La administración del Córdoba CF SAD pide inhabilitar a todo el consejo de Jesús León por su “nefasta gestión”

La batalla judicial en torno al Córdoba CF SAD suma un nuevo capítulo. En este caso llega con la firma del administrador concursal, Francisco Estepa, quien ha remitido al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba del informe de calificación del segundo concurso de acreedores del club, el cual concluyó posteriormente con la conocida venta de la unidad productiva a Unión Futbolística Cordobesa. En dicha pieza se califica a la declaración del citado concurso como “culpable”.

En este sentido, en el informe, que fue adelantado por los compañeros de ABC Córdoba y al que ha tenido acceso CORDÓPOLIS, la administración concursal especifica que la responsabilidad atañe a un total de cinco personas quienes, en su día, tuvieron altos cargos dentro de la entidad, además de estar implicadas otras cuatro sociedades. En total se reclaman cerca de 7 millones de euros, además de la inhabilitación para “administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona” en diferentes términos para cada uno de los citados.

En palabras de los administradores tras analizar dicho periodo, los resultados “evidencian que la gestión más que negligente es abrumadoramente nefasta, hasta el punto de desembocar en la insolvencia de la entidad”, la cual no llegó a alcanzarse por “razones de azar deportivo”. Asimismo, hacen hincapié en la situación de “colapso económico” en la que se encontraba el club en junio de 2018 y “nada de ello se dice en el preceptivo informe de gestión del ejercicio 2017-18, salvo la de ponerse en manos del albur de los resultados deportivos”, añadiendo que en la gestión se toma un riesgo “inaceptable, desmedido, alocado y peligroso”, puesto que “se gastaba más de lo que se podía y sin tener en cuenta para nada el presupuesto anual”.

Sin duda, el gran protagonista y principal perjudicado dentro de la reclamación es Jesús León, nombrado consejero y presidente del Córdoba CF entre el 22 de enero de 2018 y el 9 de noviembre de 2019, y quien “tuvo participación activa en todos y cada uno de los hechos en que se ha fundamentado la propuesta de culpabilidad del presente concurso, así como haber sido beneficiario último de gran parte de las transacciones realizadas en perjuicio y daño para la concursada”. Para el mismo se propone la “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” durante un periodo de 15 años, además de 5,3 millones de euros por “daños y perjuicios”.

Igualmente, entre el resto de afectados también aparecen otras personas que gozaron de cargos de relevancia durante su etapa en el Córdoba. Es el caso de Luis Oliver, quien fuera director general y director deportivo durante buena parte del principio de la etapa de León como presidente. En su caso se menciona como “administrador de hecho de la concursada durante el periodo comprendido entre el 24 de enero de 2018 y el 17 de julio de 2018”, y para él se solicita la “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” durante un periodo de dos años, aunque no se propone indemnización alguna, “habida cuenta el resultado del impacto económico de su gestión quedará determinado en el marco del incidente concursal núm. 19”. Otro nombre propio es el de Francisco de Paula, quien desempeñó el cargo de director financiero, y para el que se pide la “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” por dos años, además de 273.576 euros por “daños y perjuicios”, a indemnizar por él mismo y por Grucal Properties SL, de la que actuó como representante.

Finalmente, otros actores mencionados son Magdalena Entrenas, consejera y representante de Grucal Infraestructuras SL; Manuel Garrido, consejero y representante de Aglomerados Córdoba SL; y Alfredo García Amado, en representación de Reed Legal Group SL, para los cuales, los administradores reclaman la “inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona” por un periodo de dos años, así como una indemnización de 273.576 euros a cada uno por “daños y perjuicios”.