El juez prorroga otros seis meses más la instrucción del Caso Infraestructuras

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha firmado un auto para prorrogar durante otros seis meses más la investigación judicial del conocido como caso Infraestructuras, las diligencias que han descubierto una presunta trama en este área del Ayuntamiento de Córdoba en la que supuestamente se amañanaban contratos públicos.

El magistrado atiende una petición de la Fiscalía Provincial de Córdoba, ya que en marzo iba a cumplir el primer plazo que se dictó para practicar las oportunas diligencias de investigación judicial. Ahora, el juez se lleva el plazo al 25 de noviembre de este año. En el auto, el juez asegura que “sin que concurra una situación de desidia o inactividad en el órgano instructor” es necesario ampliar el plazo ya que todavía está “pendiente de práctica de las declaraciones de investigados y testigos pendientes”. De hecho, la instrucción se ha topado con la huelga de letrados judiciales y ha provocado la suspensión de la declaración del principal investigado, el funcionario jefe del área de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios del Ayuntamiento, la excoordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, y el concejal David Dorado.

El juez sostiene que de estas declaraciones “sin duda podría derivarse la práctica de nuevas diligencias de investigación, incluso en interés de las defensas”. Además, se está pendiente de que prosigan las investigaciones policiales encargadas, a pesar de que el caso ya ha sido troceado entre varios juzgados más. El caso Infraestructuras que provocó la detención del concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha sido dividido en seis piezas diferentes que investigan tres jueces distintos.

Así, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba investiga dos causas, la primera, que emana de la denuncia que en su día presentaron los concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba al detectar presuntas irregularidades en contratos de obras del Área de Infraestructuras, y una más que acaba de asumir: el descubrimiento por parte de la Policía Nacional del pago con cargo a los fondos públicos de una obra de reforma en un garaje privado de la plaza de Cuba.

Además, de las diligencias policiales se han derivado nuevas piezas separadas que han sido dividido en otras cuatro partes. Dos de ellas han caído en el Juzgado de Instrucción número ocho de Córdoba y otras dos en el Juzgado de Instrucción número 7, tras el reparto ordenado por el juez decano. Este reparto se produce, precisamente, a petición del primer juez, el de Instrucción 4, José Luis Rodríguez Laínz. El magistrado advirtió que la causa sobrepasaba los presuntos delitos que se investigan al principio. Ante su volumen y para evitar la creación de una macrocausa que podía provocar años de investigación (similares al caso ERE, por ejemplo), el juez optó por enviar las diligencias al juez decano para que las repartiese, algo que acaba de hacer.