Interior deberá indemnizar a un preso de Córdoba que fue suspendido injustamente de su trabajo en la cárcel

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado que el Ministerio del Interior, a través del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (Oatpfe), deberá indemnizar a un interno del Centro Penitenciario de Córdoba con 1.496,88 euros, tras la suspensión injusta de su relación laboral.

La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que ya en enero de 2023 había estimado parcialmente la demanda del interno. El preso había firmado un contrato temporal en enero de 2020 para trabajar en los talleres de confección industrial de la cárcel, con altas y bajas sucesivas debido a los procedimientos administrativos del organismo.

En diciembre de 2020, la dirección del centro acordó suspender su relación laboral alegando razones de disciplina y seguridad penitenciaria tras un incidente con otro interno en el taller. La Comisión Disciplinaria le impuso una sanción de privación de paseos y actos recreativos durante 15 días. Sin embargo, y tras presentar una alegación, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dejó sin efecto la sanción, señalando que el interno había sido amenazado y no se acreditó agresión alguna por su parte.

Aunque la sanción fue anulada, la readmisión en su puesto de trabajo no se produjo hasta junio de 2021 debido a la falta de vacantes, por lo que el interno reclamó la indemnización por la suspensión injusta y el retraso en su reincorporación. El juzgado le ha dado la razón que ahora ha sido ratificada por el TSJA, tribunal que ha rechazado, además, el recurso presentado por Trabajo Penitenciario.