El juez reduce el caso Infraestructuras a un fraude por sobrecostes de apenas 30.000 euros

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional la llamó operación Caronte. En la misma se detuvo al exconcejal de Ciudadanos David Dorado, a la excoordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, y a varios empresarios. Se imputó también a un funcionario del Ayuntamiento de Córdoba. El conocido como caso Infraestructuras se centraba en investigar un presunto fraude en la adjudicación de obras de este departamento municipal. La Policía, incluso, apuntó a que se trataba de una trama perfectamente organizada con un funcionario en la cumbre en la que incluso se repartían dádivas o compensaciones. Corrupción (presunta), en una palabra sencilla.

No obstante, tras casi cuatro años de investigación judicial, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, ha acabado reduciendo en gran medida lo que aparentaba ser un gran fraude. El juez ha desimputado a gran parte de los sospechosos, entre ellos al exconcejal de Ciudadanos y a varios empresarios, y ha reducido de 42 a solo cuatro el número de expedientes en los que se aprecia indicio de delito. Incluso ha señalado que no hay “indicios” de que la trama pagase dádivas, remuneraciones o hiciese regalos a funcionarios o cargos públicos para obtener los contratos, o en contraprestación. Pero señala que a pesar del trabajo de la Policía este extremo no ha quedado acreditado.

De hecho, los sobrecostes presuntamente abonados de manera irregular son de apenas 30.000 euros, cuando se investigaba un plan valorado en medio millón (el famoso plan de choque de 2020 para impulsar una economía parada por la pandemia). Es más, hay un expediente en el que un perito judicial señala que el contrato es cuatro euros inferior al precio de mercado.

Rodríguez Lainz ha sorprendido con un auto en el que, no obstante, señala que todo depende de lo que ahora diga el Ministerio Fiscal y las diferentes acusaciones (el Ayuntamiento o el PSOE). Pero ya señala un camino: que el caso Infraestructuras no es un fraude sistémico en el corazón del Ayuntamiento. Sino más bien una mala praxis de un funcionario en concreto que decidió beneficiar a empresas dirigidas por amigos o familiares y que tuvo que contar con el beneplácito de la coordinadora de Infraestructuras a pesar de las advertencias del sistema de control interno del Ayuntamiento, que en este caso habría funcionado.

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. Tras una auditoría el caso acabó en la Fiscalía, que a su vez pidió a la Policía que lo investigase. Eso precipitó la operación Caronte, con una decena de detenidos, 42 contratos sospechosos y una investigación sobre presuntos regalos a la trama.

El juez ahora acota la instrucción, que sigue adelante. Pero solo sobre un presunto fraude de 30.000 euros, el concierto del funcionario con tres empresarios en concreto y el visto bueno de la excoordinadora de Infraestructuras.

Eso sí, el caso sigue vivo en otros juzgados. El propio Rodríguez Laínz lo troceó en otras siete partes más. Pero muchas ya han sido sobreseídas. Es el caso de un presunto intento de mordida de Dorado con el dueño de una agencia de publicidad, que recibió carpetazo. Otro archivo más por un aparcamiento en la plaza de Cuba. E incluso la denuncia que el propio Dorado presentó contra otro funcionario de Infraestructuras.

Pero aún quedan causas vivas. Tras la investigación policial, el juez señalaba que además de las irregularidades en los contratos del plan de Choque del año 2020 se había detectado una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras y otra sobre los presuntos sobornos cobrados por el funcionario investigado en la trama. También se investigan contratos relacionados con una serie de facturas emitidas en el ejercicio 2021, correspondientes a labores de pintura, albañilería, fontanería y jardinería del área de Infraestructuras. Parte de estas facturas se habrían correspondido con trabajos realizados directamente por operarios del Ayuntamiento de Córdoba, simplemente no se habrían realizado, o habrían trabajado en ellas empleados de otra (sociedad) mercantil.