Retiran la acusación a tres imputados en el caso 'Fénix' tras la prescripción de sus delitos

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha iniciado este martes el juicio contra 96 personas y 26 sociedades como responsables subsidiarias acusadas en la operación Fénix tras supuestamente defraudar más de 150 millones de euros a Hacienda durante los años 2002 y 2006. En esta primera sesión, la fiscal Esther González ha comunicación que hasta tres acusados no tendrían que declarar como imputados debido a la prescripción de sus delitos. Junto a la fiscalía, la Abogacía del Estado es la segunda acusación de este macrojuicio, que lo hace de la mano de Carmen García Cantó.

Dada la envergadura de este caso, la Audiencia Provincial de Córdoba ha tenido que habilitar tres zonas: en la primera se encuentran todos los abogados dispuestos frente al tribunal -en lugar de en los laterales, como suele ser habitual- y en las dos restantes, los acusados. Ambas partes se opusieron a que la prensa pudiera acceder al transcurso de la vista, aunque la jueza del Penal 4 -Inmaculada Nevado- desestimó la petición en aras del derecho a la información debido “al gran número de personas implicadas”.

¿Qué se juzga?

Cabe recordar que esta operación se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona –que llegaron a sumar unos cien agentes a la vez en estas tareas– dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

La sociedad principal, de la que formaban parte los cabecillas, radicada en Barcelona, supuestamente se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía, y sobre todo, en Córdoba.

La empresa presuntamente hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas supuestamente ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos, tanto por las ventas en la imposición indirecta –IVA–, como por los beneficios en la imposición directa –IRPF o Impuesto de Sociedades–.

La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, presuntamente creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes, según la investigación.

Declaración del principal cabecilla de la trama

La primera sesión del macrojuicio ha permitido escuchar al principal cabecilla de la trama, P. J. R. F, hijo del segundo cabecilla, P. J. R. G., que ha fallecido durante el período de instrucción. En su declaración, el acusado ha negado haber participado en la compra-venta del oro y ha asegurado haber sido un mero “analista financiero” de los mercados para que las empresas para las que él trabajaba compraran el oro a un precio por debajo al coste. Este cargo lo ha desempeñado desde 1995 “hasta que saltó todo este follón”, ha señalado. Su trabajo, según ha declarado, consistía en “analizar desde las 9 de la mañana cómo estaba cotizando el oro y el eurodólar, hacía la conversión a euros y a partir de ahí” determinaba si a la empresa le convenía o no comprar.

A preguntas de la fiscal -a quien le respondía, a su vez, con preguntas y con petición de dejarse “explicar”-, ha negado que él determinara el precio al que comprar el oro y que tuviera un papel fundamental en la adquisición de los lotes, práctica en la que sí era necesario su padre. De él ha dicho que era el “responsable” de las tres entidades en las que ha trabajo -de las que no conoce quiénes son los administradores o sus trabajadores- y que nunca ha visto “contabilidades” porque su padre “iba absolutamente por libre y no compartía ningún tipo de información”.

Sobre si conocía a las empresas cordobesas relacionadas con el metal y encausadas en este juicio, P. J. R. F ha asegurado no conocer a las personas que las gestionan ya que, ha reiterado, él “no participaba en las ventas” dado que eso lo hacía su padre, “un vendedor extraordinario para las compras”. “Mi padre era un puro comercial”, ha enfatizado.

La fiscal ha solicitado la reproducción de las conversaciones telefónicas realizadas por el acusado al departamento financiero de las empresas en las que trabajaba en las que el tribunal ha escuchado cómo supuestamente el acusado alentaba a su interlocutora a que “comprara” porque él estaba “de acuerdo”. Tras escuchar estas llamadas, el procesado ha argumentado que de los audios se desprendía lo que él ha defendido anteriormente: que no participaba en la venta, sólo aconsejaba.

La jueza del Penal 4 ha finalizado la vista de este martes y mañana miércoles continuará declarando P. J. R. F, que deberá responder a las últimas preguntas de la fiscal, de la Abogada del Estado y de su defensa. Se prevé, además, que este miércoles también declaren otros dos imputados.

Cuestiones previas y peticiones de nulidad y prescripción de delitos

Al inicio de la jornada han tomado la palabra los abogados de las defensas para presentar alegaciones o para adherirse a sus escritos de cuestiones previas. En la mayor parte de los casos, los letrados han presentado su conformidad a sus escritos aunque ha habido excepciones.

Otros letrados han solicitado a la magistrada la no comparecencia de sus defendidos, petición que ha sido concedida en casos extremos como el de un acusado que se encuentra en Tailandia, de quien se ha aceptado leer en sala la declaración efectuada ante el juez instructor. Un segundo abogado ha solicitado la comparecencia por videoconferencia de su defendido -que pasó de ser acusado a testigo de la causa- y que se encuentra en una residencia. Sin embargo, la magistrada ha rechazado la petición al no constar dificultades por parte del testigo para su desplazamiento a la Ciudad de la Justicia.

Sobre la declaración de uno de los tres imputados cuyos delitos habrían prescrito -pero del que es pertinente su posición como testigo- se ha solicitado la declaración por videoconferencia dado su papel de cuidador de su pareja sentimental, una mujer en grado alto de dependencia.

Asimismo, otros abogados han pedido la nulidad de la imputación de los cargos mientras que otros han solicitado la prescripción de algunos de los delitos de sus clientes. Entre tanto, otros letrados han manifestado que sus defendidos declararon ante el juez instructor cuando todavía no se había producido ningún delito.

El juicio prevé extenderse hasta el mes de junio, celebrándose tres sesiones por semana durante los días martes, miércoles y jueves.