Un juzgado investiga a la dirección de una comunidad de regantes por estafa continuada a sus comuneros

El titular del Juzgado de Instrucción de Posadas mantiene abierta una investigación contra parte de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes 'Salva García', después de que varios de sus comuneros la haya denunciado por los delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental.

Según informan fuentes cercanas al caso, la denuncia parte de algunos de los mancomunados de esta comunidad de regantes, que opera en los municipios de Fuente Palmera y Fuente Carreteros. Se trata de una demanda contra el presidente, el actual secretario y la anterior secretaria de la actual Junta de Gobierno, aunque, en base a la información suministrada a este periódico, se reclama que se estudie la comisión de presuntas irregularidades cometidas desde hace más de una década.

Entre otras cuestiones, los comuneros denuncian que la comunidad de regantes ha hecho cobros y embargos indebidos de cuotas en concepto de riego de terrenos que, siempre según los demandantes, en realidad no pueden regarse, como atestiguan las numerosas sanciones iniciadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). En este ámbito, la Junta de Gobierno ha señalado a este periódico que estas sanciones han sido alegadas, por lo que no son firmes.

Siempre según la parte denunciante, la Comunidad de Regantes Salva García habría informado a los comuneros de que podían regar una zona que, en realidad, no estaba contemplada como zona regable por el máximo órgano (la CHG). Los denunciantes consideran que han sido objetos de un fraude continuado por parte de la Comunidad de Regantes Salva García, tanto por parte de la actual junta de Gobierno (que lleva en el cargo desde 2017) como de la anterior (que estuvo entre los años 2002 y 2017).

También denuncian a la comunidad por un presunto delito de falsedad documental, ya que la acusan de incluir como comuneros a personas que nunca han formado parte de la comunidad o lo han hecho en años posteriores a su inclusión.

La junta directiva denuncia al primer presidente

Se da la circunstancia, además, de que la actual Junta de Gobierno, presidida por Juan Ramón Dugo, denunció al anterior presidente por numerosas irregularidades. No obstante, los ahora denunciantes recuerdan que el actual presidente también formó parte del equipo directivo al que ha demandado.

Aquel proceso está también en un juzgado de Posadas, que investiga la responsabilidad del anterior presidente en la reclamación de más de un millón de euros que la Junta de Andalucía le reclamó a la Comunidad de Regantes por una ayuda concedida para un proyecto que contemplaba el arreglo de una decena de caminos y que no se ha ejecutado.

Aquella deuda ya fue subsanada cuando, tras el cambio de directiva, los comuneros tuvieron que poner de su bolsillo 2,7 millones de euros (unos 2.500 euros por hectárea), llegando algunos de ellos a endeudarse. Otros, entre ellos los ahora denunciantes, se negaron a pagar su parte porque querían que se investigara lo ocurrido y se depuraran responsabilidades antes de abonar la deuda.

Los procesos judiciales se producen, además, en un marco hidrológico muy complejo. La comunidad de regantes cuenta con unas 1.100 hectáreas destinadas a varios cultivos, con una dotación media de unos 1.500 metros cúbicos por hectárea. Su mayor inconveniente es que la concesión que tiene es de aguas invernales, lo que agrava aún más la situación en años de sequía como el actual. Además, su balsa, con capacidad para 2,3 hectómetros cúbicos, presenta una capacidad de agua muy mermada o prácticamente nula, lo que impide el riego, a pesar de que la comunidad sigue exigiendo el pago de la cuota.