Intervención censura el plan del Ayuntamiento para dar 1,2 millones de euros de dinero público a festivales privados

La Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a emitir un informe de fiscalización de disconformidad contra el procedimiento impulsado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba para repartir 1,4 millones de euros en subvenciones destinadas a festivales y ferias culturales, de los que 1,2 millones corresponden a empresas privadas y otros 200.000 euros a entidades sin ánimo de lucro.

Se trata del cuarto informe desfavorable emitido por el órgano de control interno sobre este asunto, después de que durante 2025 y 2026 ya rechazara distintas fórmulas empleadas por el IMAE para financiar con 600.000 euros los festivales Córdoba Live y Califas Fest, y advirtiera de lo que ahora ha ocurrido: el órgano fiscalizador censura totalmente el plan de subvenciones porque vuelve a entender que detrás subyace la intención de realizar “una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, al entender que pretende financiar actividades ya ejecutadas durante 2025.

El informe, firmado el pasado 7 de julio, mantiene tres reparos que motivan la fiscalización de disconformidad del expediente: la existencia de errores en el Plan Estratégico de Subvenciones, la inclusión de gastos realizados en 2025 dentro del periodo subvencionable y la insuficiente justificación del régimen europeo de ayudas de Estado.

Sin embargo, el aspecto más contundente del documento es el relativo a la posibilidad de subvencionar proyectos desarrollados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. Según Intervención, aunque la Ley General de Subvenciones permite en determinados supuestos financiar actividades ya realizadas, esa posibilidad no puede interpretarse de forma aislada, sino en conexión con el principio de anualidad presupuestaria recogido en la Ley de Haciendas Locales.

El órgano fiscalizador sostiene que imputar al presupuesto de 2026 gastos correspondientes a un ejercicio ya cerrado “entra en conflicto con el principio de anualidad y temporalidad de los créditos presupuestarios”. A su juicio, las bases pueden admitir que determinados gastos comiencen antes de publicarse la convocatoria, pero no que se financien actividades correspondientes a un ejercicio completo ya concluido.

La interventora hace memoria

Pero el informe va mucho más allá del debate estrictamente jurídico. Intervención reconstruye toda la cronología seguida por el IMAE durante los dos últimos años para intentar financiar estos festivales y concluye que la convocatoria actual constituye un nuevo intento de sacar adelante unos proyectos que ya habían sido objeto de varios expedientes anteriores.

Recuerda así que en abril de 2025 el IMAE trató inicialmente de canalizar estas aportaciones mediante contratos de patrocinio publicitario, fórmula que fue descartada tras un informe desfavorable del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Posteriormente se optó por modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para introducir ayudas nominativas dirigidas a empresas privadas, una iniciativa que también recibió un informe contrario de Intervención, que ya entonces advirtió de que el objetivo parecía ser “dar un revestimiento formal a una aportación” destinada a proyectos que ya estaban ejecutados en gran medida.

El órgano de control recuerda igualmente que, en los últimos días de 2025, el IMAE intentó tramitar de urgencia esas subvenciones nominativas, aunque los expedientes fueron devueltos por contener errores y deficiencias que impedían su fiscalización.

Ya en 2026, prosigue el informe, el organismo modificó nuevamente el Plan Estratégico de Subvenciones para sustituir aquellas ayudas directas por una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva destinada a festivales de gran formato, incrementando además la dotación económica precisamente en las cantidades que no pudieron concederse el año anterior y ampliando el periodo subvencionable hasta incluir 2025.

A la vista de todos esos antecedentes, Intervención sostiene que la nueva convocatoria no persigue realmente incentivar nuevas actividades culturales, sino financiar proyectos que ya fueron ejecutados.

Podría parecer que esta convocatoria se configura para dar cobertura a unos proyectos y beneficiarios que ya se encuentran previamente definidos

“La subvención busca promover la realización de una actividad de utilidad pública o interés social. Si la actividad ya se ha materializado y finalizado en ejercicios anteriores sin el paraguas de una convocatoria previa, el gasto carece de efecto incentivador. No se está fomentando nada; se está realizando una transferencia de fondos a posteriori para cubrir costes pasados”, afirma literalmente el informe.

