocho empresarios o trabajadores de empresas con las que ha contratado su departamento entre 2012 y 2020. La jueza ya ha llamado a declarar a los primeros investigados. Ahora, incluso, ha citado como testigo al funcionario investigado en el primer caso Infraestructuras, el jefe del departamento de Mantenimiento y Colegios Municipales. En este punto es como si todos los asuntos investigados coincidieran en una misma sala de unas dependencias del Ayuntamiento de Córdoba.

En este caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

Luminarias y telemandos

En su escrito la Fiscalía de Córdoba incide en dos materiales concretos: las luminarias y los telemandos de gestión eléctrica. Una ciudad como Córdoba tiene miles de luminarias y más de un centenar de telemandos. Estos telemandos son precisamente los que se encargan de vigilar que las luces se encienden cuando deben y que el sistema funciona de manera correcta.

En el caso de las luminarias, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido las luces de miles de farolas de la ciudad por otras más eficientes. El fiscal cita varios contratos en concreto que se hacían por lotes y que estaban valorados, cada uno, en más de 500.000 euros. En los contratos, en el pliego, se solicitaba un modelo de luminaria llamado Simon que solo vendía en Córdoba un comercial en concreto. El modelo no estaba ni en la web ni en los catálogos de las empresas. Según el fiscal, cuando las empresas llamaban para pedir precio se sorprendían al ver que costaba un 40% más que la media del resto de modelos, según el escrito. Esto provocaba que muchas empresas desistiesen.

Estos mismos modelos se introducían en pliegos para la reforma de calles donde también había que sustituir el alumbrado público, según señala la Fiscalía en su escrito, que enumera varias decenas de contratos que corresponden a los tres últimos mandatos municipales.

En el caso de los telemandos, desde 2012 hasta 2020 se han sustituido un centenar. El sistema en este caso es similar al de las luminarias, aunque con un matiz tecnológico que hacía imposible que se pudiese adquirir otro modelo. En este caso, el modelo que se ha venido solicitando en todos los pliegos es el llamado Grial, que también fabrica en exclusiva una empresa de Córdoba. El telemando funciona con un software concreto. Parte es libre pero otra parte está patentado por la compañía. Es decir, ese modelo no lo puede producir otra compañía que no sea la cordobesa que se encuentra bajo investigación.