El juez envía ahora a la Fiscalía Europea el caso de Rafael Velasco, el exdirigente del PSOE investigado desde hace 13 años

Rafael Velasco, la gran promesa del socialismo andaluz que vio truncada su carrera política cuando una investigación periodística destapó un presunto fraude en cursos de formación por parte de su entorno familiar, tendrá que volver a esperar unos meses más o incluso años para poder defenderse de los hechos de los que se le acusa. El 2 de abril estaba citado ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ingnacio Vilaplana, donde iba a declarar por vez primera desde que en octubre de 2010 dimitió de todos sus cargos.

Ahora, a través de un auto de última hora, el magistrado entiende que tiene que dar conocimiento de los hechos ya instruidos a la Fiscalía Europea, ya que el 80% del importe de los cursos de formación en los que presuntamente hubo fraude fueron financiados con fondos comunitarios. El juez ha decidido inhibirse en favor de la Fiscalía Europea y, por tanto, suspender la declaración de Velasco, que estaba prevista justo para después de Semana Santa. No es la primera vez que se aplaza esta testifical. Ya ocurrió hace un mes, por problemas de agenda de los diferentes abogados, en una causa en la que también está personada como acusación particular la Junta de Andalucía.

El juez también ha suspendido la otra testifical pendiente y prevista para el 23 de abril del exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos europeos.

Velasco está investigado por los delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, el que ocupaba la famosa jueza Alaya en 2010 y que ahora está en manos de José Luis Villaplana. Los hechos se refieren a unas subvenciones recibidas por un “entramado” familiar vinculado a Velasco para impartir cursos de formación. La empresa la gestionaba su mujer, que junto a su hermano daba los cursos que se financiaban con dinero de la Junta de Andalucía. Los cursos se impartieron en Córdoba, pero el caso lo instruyó el Juzgado de la jueza Alaya en Sevilla.

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la “presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5”, vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad “habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular”, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

“Deliberado concierto de los beneficiarios”

“Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención”, considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.