¿Con factura o sin factura?, ya me entiende

Son muchas las ocasiones en las que comentando la información que se publica sobre el estado de la cosa, alguien dice, completamente convencido, que la cosa no está tan mal, que aquí lo que realmente pasa es que hay mucha economía sumergida. Quieren decir, y así lo explican, que los datos de empleo y paro no recogen la realidad, que hay muchas personas trabajando que no lo cuentan. Quieren decir también que no es cierto que muchos ciudadanos, y sus familias, ya no dispongan de ninguna fuente de ingresos, afirman que de lo que no disponen realmente es de ingresos que estén dispuestos a declarar. La crisis, dicen otros, ha hecho que esta forma de organizarse fuera del control público haya aumentado.

Hay quien mantiene, incluso, que la economía sumergida es el bastión último de la actividad económica que funciona y crea empleo. Acabar con ella, para los que piensan así, es la obsesión de un Estado desquiciado en su afán recaudatorio.

Algo de razón tienen. Es difícil justificar que con los datos oficiales en la mano la conflictividad social esté tan contenida. Casi una cuarta parte de la riqueza generada en España en 2010 lo ha sido en economía sumergida (sin considerar las actividades ilegales, como la droga o la prostitución). En la provincia de Córdoba estamos por encima de esa cifra (somos también campeones en esto en Andalucía, sólo nos adelanta Huelva), y escapan al control fiscal 3.285 millones de euros, el 26 por ciento del producto cordobés. Con algo más de 800.000 habitantes en la provincia, esto quiere decir que haciendo uno de esos cálculos que hacen que nos sintamos culpables sin tener muchas veces que ver con el tema, cada cordobés oculta más de 4.000 euros al año.

En otros tiempos, ya casi increíbles, de expansión económica también ha habido economía irregular. El desaforado crecimiento de la construcción y del sector inmobiliario trajo muchas cifras ocultas. Y estas movieron otras actividades que tampoco verían la luz, muchas de ellas en el ámbito de los servicios. La permisividad, la pasividad y la indiferencia de las autoridades, sindicatos y asociaciones empresariales, que han hecho durante mucho tiempo la vista gorda, y en ocasiones han participado en ella y han propiciado su expansión y permanencia. También los ciudadanos de a pie, los que no tenemos responsabilidades de gestión pública, hemos contribuido. Que cada uno haga examen de conciencia. ¿Con factura o sin factura?, ya sabe usted, ha sido, y es, una pregunta muy común. Más ahora, seguramente, con la subida del IVA. Que unos euros son unos euros, y no estamos para tirar el dinero, se escucha.

Pero ahora debe tener, estoy seguro, algunos rasgos que la diferencien de la economía sumergida de la época de crecimiento económico milagroso. Las situaciones de sumersión por necesidad, me parece, han aumentado. Y, además, no es igual toda ella. Está la actividad del chapuzas, del currela que se busca trabajillos para compensar un salario escaso o la inexistencia de salario, y no se lo cuenta a la hacienda pública. Y son muy pocos los que se molestan por ello, porque realmente lo vemos con simpatía, porque nos beneficia al ahorrarnos los euros de los impuestos y porque la picaresca forma parte de nuestra forma de ser. Nos suele gustar menos la situación del que recibe una prestación por desempleo y trabaja al mismo tiempo. Y está la del profesional liberal que cobra de igual manera, pero cantidades algo más suculentas, y no lo hace realmente para sobrevivir. Está también la de la empresa pequeña que ahogada por la caída de sus ventas, la difícil financiación y la presión fiscal, decide ocultar parte de su actividad, algunas veces con el acuerdo de sus trabajadores, que lo prefieren antes que perder sus puestos de trabajo. Y está la de las empresas grandes, que con mayor capacidad, pueden practicar operaciones que les permiten hacer lo mismo, generando un fraude mayor.

No es un tema fácil. Para las pequeñas y medianas empresas que se mantienen en la legalidad supone una competencia que en muchos casos las pone en serias dificultades. La subida del IVA ha hecho que para el cliente la diferencia entre pagar en negro o en blanco, sin factura o con factura, sea mayor, y las empresas sumergidas han podido bajar sus precios, aún situándolos por encima de los precios comunes antes de sumarles el IVA. Para los trabajadores supone que haya asalariados con derechos, los que están en la legalidad, y sin derechos, o con sus derechos mermados, los que están sumergidos. Para el conjunto de los ciudadanos, la pérdida de ingresos para el sector público que supone, hace que los que pagan deban pagar más para que existan servicios que usamos todos. Si se ingresaran los más de 38.000 millones de euros en los que se estima que aumentaría la recaudación pública al situarnos en niveles de economía sumergida similares a los de otros países de nuestro entorno, sería más difícil justificar incrementos de la presión fiscal como los que estamos padeciendo.

A lo mejor hay que esperar a que la cosa cambie. Una vez que volvamos a crecer, que se vuelva a crear empleo, seamos optimistas (ya me han hablado varias veces del pesimismo estéril), será seguramente el momento para tomar medidas que la cercenen, que intenten acabar con ella. Seguramente sumergirse sea ahora un remedio para muchos, pero no es en ningún caso la solución.