Suspendidos juicios y declaraciones en los juzgados por la huelga de secretarios judiciales

La huelga convocada para este miércoles por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) a nivel estatal ha provocado la suspensión de los juicios y las declaraciones previstas en los juzgados de Córdoba en esta jornada, según ha podido confirmar este periódico, ante el seguimiento del paro por parte de los secretarios judiciales.

El sindicato convocante ha organizado la jornada de huelga este miércoles “ante el flagrante incumplimiento” de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 sobre la adecuación del complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia. El pasado diciembre, el sindicato anunció la convocatoria para exigir, además, que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para reconocer el derecho a una negociación propia a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Convocada a nivel estatal, la huelga se ha mantenido ante lo que el sindicato considera la falta de “aproximación” por parte del Ministerio dirigido por Pilar Llop. Desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia han presentado alegaciones contra el borrador de servicios mínimos previsto para este miércoles, al considerarlo “desproporcionado”, y, de momento, permanecen a la espera de una respuesta.

Sostienen que, hasta ahora, Justicia les ha ofrecido debatir las cuestiones que plantearon el pasado diciembre, aunque les ha avisado que veía como puntos “no negociables” las dos peticiones principales del sindicato: tener una negociación colectiva propia y una adecuación salarial.

Ante este escenario, la Unión ha decidido seguir adelante con la huelga a la que se han adherido la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y “mayoritariamente las asambleas que se siguen celebrando en todo el territorio nacional”.

Contra la “Justicia low cost”

Desde el sindicado han insistido en que no quieren “continuar en el diseño de una justicia low cost” porque “un servicio público de calidad necesita profesionales adecuadamente retribuidos y considerados”.

Entre las reivindicaciones reclamadas en diciembre por la UPSJ figura también el “pago inmediato de los 195 euros fijados en el vergonzoso acuerdo alcanzado con los sindicatos” generalistas, pacto que --a su juicio-- se negoció “contra los intereses de los letrados de la Administración de Justicia”. Dicho monto, han indicado, lo aceptan “únicamente” como “pago primero y parcial de la adecuación salarial a la que obliga la ley”.

Además, solicita un acuerdo escrito, tangible y ejecutable “para seguir avanzando en 2022 y 2023 en la adecuación salarial”, de manera que se produzca una “equiparación real y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado y, en particular, con los de la Administración de Justicia”.

En el marco sus peticiones, plantea a su vez la “inmediata entrada en vigor” del Real Decreto 101/2019, que regulaba el régimen de sustituciones voluntarias del Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, así como el inmediato establecimiento del complemento para los nuevos Encargados del Registro civil, que garantice que perciban lo mismo que el hasta ahora Encargado.

Requieren, también, el impulso del resto de cuestiones organizativas y reglamentarias paralizadas en el área de letrados de la Administración de Justicia del Ministerio: modificación del reglamento, sistema de categorías, escalafón, concursos de traslado y el plan de prevención de riesgos laborales.

En el comunicado de diciembre reclamaban la “inmediata convocatoria” de las oposiciones del Cuerpo de LAJ que este mes ha publicado el Ministerio. Yáñez ha insistido en que sean publicadas con regularidad y “que no pasen otros tres años sin convocar”.