Tumban las alegaciones de la asociación que pretende frenar las macroplantas fotovoltaicas en el Alto Guadalquivir de Córdoba

La Junta de Andalucía ha rechazado las alegaciones presentadas por la Asociación Ecología y Libertad contra la declaración de utilidad pública de la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Guadame Solar 2, promovido por la empresa Nunki Solar S.L. en los términos municipales de Córdoba y Bujalance. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, da vía libre a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios y convoca a los propietarios para el levantamiento de actas previas el próximo 24 de septiembre de 2025.

La asociación ecologista, que junto a SOS Rural lidera una ofensiva judicial contra lo que califican como “macroplantas solares irregulares” en el campo andaluz, denunció que la declaración de utilidad pública del proyecto carecía de justificación suficiente, generando indefensión a los afectados. En sus alegaciones advirtieron, además, de los riesgos de una expansión masiva de infraestructuras eléctricas sin estudios previos de necesidad y proporcionalidad, reclamando un mayor control administrativo y transparencia.

Sin embargo, la Junta ha desestimado estas objeciones al considerar que la utilidad pública de este tipo de proyectos está reconocida por ley. El artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico declara de utilidad pública las instalaciones de generación y distribución de energía, lo que —según la resolución— implica automáticamente la necesidad de ocupación de terrenos y el derecho de expropiación. Además, la Delegación Territorial defiende que se cumplieron todos los trámites de información pública y que la documentación estuvo disponible tanto en boletines oficiales como en la web de transparencia de la Administración.

La resolución únicamente estima de forma parcial una petición de Ecología y Libertad: la de ser reconocida como parte interesada en el procedimiento administrativo.

Este proyecto, de 35,48 MWp de potencia instalada, forma parte de los planes autonómicos y estatales para impulsar la transición energética. La Junta recalca que la instalación contribuye a los objetivos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030), además de estar amparado por la normativa europea que considera las energías renovables como de interés público superior.

Mientras tanto, la Asociación Ecología y Libertad y SOS Rural continúan su batalla legal a nivel nacional contra el despliegue de grandes plantas solares en zonas agrícolas fértiles. Ambas organizaciones han denunciado lo que consideran un “fraude de ley” por el fraccionamiento de proyectos para evitar controles más estrictos y reclaman una ley de zonificación vinculante, similar a las que existen en Francia e Italia, que proteja suelos agrícolas de alto valor frente al avance de instalaciones renovables.

La Junta, en cambio, mantiene que proyectos como Guadame Solar 2 son esenciales para garantizar el suministro eléctrico limpio y sostenible en Andalucía, y ha reafirmado que el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente.