La excoordinadora de Infraestructuras imputada alega “presiones” del gobierno municipal para acelerar los contratos investigados

David Dorado, en rueda de prensa, junto a Miguel Ángel Torrico.

La excoordinadora general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, María Luisa Bueno, imputada en el caso de los contratos de este área que investiga un juez por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, ha alegado “presiones” del gobierno municipal para acelerar y sacar adelante los proyectos cuyos contratos están siendo investigados.

En su momento, la Fiscalía halló indicios de troceo de contratos, documentos falsos y vínculos familiares en las adjudicaciones de dichos contratos de 2020, cuestiones que ahora investiga un juez y por las que se encuentran imputados la propia excoordinadora de Infraestructuras y un funcionario de este área municipal, que ya han declarado ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz.

En su declaración ante el juez -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, la excoordinadora general de Infraestructuras denuncia “presiones” del gobierno municipal en varias ocasiones para sacar adelante los contratos que ahora se investigan. En un primer momento, Bueno se refiere a los contratos que formaban parte del Plan de Choque 2020 del Ayuntamiento y señala que “consultó personalmente con la teniente de alcalde Blanca Torrent -delegada de Desarrollo Económico y presidenta del Imdeec-, quien llamó por teléfono a la declarante presionando para que se activara la ejecución de las obras en el área de Infraestructuras”. La excoordinadora precisa que esa conversación telefónica “tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2020”.

La dotación económica de los contratos del Plan de Choque 2020 “procedía de gasto corriente del presupuesto para 2020 en la Unidad de Edificios y Colegios”, precisa la excoordinadora, por lo que apunta que Torrent le indicó en dicha conversación “que dicha cantidad debería ser invertida dentro del ejercicio porque si no se perdería”. La declarante hace alusiones en varias ocasiones ante el juez a “la premura” para tramitar los expedientes, que debían finalizar antes de final de año, para no perder el dinero. Y sobre esos contratos hay indicios de fraccionamiento, utilizando contratos menores con menor control y tiempo de tramitación que los ordinarios.

Fuentes del gobierno municipal consultadas por este periódico aclaran que “lo único que se hizo fue dar instrucciones a todas las delegaciones para que el Plan de Choque y las inversiones con cargo a remanentes se ejecutaran antes del 31 de diciembre”.

En otro momento de su declaración en el juzgado, hace alusión a contratos investigados dentro del Plan Aire subvencionado por la Junta de Andalucía, mediante los que se suministraba equipos de protección personal a los trabajadores para la realización de labores de limpieza y desinfección con motivo de la pandemia. Sobre dichos contratos, también del año 2020, el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local “le indicó la posible situación de fraccionamiento”, siendo contratos menores, con menor fiscalización y menor tiempo de tramitación.

Acerca de los contratos del Plan Aire, la excoordinadora alega que “recibieron fuertes presiones para que se tramitaran cuanto antes esos expedientes con la indicación que si no se hacía se perderían las subvenciones”. Y que, “por parte del coordinador de coordinadores, se le dijo que si no se cumplían los contratos iba a ser un escándalo para el equipo de gobierno”.

Asimismo, Bueno también señala que “se encontraban presionados desde Presidencia” y que “tuvo que justificar su labor elaborando un informe de cumplimiento del Plan de Choque, dirigiendo el informe al área de Presidencia”.

Y al final de su declaración, Bueno reitera que “estuvo recibiendo durante meses presiones para que presentara su dimisión del cargo”. María Luisa Bueno fue cesada finalmente en noviembre de 2021 por el gobierno municipal.

'Caso Infraestructuras'

El 'caso Infraestructuras' fue denunciado en mayo de 2021 en un primer momento por Izquierda Unida (IU) y Podemos ante el juzgado por hallar indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de contratos menores del este área municipal correspondientes al año 2020. El objeto de aquella denuncia fueron 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

La Fiscalía vio indicios de delito y dio traslado al juzgado decano para el reparto y la posterior apertura de diligencias. Y apuntó a un técnico del Ayuntamiento y a la excoordinadora general de Infraestructuras como responsables de esos supuestos delitos. Posteriormente, ambos han sido imputados por el juez en este caso por supuesta prevaricación y falsedad en documento público, además de investigar un posible delito de malversación de caudales públicos.

En el plano político, la entonces coordinadora general de Infraestructuras -un cargo designado por Ciudadanos- fue cesada y el concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, acabó perdiendo las competencias de este área y otras del gobierno municipal que ostentaba, si bien sigue siendo el portavoz de Cs en el Ayuntamiento.

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