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El 'caso Edu' llega a Córdoba

Fachada de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo. | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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La UDEF envía un informe al juez decano para que decida qué juzgado se hace cargo de la instrucción de la investigación policial | Los agentes investigan un fraude masivo en los cursos de formación en el SAE entre 2009 y 2012

El caso Edu, que investiga un fraude masivo en los cursos de formación financiados a cargo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ya ha llegado a Córdoba, y a las siete provincias andaluzas. Según han confirmado fuentes de la investigación, el grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, adscrita a la Seguridad Social, ha enviado un informe a cada uno de los ocho jueces decanos de las ocho provincias andaluzas. En el informe, que ha llegado al juez decano de Córdoba, se emplaza a que se decida qué juzgado se va a hacer cargo de la instrucción judicial de un caso que ya se investiga de forma masiva en las ocho provincias andaluzas. En Córdoba también.

Los agentes de la UDEF, que recientemente han sido reforzados por otros policías desplazados de otros casos, van a investigar provincia por provincia el supuesto fraude en los cursos de formación concedidos por el Servicio Andaluz de Empleo y con compromiso posterior de contratación. La investigación está avanzada en Málaga, donde ya hay un juez (el de instrucción número 8) que se ha hecho cargo de las primeras diligencias policiales y que ha declarado secreta la pieza. También ha avanzado en Almería, donde la Fiscalía también está analizando el primer informe de la UDEF sobre la concesión de ayudas a finales de 2010 en Málaga, y desde donde se desprende que el fraude era generalizado (se sospecha de 17 de las 20 empresas beneficiarias). A la Fiscalía de Sevilla también ha llegado otro informe procedente de la de Málaga, en el mismo sentido.

Según ha podido saber este periódico, los agentes de la UDEF han avanzado mucho en su investigación en las últimas semanas. Por eso, reclaman el apoyo judicial para atar todos los cabos sueltos de un caso que se augura mastodóntico. Los policías sospechan que el fraude ha sido generalizado desde hace años, como avaló la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe presentado al Parlamento a principios de mes. No obstante, su investigación está siendo muy laboriosa, ya que se centran expediente por expediente y no pasan al siguiente hasta no haberlo investigado al completo. En cada expediente, los policías interrogan a los alumnos que supuestamente asistieron a los cursos (hay casos en los que ni los llamaron), a los tutores de los mismos (muchos familiares de los empresarios), a los propios empresarios y a los funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía responsables de que el dinero público fuese bien empleado.

En el caso de Córdoba, lo único que ha trascendido hasta el momento es que una empresa de la ciudad está siendo investigada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que está siguiendo el rastro en Andalucía de una supuesta trama de fraude y corrupción en los cursos de formación a parados financiados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La UDEF está siguiendo el rastro a una empresa que califica como “cazasubvenciones”. Es decir, creada ex profeso para captar ayudas públicas aprovechando la falta de control presupuestario. La firma investigada se llama Córdoba Formación e Inserción S. L. y fue creada el 10 de septiembre de 2010 por María Teresa S. S. La sede social está en la plaza de Colón número 13. María Teresa S. S. habría creado esta empresa el mismo día que otras tres más en las provincias de Málaga, Jaén y Granada. De hecho, el acto de constitución de las mismas se realiza en una notaría de Granada.

Lo que ha destapado las sospeches de la Policía Nacional ha sido que la Junta de Andalucía le concedió la primera subvención para impartir cursos para parados tan sólo 60 días después. En concreto, por un total de 60.390 euros. Fue precisamente esta adjudicación lo que llevó a esta empresa a figurar en la resolución de la delegación provincial en Málaga del Servicio de Empleo Andaluz (SAE) del 15 de diciembre de 2010 que se ha convertido en el epicentro de la llamada Operación Edu.

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