El juez desimputa al exconcejal David Dorado de la pieza principal del caso Infraestructuras

El caso Dorado deja de ser el caso Dorado. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, firmó el pasado viernes un auto en el que acota la investigación del conocido como caso Infraestructuras, en el que se trata de aclarar un presunto fraude cometido en este área municipal del Ayuntamiento en el año 2020. El magistrado, en un extenso escrito, ha decidido sobreseer la acusación que pesaba sobre el exconcejal de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, David Dorado, al considerar que su papel en el presunto fraude investigado no fue decisivo para que se cometiera.

El juez reduce el número de investigados en una causa en la que sí que aprecia delitos, pero supuestamente cometidos por menos personas. De esta manera, mantiene procesada a la excoordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno (el único cargo político), y al principal investigado, un funcionario que actuaba como jefe de contratación de obras y de mantenimiento de edificios públicos. Junto a ellos aparecen otros tres empresarios que presuntamente se habrían beneficiado de los contratos supuestamente arbitrarios e irregulares concedidos.

En el auto, al que ha accedido este periódico, el magistrado sostiene la desimputación de David Dorado en que “cómo la participación en los hechos del concejal delegado queda difuminada en cuanto a su posible decisión política de impulsar la ejecución de la obra de iluminación de la avenida de Libia”, el principal contrato por el que se precipitó la investigación después de una denuncia pública, primero, de la exconcejala de IU Amparo Pernichi. “Su única intervención en los dos expedientes es la de firmar la autorización de pago previa presentación de facturas debidamente informadas; y no encontramos más indicios de su participación en los hechos que esa decisión manifestada de que se llevara a efecto la ejecución de dicha obra”, argumenta el magistrado.

“Sostener que pudiera haber existido un desinterés en el mismo sobre la forma en que se materializara en términos jurídicos tal decisión política, o una intención de que se llevara a efecto, incluso contra el mandato legal de prohibición de fraccionamiento, sería una hipótesis razonable; pero no cuenta de sustento indiciario alguno en el que fundamentar una imputación formal capaz de superar las exigencias de razonabilidad del juicio de imputación exigidas” en la ley “para el mantenimiento de la imputación en sede de fase intermedia del procedimiento abreviado”, concreta.

David Dorado llegó a ser detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba, junto a la excoordinadora de Infraestructuras, el funcionario investigado y varios empresarios más. La mayor parte de los empresarios también son ahora desimputados, al considerar que muchos no se vieron beneficiados ya que fueron meras comparsas que presentaban sus ofertas para optar a obras que finalmente eran adjudicadas a quien, supuestamente, el principal investigado acababa adjudicando.

Dorado, defendido por el abogado Carlos Arias, fue apartado por su partido político y durante el pasado mandato acabó formando parte del grupo de concejales no adscritos, donde siempre mantuvo en el Pleno su inocencia en los hechos de los que fue acusado. El sobreseimiento de su acusación queda ahora pendiente de la petición de las acusaciones personadas en la causa y también de lo que considere en su calificación el Ministerio Fiscal.

Mientras, el juez que firma el auto decide que sigan la instrucción y que se mantenga la investigación sobre las cinco personas que siguen procesadas: el funcionario, la excoordinadora y tres empresarios amigos del funcionario, que presuntamente se adjudicaron contratos sospechosos. El magistrado también aporta luz sobre muchos de los 42 contratos bajo sospecha y también acota la investigación, viendo fraude en algunos y descartándolo en otros.

El origen

Este asunto saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

La denuncia se centraba en los contratos dirigidos por el jefe de departamento responsable del Mantenimiento de Edificios Municipales y de los Colegios Públicos de la Delegación de Infraestructuras. A la vez, y esto es algo que se supo meses después, el entonces concejal delegado de Infraestructuras, David Dorado, encargó una auditoría sobre los contratos de otro departamento de Infraestructuras, el de Alumbrado Público. Esa auditoría derivó en una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, que apreció indicios de delitos. Por tanto, el Caso Infraestructuras son dos: Mantenimiento y Alumbrado Público.

El primer caso: una denuncia que ha derivado en seis investigaciones

No fue hasta noviembre de 2021 cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso. Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

El Juzgado encargado de la investigación fue Instrucción 4, dirigido por José Luis Rodríguez Laínz, el magistrado más conocido de Córdoba. Suya fue también la instrucción del caso Bretón, el crimen más mediático de la ciudad. Rodríguez Laínz es un juez con fama de meticuloso. El magistrado desgranó la denuncia, que se centraba exclusivamente en los contratos del llamado Plan de Choque 2020 y encargó la investigación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías asumieron el trabajo e iniciaron una operación especial, que bautizaron con el aún misterioso nombre de Caronte (al parecer, en referencia al principal sospechoso, el funcionario jefe de Mantenimiento).

Rodríguez Laínz decidió dividir la causa en seis casos diferentes, al considerar que había indicios. De momento, ya han sido archivados dos, aunque otros cuatro siguen su curso en los diferentes tribunales, como el principal, en Instrucción 4, que ahora se acota.