¿Qué está pasando con la financiación de las universidades públicas andaluzas?

Déficit, superávit, infrafinanciación e incumplimientos. Estos conceptos llevan sobrevolando a las universidades públicas andaluzas desde finales de noviembre, cuando la problemática -hasta ese momento, desconocida- saltó por los aires: tras seis meses de un acuerdo entre estas entidades y la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía, esta no les había aportado las cantidades prometidas para hacer frente a unos gastos. La hoja de ruta de las universidades públicas andaluzas parte del modelo de financiación aprobado en 2023, que contiene dos cuestiones muy importantes: la cláusula de salvaguarda del modelo y la de nivelación. Actualmente, ninguna de las universidades públicas andaluzas ha recibido la partida correspondiente a la primera disposición y, tampoco, los 25 millones de euros adicionales a los que se comprometió la Junta con el nuevo modelo de financiación.

¿Qué significa cada una de estas cláusulas? La primera, explica a este periódico el rector de la Universidad de Córdoba (UCO) -Manuel Torralbo-, alude “a la cantidad que vas a recibir en un año que, como mínimo, es la misma que en el ejercicio anterior, incrementándose con los aumentos salariales legales que establezcan el Gobierno o los acuerdos sindicales entre aquel y las universidades”. Torralbo defiende que esta cláusula es “muy importante, ya que te permite programar, te quita incertidumbre y no sufres sobresaltos”. La segunda cláusula, la de nivelación, se aplica a las universidades que, tras el modelo de financiación anterior, salieron muy mal paradas, aplicándoseles esta disposición para equilibrar entre entidades.

La mecha de este incendio generado entre ambas instituciones hay que situarla en el pasado 26 de junio, cuando las universidades públicas andaluzas, sindicatos y la consejería que dirige el anterior rector de la UCO -José Carlos Gómez Villamandos- firmaron un acuerdo que sentaba las bases de evaluación del Personal Docente de Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), con los consiguientes ingresos extras para estos trabajadores. En aquel documento, firmado a tres, se estimó que la cantidad para sufragar estos pagos era de 25 millones de euros, quedando su pago supeditado a que la Junta de Andalucía transfiriera a las universidades la financiación adicional necesaria para ello, ya que estas partidas no se encontraban presupuestadas en este ejercicio 2024. Esta cifra, apunta Torralbo, se ha reducido a 21 millones de euros.

Seis meses después -el 27 de noviembre-, las universidades públicas andaluzas han denunciado que no solo no han recibido esta cantidad aprobada y firmada por Villamandos, sino que tampoco se les ha ingresado los otros 25 millones de euros adicionales comprometidos en el modelo de financiación aprobado hace un año. A la UCO le corresponderían unos 500.000 euros, ha cifrado Torralbo. En aquel comunicado, las universidades alertaban que sin la transferencia de esta última cantidad, incluida en los presupuestos universitarios para el ejercicio 2024, podrían cerrar el año en déficit, “con las graves consecuencias que ello conlleva”.

La respuesta de Universidades no se hizo esperar y, un día después, comunicó que estas instituciones públicas de Andalucía cerrarán el ejercicio 2024 con un superávit de 20 millones de euros. A su vez, Villamandos tachaba de “juego” el comunicado de las universidades y aseguraba “no entender este posicionamiento”. La UCO afeó estas palabras y emitió otro comunicado en el que señalaba que cerrar con superávit no elimina incertidumbre alguna sobre la financiación de la entidad presidida por Torralbo, quien ha lamentado que con este argumentario “se intenta confundir a la comunidad universitaria”.

En ese sentido, el rector explica que “el superávit que produce una institución es el ahorro que consigue sobre lo que va recibiendo. Y las universidades públicas andaluzas no solo ingresamos de la Junta de Andalucía, sino también de empresas, convenios, trasferencias y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Que la UCO vaya a finalizar 2024 con superávit -un 2,91 millones de euros, según la Junta- es el reflejo de la buena gestión. No se puede confundir y decir que los remanentes se producen por transferencias no gastadas, para nada; se producen por el dinero que no se gasta”.

Por ello, ha pedido que no se castigue “la buena gestión”, ya que, defiende, “lo que estamos pidiendo las universidades públicas andaluzas es que se cumpla un compromiso acordado”. Además, gracias a este superávit, la UCO podrá acometer mejoras de instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias en su campus, a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras. Justo la semana pasada, la Junta autorizó a la entidad cordobesa a usar 2,77 millones de euros para estas obras. La Universidad de Córdoba dispone hasta la fecha de 13,07 millones de euros en concepto de remanentes.

Entre las actuaciones programadas para la UCO se encontrarían la urbanización de Rabanales, la urbanización del Rectorado, la reforma del local de información de estudiantes, las medidas de climatización para ahorro y eficiencia energética, la sustitución de luminarias, la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, además de la reparación de las cubiertas del actual edificio de esta facultad y la del edificio Da Vinci del campus de Rabanales.

De igual modo, se recogen otras acciones, como la contemplada en el edificio de Vial Norte, la reforma de la sala de nuevas tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, así como la instalación de un ascensor y la continuación de la reforma de los laboratorios en la Facultad de Medicina y Enfermería.

Otras intervenciones contempladas son la rehabilitación del Aulario Menéndez Pidal y la de las casas Colonia de San José, la adecuación de la sala de descanso de estudiantes, la sustitución de la caldera de la piscina cubierta y la adecuación del salón de actos del Colegio Mayor la Asunción. Una vez desarrollados estos proyectos e intervenciones por parte de la UCO, la Consejería de Universidad se encargará de evaluar y revisar su ejecución para, posteriormente, informar al CAU.

Torralbo ha querido templar las aguas entre Universidades y sus homólogos en Andalucía, afirmando que a Gómez Villamandos le “toca ahora pelear por lo que está firmado”, ya que los rectores no se van a “resignar” ante esta situación para evitar “un problema futuro”. El rector de la UCO ha concluido mostrándose esperanzado en que esta situación se resuelva durante esta semana.