Además, advierte de que no consta suficientemente acreditado que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, ya que “más bien podría parecer que esta convocatoria se configura para dar cobertura a unos proyectos y beneficiarios que ya se encuentran previamente definidos”.

Junto a este reproche principal, Intervención también detecta otros dos incumplimientos. El primero afecta a la discrepancia entre las aplicaciones presupuestarias recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones y las incluidas en la convocatoria, entendiendo que el expediente no debía continuar hasta que el Pleno corrigiera formalmente ese error material.

El segundo cuestiona la fundamentación jurídica del régimen europeo de ayudas de Estado, al considerar insuficiente la referencia contenida en las bases al Reglamento europeo sobre ayudas culturales, cuya redacción no aparece adecuadamente actualizada ni justificada en el expediente.

Aunque estas tres cuestiones motivan la fiscalización de disconformidad, el informe incorpora además dos observaciones adicionales. Por un lado, recuerda que la convocatoria debía haberse tramitado preferentemente durante el primer trimestre del año y alerta del escaso margen temporal existente para resolverla antes del cierre presupuestario. Por otro, señala defectos formales en la firma de algunos informes incorporados al expediente.

El IMAE no se rinde y rechaza todos los reparos

Pese al contenido del informe, el IMAE ha decidido mantener íntegramente su criterio y continuar la tramitación del expediente. En un informe-propuesta elaborado por el Departamento de Administración del organismo, el servicio gestor sostiene que no comparte las conclusiones de Intervención respecto a la inclusión de actuaciones realizadas en 2025, la supuesta vulneración del principio de anualidad, la eventual predeterminación de beneficiarios ni las objeciones sobre ayudas de Estado.

Respecto al principal reproche, el IMAE argumenta que la propia Ley General de Subvenciones permite expresamente financiar actividades “ya realizadas” y recuerda que la Ordenanza Municipal de Subvenciones admite que las convocatorias incluyan actuaciones desarrolladas en el ejercicio corriente o en el inmediatamente anterior. A su juicio, el principio de anualidad no impide subvencionar actividades ejecutadas en 2025 porque la obligación presupuestaria del Ayuntamiento no nace cuando el beneficiario realiza el gasto, sino cuando se concede formalmente la ayuda y se reconoce la obligación de pago.

Para reforzar su posición, el IMAE acompaña su informe de una batería de ejemplos de convocatorias de subvenciones de otras administraciones que, a su juicio, demuestran que es una práctica habitual financiar actividades iniciadas o desarrolladas en el ejercicio anterior. Entre los precedentes citados figuran varias convocatorias del propio Ayuntamiento de Córdoba, como las ayudas al fomento del deporte del IMDECO, que financian actividades desarrolladas entre 2025 y 2026, o la convocatoria Transforma Córdoba 2025, cuyo periodo de ejecución comenzaba en diciembre de 2024 pese a sufragarse con cargo al presupuesto de 2025. El IMAE también menciona ayudas de los ayuntamientos de Madrid, Mijas, Segovia, Colmenar Viejo y Tres Cantos, así como convocatorias del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y del Institut Valencià de Cultura, todas ellas con periodos subvencionables que abarcan actuaciones iniciadas antes de la publicación de las respectivas convocatorias.

El organismo sostiene igualmente que la normativa específica en materia de subvenciones debe prevalecer sobre la legislación general de Haciendas Locales y cita jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender esa interpretación. En relación con el supuesto error del Plan Estratégico de Subvenciones, el IMAE sostiene que se trataba únicamente de una rectificación material cuya existencia no justificaba paralizar el expediente y recuerda que el Pleno ya aprobó finalmente esa corrección el pasado 8 de julio.

El Consejo Rector del IMAE ha asumido ese informe de discrepancia y ha acordado elevarlo al Pleno municipal, órgano competente para resolver el conflicto entre el servicio gestor y la Intervención General. Mientras tanto, el organismo mantiene su intención de continuar la tramitación de la convocatoria, con el tiempo corriendo en contra de unas bases que ya van tarde para la mayoría del sector, e ignorando, por cuarta vez, los informes desfavorables del órgano fiscalizador del Ayuntamiento.